El matadero pasará de servicio municipal a gestión privada

Lola Morán Fdez.
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Ha finalizado ya el plazo de presentación de ofertas para el proceso convocado desde el Ayuntamiento de Talavera para arrendar por un perido de 20 años las instalaciones del polígono de Torrehierro, que seguirán siendo municipales

Imagen de archivo de la sala de despiece del matadero talaverano. - Foto: Manu Reino

El matadero dejará próximamente de funcionar como servicio público municipal para pasar a estar gestionado por parte de una empresa privada en la ciudad. Un trámite que está a punto de completarse tras salir a licitación el contrato privado de arrendamiento del matadero propiedad del Consistorio talaverano, ubicado en el polígono industrial de Torrehierro.

Este cambio será posible tras aprobarse en Pleno el 26 de noviembre de 2020 la alteración de la calificación jurídica del edificio del matadero. Un paso que daba luz verde al Ayuntamiento para desligarse de ofrecer este servicio con carácter público municipal de manera obligatoria, tal y como marca la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), que le quita esta obligatoriedad.

En estos momentos, el servicio se presta aún de manera pública de la mano de la empresa Ganados y Productos Industriales S.A. (Gypisa), con la que existe un contrato de concesión de servicio de matadero municipal desde 2001. El contrato, vigente hasta febrero de 2021, está prorrogado a la espera de la adjudicación del nuevo, que se ciñe ya al alquiler del edificio para su uso como matadero sin competencia municipal.

Como explicó a La Tribuna el concejal de Contrataciones y Seguimiento de las Concesiones, Luis Enrique Hidalgo, «los mataderos dejaron ya de ser un servicio público hace años y procedía ya la desafectación del bien». Sin embargo, confirmó que la intención del Consistorio talaverano «no es dejar de prestar el servicio», puesto que «el matadero cumple una función, hay empresas que están trabajando ahí» y por ello en el Pleno se acordó «hacer los trámites oportunos para que tuviese viabilidad el matadero como actividad económica a través de un operador privado, en este caso». Se pretende además con ello «seguir impulsando al sector primario de la ciudad, que tan importante es para todos», algo en lo que el matadero «juega un papel clave en este sector».

Como ya se expuso por parte del equipo de Gobierno en dicho Pleno, la conversión en bienes patrimoniales permite posteriormente mediante enajenación, arrendamiento o permuta, hacer posible seguir cumpliendo los fines de interés público municipal. En este caso, estos fines serían la consolidación del empleo existente, así como favorecer la inversión privada que permita nuevas contrataciones y generar empleo.

El equipo de Gobierno ha optado por el arrendamiento, y mientras se adjudica este nuevo contrato, Gypisa continuará prestando su servicio en estas instalaciones municipales, tal y como confirmó Hidalgo. En concreto, tal y como recoge el pliego de condiciones que rigen este proceso, el contrato sale con una duración del alquiler de 20 años para el desarrollo en las instalaciones situadas en la calle Juan de la Cierva, 3, parcela 261 de la actividad propia de matadero, consistente en el sacrificio y faenado de los animales de abasto, para la expedición de canales y despiece procedentes del sacrificio de los animales realizado en el matadero.

Este alquiler incluye todas las dependencias e instalaciones del matadero, propiedad del Ayuntamiento, así como la parcela donde se ubica, que cuenta con una superficie  de 17.635 metros cuadrados, según el Catastro.

Mantener la actividad. El objeto de este arrendamiento, tal y como justifica el pliego, es el de obtener una rentabilidad a este edificio municipal, evitar su deterioro y facilitar ese tipo de actividad comercial que no cuenta con otra instalación similar en el término municipal. Se busca así contribuir al desarrollo de las políticas públicas municipales de promoción económica y empresarial, creación de empleo en el municipio y el fomento de la utilización de energías renovables en el desarrollo de actividades económicas.

Sobre esta cuestión, el concejal destacó que se ha considerado tanto la faceta económica como, ante todo, «el mantenimiento de la actividad de matadero y de los puestos de trabajo». Se trata, dijo, de cumplir el acuerdo plenario, que era la desafección del bien, pero que éste siga funcionando como matadero.

Con estos fines, el contrato ha salido a licitación con una renta o canon anual de 53.611,45 euros más IVA, lo que se traduce en un total de 64.869,85 euros al año. Una cuantía que, como recoge el pliego, puede verse no obstante incrementada por las ofertas que presenten los licitadores . El pago del arrendamiento se efectuará con periodicidad anual.

En el pliego se recoge también que serán de cuenta del arrendatario las obras de acondicionamiento de instalación y maquinaria necesarias para la puesta en funcionamiento de la actividad de matadero y, en su caso, sala de despiece de acuerdo con las disposiciones legales, las normas técnicas vigentes y las Ordenanzas Municipales. Sobre esta cuestión, el concejal señaló que en estos momentos el matadero cuenta con «todas las licencias oportunas» y quien se quede con las instalaciones «deberá decidir si ejecuta alguna obra más», aunque está listo para funcionar, como está haciendo ahora.

Entre los criterios de valoración a la hora de adjudicar este contrato, se tendrá en cuenta el compromiso de mantenimiento total o parcial de la actual plantilla de trabajadores del matadero. Al respecto, el concejal precisó que en estos momentos la empresa que ostenta la concesión cuenta con 26 trabajadores. Además, en el recinto opera un conjunto de empresas consolidadas en el sector que ejercen esta actividad de matadero municipal.

El plazo de presentación de ofertas concluyó el pasado 19 de agosto. Se prevé que el proceso administrativo concluya antes de que finalice este año. El arrendatario deberá proceder a la apertura e inicio de la actividad correspondiente en el plazo máximo de un mes, contado a partir de la fecha de la obtención de la licencia de apertura o de actividad.