La polémica generada estos días por la decisión unilateral de la Junta de Castilla y León de flexibilizar los movimientos de animales y los controles frente a la tuberculosis bovina, es mucho más seria de lo que parece. 
Primero, porque, tras la denuncia del propio Ministerio de Agricultura (MAPA), habría un presunto abuso de competencias al intentar revisar un protocolo de sanidad animal que, sin embargo, es idéntico para todas las regiones, ya que lo coordina el Estado y lo vigila al milímetro la Unión Europea, que es la responsable última de cualquier decisión. De hecho, podría haber derivado en consecuencias traumáticas y gravosas para todos los productores del país si la enfermedad se hubiera desmadrado. 
Segundo, porque los cambios inducidos generan "falsas expectativas" -según argumentó el Gobierno central en su recurso- al contravenir la legislación europea, y no solo hacia los ganaderos de la región que vienen pidiendo actualizar los métodos de cribado al no entender cómo un positivo en granja, puede resultar después negativo en la sala de sacrificio, donde ya no hay remedio. Sino porque ninguna ley o norma puede ser contraria a otra de rango superior, nacional o comunitaria. Lo que no quiere decir que no haya margen para estudiar posibles soluciones que deberán ser siempre veterinarias.
Imaginemos si no, ¿qué reglas tendríamos si cada territorio pudiera diseñarlas a capricho? ¿No exigimos al Estado permanentemente que vele por la integridad territorial, la unidad de España, o la igualdad de los derechos y obligaciones de los ciudadanos?
La crisis que sufren los ganaderos de ovino y caprino de Castilla -La Mancha por la aparición de la viruela en septiembre es un buen ejemplo comparativo. De hecho ahora, son las regiones de Aragón o de Castilla y León, por ejemplo, las que están reclamando garantías sanitarias a los rebaños trashumantes que aún no han podido salir del Valle de Alcudia, en Ciudad Real, para volver a Teruel o a Soria. 
   Y es que hablamos de una enfermedad altamente contagiosa que no existía desde 1968, gracias a los controles que se aplican en todo el territorio nacional, y no porque unas regiones sean más duras o laxas en su cumplimiento.
Desde luego, algo pasó en otoño para que el virus se colara desde África hasta Granada, y algo pasó para que, desde las primeras cuarentenas, acabara llegando a la provincia de Cuenca, y después a la de Ciudad Real. El Ministerio dijo que lo investigará.
Pero fue el propio sector ganadero quien reclamó en este caso, la inmovilización total de la cabaña durante varias semanas, viendo el elevado riesgo de que la enfermedad terminase siendo incontrolable. Y fue el propio MAPA quien advirtió que, de no hacerse, lo instruiría por imperativo legal, por el bien general. En aquellas difíciles horas, Asaja Castilla -La Mancha dijo incluso haber sufrido presiones y duras críticas por sugerirlo, aunque no dudó en pedir la solución tajante al propio Presidente.
Por lo tanto, llegados hasta aquí, y vista la crisis, parece que resulta urgente hacer más pedagogía con los afectados. Pero siempre desde las mesas de trabajo donde todas las partes puedan expresar sus dudas, sus necesidades, conocer las novedades clínicas o científicas si las hay, para negociar cambios y mejoras -si caben- que eviten pérdidas y tanto dolor para cualquier ganadero que ve desfilar su rebaño hacia la sala de sacrificio. Todo si queremos blindar un estatus libre en sanidad animal que nos permite crecer en un comercio internacional pujante.
En el caso de la tuberculosis, se creó un grupo que sería bueno volver a convocar. Desde luego, quedan muchas cosas por hablar.