Desde hace años se están sentando, con muchas dificultades, los cimientos de una nueva arquitectura fiscal internacional. El ejemplo más relevante de ello es, si llega a buen puerto, el acuerdo alcanzado en el seno del G7 a primeros de junio, que propugna dos grandes medidas sobre la tributación de las sociedades: la reasignación de los derechos impositivos a los países donde se desarrolla la actividad económica en vez de hacerlo donde las empresas deciden imputar formalmente sus beneficios; y el establecimiento de un tipo impositivo mínimo a nivel mundial, que inicialmente se sitúa ahora en, al menos, el 15%.  Con ello se pretende detener la competencia entre los países por ofrecer impuestos cada vez más bajos a las grandes corporaciones, eliminando la ventaja fiscal de trasladar las ganancias a un paraíso fiscal. Así, los Estados tendrán derecho a gravar las multinacionales más grandes y rentables que operen, aun sin presencia física, en su territorio, de modo que las que tengan un margen de beneficio superior al 10% tendrán que pagar al menos el 20% de la parte que supere ese margen.
Las negociaciones para crear un impuesto global mínimo comenzaron hace un decenio bajo el liderazgo de la OCDE y se ha visto impulsado en los últimos meses por el respaldo de Estados Unidos en un contexto de déficits presupuestarios agravado por la pandemia. Esto pone de relieve que la agenda fiscal internacional solo podrá tener éxito en la creación de esta nueva arquitectura que se está definiendo si es capaz de dar respuesta a las necesidades derivadas de y las incrementadas por la Covid-19.

 Asistimos a una limitación del poder tributario de los Estados en cuanto se limita su margen de decisión sobre la carga fiscal que puede imponer, reflejándose así, en el ámbito impositivo, una reafirmación del multilateralismo frente al unilateralismo en la geopolítica que llevaba años practicándose cada vez por parte de más países. Un enfoque multilateral justo es necesario para una globalización más justa.
Todo ello nos sitúa frente a un nuevo orden fiscal. En efecto, un principio clásico de la distribución de las cargas tributarias como es el de capacidad económica que, por otra parte, se ve convulsionado cada vez con mayor impacto en todos los ámbitos y en algunos muy claramente, como el de la fiscalidad medioambiental, se reformula, desde la perspectiva mundial, con el criterio de que las multinacionales paguen la cuota justa de impuestos en los países donde operan. Es decir, se trata de lograr no solamente la equidad fiscal interpersonal sino también la equidad fiscal interestatal.
Para hacer esto efectivo, se han de superar los conceptos de residencia y presencia física, que configuran la clave de bóveda del sistema fiscal internacional, diseñado en gran medida desde la década de 1920, acudiendo al concepto de creación de valor y reasignado el poder de gravar a las multinacionales a la jurisdicción del mercado.
El proceso para la implantación de esta imposición mínima es todavía largo y tortuoso. Se ha criticado el recorte del planteamiento originario de fijar el umbral del gravamen, que ha pasado de la propuesta inicial del 21% a acordar un mínimo del 15%. Pero ello es fruto de la estrategia para lograr un mínimo aceptable mayoritariamente por los Estados y, además, queda mucha letra pequeña por concretar respecto a cómo se definirá la base para calcular el impuesto y cómo se aplicará el esquema de imposición país por país. El siguiente paso es el encuentro de ministros de Finanzas del G20 a primeros de julio. Será importante la posición de otros grandes Estados, como China y Rusia y luego la actitud de las jurisdicciones que se están beneficiando de una fiscalidad muy baja.