Este mes de abril se cumplen diez años de un hito que alguna vez pareció imposible para el sector vitivinícola del país, la creación de la primera interprofesional española (OIVE). Aunque su constitución formal no se produjo hasta meses más tarde, la realidad es que fue por estas fechas cuando el Ministerio de Agricultura (MAPA), harto de resolver las últimas y recurrentes crisis comerciales, inició las conversaciones con organizaciones agrarias, bodegas y cooperativas para despejar el camino de una senda por la que ninguna parte vio la oportunidad de transitar.
Y no precisamente porque no hubiera ya otras asociaciones similares en marcha como la del aceite de oliva, sino quizás, por esa eterna desconfianza entre producción e industria que seguía escenificándose cada vendimia en zonas como el marco de la Denominación de Origen de Valdepeñas. O quizás porque todos seguían viendo en la "destilación de crisis" la solución a los años complejos por excedentes de vino y mosto que amenazaron tantas veces con hundir y colapsar la economía social de una región como la nuestra.
Unas pocas vendimias atrás, en la tierra con más hectáreas de viña y más depósitos por metro cuadrado, productores e industria habían forzado el parón de la Fundación regional del vino creada por ley como entidad pública de iniciativa privada en los tiempos del consejero de Agricultura, Alejandro Alonso, y de Francisco Mombiela, director general de Producciones. Las crisis de precios y las malas liquidaciones de la uva debilitaron el sistema de recaudación obligatoria de aportaciones que hacía el propio sector, hasta que el asunto entró también en campaña electoral prometiéndose su abolición. Estos años se han finiquitado los últimos remanentes de un fondo promocional que llegó a manejar hasta 16 millones de euros.
Se dijo que quizás aquel proyecto se adelantó demasiado a su tiempo, a pesar de que la mayor parte de los sectores fueron trabajando conjuntamente y organizándose en torno a estas mesas de interlocución donde se toman decisiones importantes para alejar a todas las partes de los problemas.
El lanzamiento de la OIVE fue por tanto, relativamente rápido, costó poco redactar los estatutos de creación de la OIVE porque el MAPA tenía urgencia en delegar funciones de intervención que ya había regulado en un Real Decreto con destilaciones forzosas a coste cero si las vendimias se desmadraban, ya fuera por la acción de la madre naturaleza, como ocurrió en la lluviosa primavera de 2013, o porque fallara la gestión comercial o surgieran problemas coyunturales de consumo o competencia.
 En estos diez años, ninguna cosecha se ha parecido a la de aquel verano y otoño de 2013 en la que la producción rebasó los 55 millones de hectolitros de vino y mosto en todo el país, cuando la media estaba en 38-40. Solo en Castilla -La Mancha el volumen total superó los 30 millones después de muchas semanas de elevada tensión a las puertas de las principales industrias que no podían ofrecer más depósito, ni siquiera alquilándolos temporalmente en regiones vecinas como Castilla y León.
Y de aquellos polvos, algunos posos que siguen en el fondo de un mar que, con poco que llueva, se revuelve por los elevados rendimientos de algunas variedades, especialmente la airén de regadío que sigue triunfando en las reestructuraciones y reconversiones del viñedo aunque no se subvencione.
En todo este tiempo, la OIVE ha impulsado varias estrategias de promoción del vino, campañas para promover la cultura de un consumo responsable entre el público más joven o potenciar sus valores como alimento en una dieta equilibrada y mediterránea. Con dos extensiones de norma se han pagado los gastos y otros trabajos como un estudio de costes para la uva con el fin de acercar posiciones entre industria y productores en el complejo debate de los precios justos. Pero lo más importante, convencer a unos y a otros de que el único camino es este para acercarse a un consumidor caprichoso y muy cambiante que hoy pide vinos menos alcohólicos, más aromáticos y frescos para celebrar la vida.
Se da la circunstancia de que la mayor parte de los miembros de la Junta Directiva de la OIVE han sido representantes del sector vitivinícola regional, incluida la presidencia que ha ostentado Ángel Villafranca, también de las cooperativas. Hoy ejerce ese liderazgo, Fernando Ezquerro, de las cooperativas de La Rioja que, junto a la Federación Española del Vino (FEV) tiene el reto de mantener esa cohesión.  
Los nuestros, de momento, han empezado a trabajar en la creación de otra asociación interprofesional con competencias estrictamente autonómicas. Algo así como aquella Fundación "Tierra de Viñedos" que estaba condenada a desaparecer por inanición, pero que milagrosamente ha sobrevivido gracias a varios convenios con la estructura nacional.