Siento cierta pereza al escribir de nuevo sobre el futuro de la Denominación de Origen de los vinos Valdepeñas porque creo firmemente en él aunque no sé si en los protagonistas, enfrentados desde hace dos décadas y de manera cíclica y recurrente. Con toda la comprensión, el cariño y el respeto al esfuerzo conciliador que en algún momento hayan realizado cada una de las partes, se ha demostrado sin embargo que el problema tiene una raíz más personal y comercial que profesional.
Periodísticamente resulta incluso cansino el relato de las fricciones entre viticultores y bodegueros por los escasos avances, ni siquiera estimulante por el supuesto morbo que pudieran tener las desavenencias entre dos grandes firmas bodegueras. Porque lo que está en peligro es el prestigio de toda una zona productora, es el trabajo de tantas generaciones, es el aval de uno de los sellos de calidad más antiguos del país y con más pedigrí en los mercados exteriores si me apuran.
Frente a todo, luchas de poder y guerras que fueron pacificadas cada dos por tres, pero cerradas en falso como confirma el último episodio que incluye un ultimátum de las organizaciones agrarias y de las cooperativas.
Denuncian falta de democracia interna por el veto permanente que -aseguran- ejerce una parte de la industria a la hora de abordar ciertas negociaciones. Lamentan incluso el bloqueo para sacar «acuerdos que eviten actuaciones fraudulentas» como las que hace un año denunciaron ante la Fiscalía de Ciudad Real por el etiquetado de vinos reserva y gran reserva, lo que derivó en diligencias que después se elevaron a una jurisdicción mayor, ni más ni menos que a la Audiencia Nacional por el ámbito en el que operan algunas de las firmas señaladas.   
La propia consejería de Agricultura anunció a los pocos meses la apertura de tres expedientes sancionadores y aunque no ha trascendido mucho más, las cosas no deben estar mejor vistos los acontecimientos.
La parte productora está pidiendo cambios en el sistema de votación para evolucionar a un modelo proporcional que rompa con imposiciones, facilite el consenso, y da como fecha de respuesta el 24 de julio. Pero ¿que está queriendo decir exactamente? ¿Que abandonarán si no cambian las cosas como ya hicieron en su día para luego regresar con la mediación de la administración regional? Entonces se logró desbloquear la redacción del actual pliego de condiciones para suprimir la elaboración del cuestionado «tinto tradicional» y revisar rendimientos.
Sea como fuere, una denominación de origen como la de Valdepeñas no puede funcionar con este interruptus permanente porque ninguna otra D.O. está en una situación así, y porque el mensaje que se lanza al consumidor es demoledor. Posiblemente para algún industrial sea un daño colateral asumible al haber creado una marca propia aprovechando la sonoridad gentilicia de la zona de producción, aunque no debieran olvidar que también son lo que son gracias a cada viticultor.
Asimismo, el tesón y la paciencia de Jesús Martín como Presidente interino (desde la crisis anterior), también es alcalde de la ciudad del vino, y sus intentos permanentes por evitar el hundimiento son encomiables, pero ojo porque ya es rehén del enconamiento entre dos industriales al pedir uno de ellos su dimisión.
Al final, y tratando de leer entre líneas, no sería descartable que el anuncio de los productores tenga más de estrategia jurídica que otra cosa con el fin de evitar que la investigación acabe arrastrándoles o salpicándoles incluso en un plano personal. En algo tan serio, las cautelas de los abogados son importantes. Solo hay que leer el escrito de las “opas” y de las cooperativas, aludiendo a un reciente informe del secretario de la Denominación de Origen, para ver que quizás traten de blindar aquellos argumentos y señalar otras evidencias para amarrar bien la acusación tan grave ante la Justicia que nadie sabe hoy cómo terminará.
A la espera de acontecimientos, no parece que queden más soluciones que una intervención directa de la administración para tutelar el rumbo de la Asociación Interprofesional que, a la vista de las tensiones, con sus propios medios humanos tiene difícil cumplir con la función encomendada de hacer promoción y certificar. Al igual que pasara hace años con aquella otra denuncia de la CNMC, hay toque de queda y me da a mi, -lo digo con mucha pena- que muy probablemente un ‘sálvese quien pueda’.