Nadie puede dudar de los valores paisajísticos, medioambientales y patrimoniales de Toledo. Por eso es una ciudad de Valor Universal Excepcional según la Unesco y un referente del turismo cultural desde los 1920, no reciente y menos por la actual gestión municipal. Sin embargo, si la conservación de sus valores patrimoniales está garantizada por la legislación, no lo están tanto sus valores naturales, sobre todo en relación con la Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Tampoco con las directivas de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y lo que es peor, ese déficit de protección y una gestión poco responsable dificultan la conservación de sus ecosistemas, la supervivencia de especies de flora y fauna, y con ello, el mantenimiento de procesos ecológicos, todo con repercusión en el Tajo y sus márgenes.
Desde la prohibición del baño en las aguas del Tajo en 1972 y la entrada en servicio del trasvase al Segura, la opinión pública se ha mantenido movilizada para la recuperación de unos caudales disminuidos del río y en protesta por su contaminación. Son problemas a los que se añadirá el de la Tubería Manchega. Pero si todo eso justifica la preocupación ciudadana, también debería inquietar la escasa atención municipal al medio ambiente, al margen de declaraciones huecas de contenido, promesas de recuperación de riberas tomadas del proyecto de 2014 de la Confederación Hidrográfica del Tajo 'Take me to the river' y referencias genéricas al medio ambiente en el Plan de Acción Local de la Agenda Urbana, aprobado en septiembre de 2022. En vísperas de elecciones, todo se reduce a lo dicho y no hecho, y en la Vega Baja, a dos bloques de 5 plantas junto al Circo romano, a una senda arbolada sobre restos excavados, y a un insuficiente Convenio de colaboración con el Ministerio de Cultura y el gobierno regional, publicado el 18 de octubre de 2021 y forzado por denuncia ciudadana de expoliación de patrimonio ante el Ministerio de Cultura y el Parlamento europeo, con intervención y apoyo a los demandantes de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y de Icomos. Y todo eso después de intentos fallidos de construir el cuartel de la Guardia Civil junto al poblado obrero y sobre vestigios arqueológicos, con el inaudito apoyo del embajador de España ante la Unesco para justificar aquella ubicación y la posterior decisión de su traslado a la Peraleda. Y todavía hoy, sigue sin ser publicado el último estudio de georradar en la zona. Del Plan Especial de Vega Baja, tantas veces anunciado y con encargo a los arquitectos Busquets y Ezquiaga, tampoco se ha vuelto a saber nada,
Ante esa alarmante situación y la necesidad de acciones concretas para la conservación, restauración y mejora de los valores medioambientales del Tajo y su entorno, de su fauna y flora, es imprescindible instar al gobierno regional a incoar expediente para incluir las vegas del Tajo en Toledo en la Red Natura 2000, dando continuidad a la protección con esta categoría ya existente de la margen izquierda del Tajo, de la Comunidad de Madrid y del municipio de Aranjuez hasta Algodor, a 4 kilómetros del polígono. Esa inclusión debería ampliarse a la margen derecha del río, perteneciente a Castilla La Mancha  y convendría su prolongación hacia el oeste, hasta el embalse de Castrejón, en la Red Natura 2000, como las islas del Tajo en Malpica. Hay que tener en cuenta que la Red Natura 2000 es una red ecológica de conservación de biodiversidad para asegurar la supervivencia de especies y tipos de hábitat de Europa. Su aplicación en Toledo obligaría a frenar procesos de artificialización de las riberas del río e impulsaría la recuperación de sus aguas, de la fauna y flora específicas de sus orillas, las mismas de Aranjuez, del embalse de Castrejón y de las islas del Tajo en Malpica. También habría que contemplar las especies que habitan en los riscos del torno del Tajo, entre ellos el cerro del Bú, con una pareja de halcones, y por cierto, con mérito para su declaración como Monumento natural, igual que las vegas con el torno para su calificación como Paisaje Protegido. Todas esas figuras de la Ley de Patrimonio Natural y de Biodiversidad de 2007 y su modificación de 2015 garantizarían la conservación de los valores medioambientales de Toledo.
