En momentos de ebullición y ruido, conviene recordar lo evidente: no confundir a los líderes separatistas con el conjunto de los catalanes. Todos viven en la misma comunidad, pero, en un porcentaje muy amplio, se parecen lo mismo que un huevo a una castaña. Los primeros, incumplen la ley de forma reiterada y lo hacen envalentonados, sabedores de que saldrán airosos de sus delitos, por muy graves que sean. Al resto, si se les olvida pagar un impuesto -pongamos que autonómico-, les fríen a multas y, si es necesario, les sacan hasta la última gota de sangre. No les muelen a palos hasta el paso de la Junquera porque quedarían demasiado retratados. 
Lo bueno que tienen los que manejan el negocio independentista es que suelen ser directos y francos a la hora de exigir. Con la misma claridad, convendría pedir al Gobierno, dentro de su obligación de garantizar la igualdad entre todos los españoles, que tirara de refranero: contra el vicio de pedir está la virtud de no dar. Es evidente que no estamos en ese escenario, sino en uno completamente opuesto, haciendo buena la cita evangélica de San Mateo: «Pedid y se os dará, porque todo el que pide recibe». No hay duda de que tienen pactada la amnistía y ahora solo falta tejer el relato -ese término ya manoseado de la política moderna- para vender lo del referéndum y el tema de la pasta. 
En su fugaz paso por el Senado, el presidente de la Generalitat no ha sorprendido a casi nadie. Cuando pasan por caja a cobrar son de una sinceridad extrema. Todavía hay alguno que le afea su descortesía de dejar su mojón y marcharse sin escuchar al resto. Confórmense, señores parlamentarios, que al menos va de frente. Con un matiz no menor: esto es solo el principio de una larga lista de la compra plagada de imposibles hace tan sólo tres meses. Hay un asunto que no parece lo más grave y que es clave para establecer el período a amnistiar. Advierte de que el perdón total para sus correligionarios -aunque Puigdemont y Junts sean sus enemigos más feroces- es solo el punto de partida imprescindible para votar luego la independencia y «para terminar con los exilios forzados, con las multas, con los espionajes». Lo de las multas va encajado ahí como de pasada, aunque la intención es clara. No sólo hay que detenerse en el dinero que dilapidaron en el intento de golpe separatista del 1 de octubre de 2017. Quieren ir más allá y borrar también los delitos y las condenas por la consulta ilegal del 9 de noviembre de 2014. Votaron en urnas de cartón sin ninguna validez y malversaron una pasta por la que después fueron condenados. Ahí estaba Artur Mas, entonces presidente de la Generalitat, y un nutrido grupo de altos cargos que recibieron el castigo en sus cuentas bancarias. La picaresca catalana, al más puro estilo de la castellana de Rinconete y Cortadillo, que en esto no hay distingos, hizo parecer como que no tenían un chavo y alguno anda con parte de su ingente patrimonio embargado, a la espera de que les llegue el perdón prometido y les devuelvan hasta el último céntimo. Con intereses, claro. 
Eso es lo que se está decidiendo y lo que no esconden ninguno de los gerifaltes de la causa indepe. Ni Aragonés en el Senado, ni Puigdemont en Waterloo. Mientras, el resto de españoles ven como se la van colocando doblada con una mentira que no ha dejado de expandirse desde las elecciones generales. Los resultados no avalan en ningún caso todas estas fechorías. Lo habrían hecho si el que aspira a seguir en Moncloa lo hubiera incluido en su programa electoral. No fue así.