Por primera vez en mucho tiempo, algo se mueve en Bruselas que hace pensar que la reforma de la nueva Política Agraria Común (PAC) está más cerca. Y eso que aun queda por resolver y concretar el nuevo Marco Financiero Plurianual cuyas negociaciones podrían cerrarse este mismo mes de julio en la esperada cumbre de jefes de Estado y de Gobierno.
De momento, Alemania asume la presidencia rotatoria de Europa hasta que acabe este año inolvidable, lo que estratégicamente puede ser beneficioso para la discusión de los fondos agrícolas de la PAC, por su sensibilidad e intereses sobre todo en desarrollo rural.
Como para allanar el camino y despejar incertidumbres, empieza su trabajo con un reglamento de transición aprobado esta misma semana que garantiza los pagos de los agricultores y ganaderos hasta enero de 2022 que no es poco. Un mecanismo que da seguridad jurídica a todos, activado otras veces en transiciones similares, que acota el escenario a los tiempos que venían manejando los ministros de Agricultura, gracias también al empuje de Croacia, el Parlamento Europeo y el propio Consejo en el semestre que dejamos atrás. Las piezas van encajando.
Y eso que a corto plazo seguimos bajo la tormenta, lo que vista la dimensión del desastre económico podría ser positivo para renegociar la neutralidad del recorte propuesto por la Comisión en los fondos agrícolas. Porque si lo pensamos, todo son urgencias, como la de garantizar un sistema alimentario solvente, sostenible y seguro en medio de esta guerra. Y pocas razones ha habido nunca para convencer del sinsentido de mermar estas partidas, cuando las instituciones comunitarias insisten en que no faltarán recursos para recomponer el orden de una Europa golpeada en sus entrañas que propone estrategias tan primarias  como la ‘De la Granja a la Mesa’. Hasta el Brexit parece buscar su final.
   Por si fuera así, las comunidades autónomas empiezan a fijar posiciones tal y como hizo el consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha el pasado lunes en la reunión consultiva con el Ministro Planas. Recordó las líneas estratégicas del futuro modelo de reparto: techo de ayudas por explotación, convergencia real, abolición de los derechos históricos (para recalcular las subvenciones), y por si no había quedado claro, un programa específico para el olivar tradicional, e incluso otro eco-esquema para la agricultura ecológica. Todos se preparan para la segunda batalla que ya se lidiará en casa, entre los territorios. Una contienda que también está más cerca.
Así las cosas, mientras avanza el calendario, van despejándose otras incógnitas legislativas para facilitar herramientas de autorregulación a sectores vulnerables como el aceite. Con la presión de la Eurocámara se ha redactado un artículo 167 bis en la OCM única, aprovechando los cambios que había que hacer en el reglamento de transición para «mejorar y estabilizar el funcionamiento del mercado común de los aceites de oliva».
Las almazaras cooperativas, especialmente las andaluzas, respiran con alivio al incluirse el esperado permiso. De esta forma, el Ministerio de Agricultura podrá decretar, a petición del sector, almacenamientos obligatorios de ciertas cantidades y calidades como trabaja para el vino, eso sí, sin presupuesto. «Los Estados miembros productores -dice el texto- podrán establecer normas de comercialización para regular la oferta».
Una herramienta más que supera la oposición de los servicios de Competencia y que refleja la cada vez más evidente intención de Bruselas de delegar en los países la gestión de toda la PAC, ya sea para bien, o si viene con recortes, veremos si para mal.