El convenio firmado esta semana en la provincia más olivarera del país, Jaén, entre un gigante de la distribución española como Lidl, su propia envasadora del grupo Migasa que hace la marca blanca, y la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), deja sin argumentos y excusas a tantos huidizos del precio mínimo para escapar de la obligación moral y comercial de cubrir los costes del productor en las compras que realizan.
 Con el apadrinamiento del propio ministro de Agricultura, Luis Planas, el propósito del acuerdo es valorizar determinadas categorías de aceite virgen extras procedentes de un olivar tradicional. Y de esta forma la cadena se compromete a promocionarlo en su etiqueta. Sin embargo, el pacto es mucho mayor porque Lidl dice que respetará los 2,60 euros por kilo como precio mínimo para el agricultor, independientemente de la situación del mercado. De hecho, el objetivo es pagar por encima de los costes que han calculado a partir de los informes de mercado elaborados por el Ministerio de Agricultura (MAPA) y otras referencias oficiales.
    Resulta sin embargo chocante el silencio de tantos actores de la parte productora ante el “hito” que conjuntamente reclamaron en las calles del país hace justo un año bajo aquella unidad de acción sin precedentes cuando exigieron esta condición en los contratos agroalimentarios. Todo derivó después en una reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria que incorporó la cláusula cuya interpretación legal siendo ambigua y dudosa para los más perezosos que alegan la falta de datos oficiales que permitan cuantificar esos precios mínimos.
   Desconozco en este sentido si hay letra pequeña en dicho acuerdo, de qué volumen hablamos, si es celo profesional para no regalar más aplausos de los necesarios no sea que se traduzca en ventaja sindical, o qué razón habrá para que la noticia haya pasado más o menos desapercibida para determinados representantes. A no ser que se busque evitar cualquier injerencia de la Comisión de Competencia a la que tanto miedo guarda la cadena en su conjunto como si la ley, reforzada hace justo doce meses, y en tramitación parlamentaria nuevamente para tipificar otras prácticas desleales, no dijera lo que dice cuando obliga a construir el valor desde abajo, y no al contrario.
   Pero vayamos a lo importante. Si Lidl da por válidas ciertas referencias oficiales para calcular un precio mínimo al agricultor, ¿a qué están esperando los demás para terminar con un debate que sigue abierto por supuestas ambigüedades de la norma, o porque argumentan que faltan indicadores de costes? Y por otra parte, ¿a qué están esperando algunas de las principales cooperativas aceiteras, especialmente los grandes grupos de comercialización integrados, para dar validez y naturaleza a las condiciones de ese contrato que neutralice la presión de los especuladores? En otras circunstancias cualquiera se agarraría a este clavo ardiendo.
   Es evidente que en un libre mercado son múltiples los factores que intervienen en la formación de un precio. Hasta ahí todos de acuerdo, pero si una cadena tan representativa avala determinados índices será porque también pueden ser válidos para los demás. Deberían acabar las excusas.
   Otra cuestión es el precio final de venta al público sabiendo que hablamos de una grasa vegetal muy sensible que provoca la estampida del consumidor a partir de ciertos márgenes. Pero ese es otro cantar y en todo caso responsabilidad de la propia firma, dueña ya del aceite, a la hora de defender el valor final de un producto sin necesidad de tirarlo por tierra con ofertas imposibles o ventas a pérdidas, como desgraciadamente hemos visto tantas veces, y no hace mucho precisamente con garrafas de cinco litros a poco más de 15 euros.
   Aceites vírgenes extra de olivares tradicionales es un buen reclamo para diferenciarse de otros modelos intensivos o superintensivos que crecen silenciosamente en nuestro campo reduciendo a más de la mitad los costes de producción por una recolección mecanizada en seto que hacen más difícil la supervivencia del modelo clásico que ocupa el 70 por ciento de todo el territorio productivo. En este caso irán además en botella de cristal como reclama el MAPA en su futura norma de calidad.
   Así que, después de tantas crisis, obras son amores y no buenas razones. Por lo que si el sector no aprovecha estos pequeños gestos -que ciertamente puede tener en este caso mucho de marketing- estará dejando pasar oportunidades de hacerse valer. El mercado irá diciendo el margen de ganancia cada campaña siempre que se parta de un suelo reconocible para marcar la diferencia de unas calidades que, como dice el eslogan, siempre tienen su precio.