Arranca este lunes otra campaña de la PAC para unos 120.000 beneficiarios de ayudas comunitarias en la región, y para un total de 680.000 perceptores en el territorio nacional.
Y aunque de momento solo estamos hablando del plazo de registro de la solicitud (hasta el 30 de abril), la nueva Política Agraria viene con cambios significativos coincidiendo con el primer año de los siete que quedaron blindados presupuestariamente en el Marco Financiero Plurianual (MFP), con las nuevas perspectivas financieras en las que el Ministerio de Agricultura, a través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) gestionará, según los números oficiales, unos 46.700 millones de euros.
De esta forma, en este 2021 el MAPA asignará unos 4.860 millones de euros en ayudas directas que reflejan una bajada del 1,9 por ciento sobre el año anterior como advierten los cálculos de algunas organizaciones agrarias. Otras opas, al igual que dice el propio FEGA, explican que el presupuesto es creciente en este nuevo período PAC por la convergencia externa, confiando así en que los pagos futuros recuperen el valor que hoy pudieran perder.
Pero el revuelo no lo ha generado precisamente ese monto sino el importe individual de los derechos de cobro que algunos perceptores han visto recortados en la asignación provisional publicada en internet. En unos casos del 3,5 por ciento, en otros al parecer mucho más al estar por encima, o muy por encima del valor medio de las ayudas de la región agronómica en la que declaran su PAC.
Como contrapartida, dice el FEGA, lo que pierden unos lo ganan otros que venían recibiendo menos que la media. Defienden por eso la necesidad de aplicar la famosa convergencia interna que mandara Bruselas y que se planteó a las comunidades autónomas en julio del año pasado en conferencia sectorial. Algunos dirigentes agrarios también asumen que no pensaban que el tijeretazo quedara tan abierto al desaparecer la cláusula del 30 por ciento que siempre limitó las mermas. Y así reconocen haber protestado en reuniones internas con la Consejería de Agricultura teniendo en cuenta que la fórmula venía aplicándose desde la reforma anterior, aunque con dicha franquicia.
El ministro Planas defiende «por justicia social» la medida al rechazar mantener por más tiempo «que un 80% de las subvenciones esté solo en manos del 20%» y no se corrija la distribución. Sin embargo el debate ahora mismo es otro porque de una manera u otra, la casuística de los recortes es amplia -por las críticas de COAG o ASAJA- aunque no en todas las regiones.
El órgano pagador dice sin embargo que con esta convergencia «el 90% de los perceptores ganarán (valor en sus ayudas directas) o se quedarán igual o perderán menos de 10%. Otro 8% tendrá ajustes de entre el 10 y el 20%, y solo un 2% perderá más del 20%». Y así lo explicó el Presidente del FEGA, Miguel Ángel Riesgo este sábado ‘A Pie de Campo’.
De hecho, las alarmas han saltado sobre todo en un grueso de ganaderos que hace unos años pasaron sus derechos PAC a tierra pero sobre muy poca superficie. En su momento generaron unos importes de ayuda tan altos que ahora mermarán considerablemente con dicha fórmula al no haber límite como otros ejercicios. Sin embargo, además de ellos, saltan también indignados los productores de vacuno como ha puesto de manifiesto Asoprovac que habla de mermas del 50% en los dos años de transición.
El FEGA recuerda que el modelo anterior toca a su fin y que el próximo plan estratégico cambiará más cosas desde el año 2023. Quizás extinga los derechos históricos que tantas desigualdades ha generado. Quizás reduzca las regiones agronómicas para equiparar los pagos. Quizás fuera necesaria ya una mayor pedagogía y divulgación para entender cada paso mientras se acuerda el modelo más justo.