Algo no funciona bien en el sector olivarero como para que un ministro apele finalmente a la «corresponsabilidad de todos los eslabones del sector» y a la colaboración de las comunidades autónomas donde este leñoso hunde sus raíces y teje una red económica estratégica de cobertura social para miles de familias. Y todo a pesar del último almacenamiento público subvencionado que logró retirar 213.000 toneladas de manera temporal sin apenas efecto en los precios que siguen tocados, precipitando un grave desequilibrio entre oferta y demanda. Como no se prorrogue por más tiempo, ese aceite saldrá de los depósitos en el peor momento, a las puertas de una nueva cosecha quién sabe si récord.
   El plan de viabilidad presentado el jueves por Luis Planas, dispuesto -dijo- a «asumir el liderazgo para conseguir la valorización del sector y una mejor retribución a los olivareros» pivota sobre 10 medidas, la mayoría de ellas sin más misterio que una adecuada reorganización sectorial interna para el corto, medio y largo plazo que, si requiere de algo, es más de voluntad que de presupuesto. De hecho, no apareja ninguna ficha financiera más allá de las aportaciones que sigue realizando el sector a la Interprofesional del Aceite de Oliva de España, bloqueada ahora por el Covid-19.
   El programa específico de ayudas que tendrá en la futura PAC, dentro de los denominados ecoesquemas, permitirá configurar la prima asociada que compense los bajos rendimientos y los sobrecostes de recolección y producción frente a modelos intensivos, pero aquí de lo que se habla es de reestructurar el modelo para vender calidad y diferenciación.
   Por eso se plantea triplicar en 2030 las hectáreas inscritas en ecológico sabiendo que el propio sistema tradicional cumple conceptualmente con el término y que la misión no será por tanto imposible. Es una apuesta por valorizarlo para instalarse en un segmento premium que tiene mejor salida comercial para competir con la realidad de las grandes explotaciones superintensivas que, en poco tiempo, marcarán las tendencias de precios al estar controladas en muchos casos por grandes fondos de inversión y cadenas de distribución. Imposible luchar contra esos gigantes a bajo coste minimizado a poco más de un euro/ kilo. Y eso es ya un hecho palpable en el casi millón de hectáreas de todo el planeta de olivares superintensivos, o en los 2,4 millones de ha intensivas que siguen acaparando terreno en medio mundo.
   Una auténtica revolución silenciosa que de no actuar, irá estrangulando poco a poco la rentabilidad del olivar mayoritario en nuestro país, el tradicional,  que ya tiene problemas de mantenimiento, de cuidados y de recogida. Este es otro hándicap: la despoblación de nuestros pueblos que acelera el riesgo de abandono con los graves perjuicios medioambientales que también tendría para el conjunto de la sociedad.
   En este sentido, dotar a las cooperativas y almazaras de un mecanismo de autorregulación que les dé libertad de actuación en campañas complejas sin tener que recibir el visto bueno de Bruselas, o reglar almacenamientos voluntarios de hasta el 10 por ciento de su producción, son mecanismos que permitirían controlar la gestión a tiempo. Lo demás es ir cambiando el chip para saber que el consumidor también necesita de reclamos para una grasa muy sensible al precio pero fundamental en una dieta saludable. La promoción de los valores salud, territorio, ecología, diferenciación varietal ayudarán a salir de lo convencional.
   Aquel comisario rumano de Agricultura, Dacian Ciolos, se resistió hasta el final a subvencionar más almacenamientos y dijo que el sector tenía un problema estructural por una excesiva atomización que «no se resolvía con aspirinas».
   Planas, acongojado por una crisis sin precedentes que le arrolla y que precipitó las primeras tractoradas, que empeoró Donald Trump, ataca a la desesperada a la conciencia de todos. Reconoce abiertamente que ya no es un problema coyuntural. «Si no actuamos, una parte del sector está llamado a desaparecer».