El mes de julio empieza jugando al despiste con los agricultores y ganaderos al haber traído alguna llovizna, mucho más intensa y torrencial en las últimas calurosas tardes en Jaen, en Burgos o con algún granizo en Socuéllamos. Poco arreglarán ya sin embargo a estas alturas del año donde los ganaderos llevan meses haciendo acopio de forrajes al ver cómo se complicaba el final de la primavera a las puertas del verano.

   La reunión de la mesa de la sequía del pasado jueves tuvo un perfil estrictamente técnico, sin convocatoria a los medios de comunicación ni declaraciones oficiales en primera instancia. El Ministerio de Agricultura reconoció que estamos en sequía agronómica –que es hidrológica en en algunas cuencas- pero llevó a la reunión más filosofía que medidas compensatorias como han exigieron las propias organizaciones profesionales agrarias.

   Sin paños calientes, por ejemplo, la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) no ocultó su enfado calificando el encuentro de “tomadura de pelo” y dando el ultimátum de una semana al propio Ministro Planas (en funciones) para “rescatar” a los afectados de una “situación crítica” sobre todo los ganaderos de extensivo que "andan sin comida ni agua y con pérdidas millonarias”. Esta misma organización exigió “un plan de ayudas de mínimis”, un adelanto de las ayudas de la PAC, la revisión del índice de módulos del IRPF, y la condonación de las cuotas de la Seguridad Social.

   Algunas de las propuestas que secundaron el resto fueron aceptadas de facto por el Gobierno; estaban incluso previstas, porque en realidad no comportan ningún esfuerzo presupuestario, más bien son de trámite como reclamar a Bruselas el incremento del anticipo de las ayudas PAC de hasta el 70 por ciento en los pagos directos, o del 85 para otras ayudas de desarrollo rural que por cierto, llegarán muy probablemente a la cuenta de los beneficiarios en la segunda quincena de octubre.

   Sin embargo, lo que subyace de las reacciones es el rechazo a una hipotética subida de algunos seguros agrarios como podría haberse sugerido en un encuentro anterior con los representantes de ENESA y Agroseguro. Asaja habría desvelado la intención de rebajar los rendimientos máximos asegurables hasta el 70 por ciento en las pólizas de los cereales de invierno; otras organizaciones como Coag deslizaron públicamente el temor a un incremento de primas.

   Al fin y al cabo, todas las partes saben que el escenario de Cambio Climático es cada vez más real que virtual y que los problemas de sequía y de otras adversidades tienen una componente más estructural que coyuntural. De cara a las futuras campaña serán más habituales estas fluctuaciones de rendimientos. Por eso, el denominador común de las reclamaciones y exigencias pasa por reforzar la política de seguros con el fin de dotarla de presupuesto fuerte y suficiente para que en lugar de disuadir y espantar al productor, se le mantenga bajo este paraguas.

   De hecho es la única herramienta compensatoria que este año indemnizará a los cerealistas con más de 100 millones de euros, y con otros 13 o 14 para los ganaderos que perdieron los pastos.

   Ahí está la clave. Porque desembolsos millonarios tan seguidos han abierto la caja de los truenos forzando el debate de revisión de esta política o de algunas pólizas. Unos empiezan a ver que no ganan tanto. Otros que quieren estar seguros, sin perder más.