El proyecto de decreto para la Estrategia Regional de Infraestructuras Verdes, Conectividad y Restauración Ecológica, sometido a información por la Junta de Comunidades, sería otro complemento para la recuperación medioambiental del Tajo dentro de la Estrategia Europea para la Biodiversidad. Ni el municipio ni la ciudadanía pueden ignorar esa estrategia que considera los corredores fluviales como hábitats naturales de especies, necesitados de conservación y como soportes contra el cambio climático, el aumento de las temperaturas y la calidad del aire, al actuar la vegetación como sumidero de CO2. De la misma manera, la agricultura es contemplada como aliada para la biodiversidad de los ecosistemas naturales. Por eso, no puede haber mayor aberración medioambiental que levantar un cuartel sobre una parcela de 37.000 m2 en plena Peraleda, y por si fuera poco, un nuevo barrio de más de 3.000 viviendas según el avance del POM, en pleno corredor fluvial, a escasos metros del río y de las islas del Tajo, reservas de biodiversidad. Y todo sin justificación para una ciudad que pierde población por segundo año consecutivo y dispone de suelo suficiente para las actuales exigencias habitacionales.
Por otro lado, las tres unidades de paisaje de Toledo: las vegas, el borde del macizo cristalino al sur, y las terrazas fluviales al norte, sobre arcillas y margas de la cubeta terciaria, merecen atención conjunta para impedir la destrucción de sus ecosistemas, más allá de la protección que les concede el PGMOU de 1986 como suelos no urbanizables. De ahí, la obligación también de no destruir sus ecosistemas a la hora de trazar nuevas infraestructuras, como ocurriría con la prolongación de la vía Tarpeya y paso por la Fuente del Moro para facilitar nuevo acceso al polígono, invadiendo de manera inapropiada un paraje natural. Y de ahí, igualmente, la necesidad de limitar desarrollos urbanísticos más allá de los suelos ya disponibles y la conveniencia de aprovechar los existentes con técnicas de rehabilitación y renovación. Hay que detener el modelo vigente de urbanismo despilfarrador, basado en nuevos barrios, cada vez más alejados, y despreocuparse de los existentes. No se pueden añadir más inconvenientes al funcionamiento de la ciudad por la dispersión de sus barrios, algunos a gran distancia entre sí, pero todos surgidos con autorización y licencia del Ayuntamiento, previa o posterior a su construcción, no de forma espontánea.
En cualquier caso, los valores medioambientales de Toledo exigen más atención que la prestada hasta ahora. La legislación española y europea ofrecen marco para cubrir ese déficit y para actuar de inmediato, eso sí, con planificación previa, con información pública, con el mayor consenso posible y participación ciudadana, como recomienda la Agenda Urbana Española. La inclusión de las vegas del Tajo en la Red Natura 2000 sería una primera propuesta para actuar de manera integral sobre el Tajo y sus márgenes, y sobre los ecosistemas próximos. El Tajo, su cauce, sus aguas, sus riberas, su flora y fauna necesitan inmediata protección, con zonas especialmente sensibles como sus islas y la Peraleda, sin cuartel y sin nuevo barrio, del mismo modo que no se han construido por la acción ciudadana las viviendas en la Vega Baja contenidas en la Modificación 28, ni el cuartel junto al poblado obrero, ni dos bloques de los cuatro previstos junto al Circo romano. Sería deseable que el medio ambiente formara parte del compromiso de los partidos políticos, y desde luego, que los gobiernos que salgan de las elecciones, el municipal y el regional, sean conscientes de la importancia de conservar valores ambientales que son soportes de identidad, creadores de riqueza y exigencias de calidad de vida, de acuerdo con el artículo 45 de nuestra Constitución (CE), la Ley de cambio climático y transición energética de 2021 y el Pacto Verde de la Unión Europea.