La Policía Nacional ha desarticulado un grupo delictivo que se dedicaba al empadronamiento masivo y fraudulento de ciudadanos  extranjeros en situación irregular en Talavera de la Reina. Los ocho detenidos formaban una red que captaba inmigrantes en situación de  necesidad y además de cobrarles por los empadronamientos, también los  ofrecían altas en la Seguridad Social mediante contratos ficticios a cambio de una contraprestación económica.

Esta operación se inició a mediados de 2023 cuando el Ayuntamiento talaverano comunicó a la Policía Nacional sus sospechas  sobre la veracidad de algunos empadronamientos que habían tramitado.

En un principio fue la Brigada Local de Extranjería y Fronteras la que comenzó con el análisis de la documentación, si bien posteriormente y  debido a la complejidad de la causa, se incorporaron los investigadores de  la Brigada Local de Policía Judicial.

Los agentes pudieron averiguar que uno de los principales responsables del grupo delictivo se dedicaba a empadronar de forma masiva inmigrantes  en tres domicilios, llegando a registrarse en el último año 166 personas en  una vivienda, 108 personas en un local comercial y otras 15 personas en  un tercer domicilio utilizado para este fin.

De 50 a 5.000 euros. Estos empadronamientos, que se realizaban con burdas falsificaciones o bien presentando denuncias manuscritas de sustracción de  documentación, contaban con la colaboración de dos personas en el  Padrón municipal, quienes actuaban bien por acción o bien por omisión. Según han informado desde el Consistorio a La Tribuna, estos dos trabajadores que están siendo investigados son funcionarios del Consistorio talaverano "pero no dependen del Padrón municipal".

Otro de los principales investigados utilizaba su empresa para dar de alta a  los inmigrantes en la Seguridad Social, realizando contratos de trabajo ficticios para que así pudieran solicitar las correspondientes tarjetas de residencia y trabajo, así como beneficios y ayudas sociales.

Otros de los integrantes del grupo se dedicaban a captar inmigrantes en situación irregular interesados en estos trámites, e incluso algunos ofrecían sus inmuebles vacíos para que figurasen en ellos los empadronamientos.

Todos los componentes de este grupo actuaban con ánimo de lucro y eran totalmente conocedores de la actividad ilícita que estaban llevando a cabo, cobrando entre 50 y 5.000 por llevar a cabo las tareas asignadas dentro de la organización.

En el registro de uno de los domicilios y una oficina, se encontró gran cantidad de documentación y se intervinieron teléfonos móviles y un ordenador.

En esta operación han participado investigadores de las Brigadas Locales  de Extranjería y Fronteras y de Policía Judicial de la Com isaría de Talavera de la Reina, así como de la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) con sede en Madrid.