Los abogados adscritos al Turno Especial de Violencia de Género en la provincia de Toledo asistieron ayer a una jornada de especializada en casos de maltrato organizada por el Colegio de Abogados en la Escuela de Administración Regional. El acto trató de abordar este problema social y concienciar a los letrados, una vez más, de los valores a respetar y parámetros a seguir a la hora de enfrentarse a una denuncia por violencia de género. Además, estas jornadas de especialización estuvieron abiertas a los alumnos de la Escuela de Práctica Jurídica y del máster en Acceso a la Abogacía de la UCM.
José Sánchez Recuero, decano del Colegio de Abogados de Toledo, se encargó de presentar las jornadas haciendo especial hincapié en la necesidad de que los magistrados estén concienciados de la delicadeza con la que se debe tratar las víctimas de dichos agravios. «Es un problema muy delicado y una obligación para la región», puntualizó. Además, durante la presentación de los coloquios, el decano adelantó el plan de creación de un Servicio de Orientación Jurídica enfocado, en exclusiva, a la violencia de género. En Toledo ya existe un servicio de Orientación Jurídica, de ámbito extenso, que se financia con fondos públicos y que se presta a través del Colegio de Abogados cumpliendo con un mandato constitucional, recogido en el artículo 119. Sánchez aseguró que aunque no existan subvenciones que sustente este plan se hará con recursos del Colegio, «no podemos olvidar problemas de este calibre a pesar de la economía». El decano también concretó la intención, por parte de la Junta y los letrados de la región, de que existan más servicios de guardia.
El primer ponente fue Valentín Martínez-Reche, alférez jefe de la sección de Investigación Criminal de Toledo. Martínez habló de los protocolos de actuación de la Guardia Civil en Violencia de Género. El alférez concretó que actualmente existen 681 órdenes de protección en la provincia por violencia de género. Estos protocolos, coordinados entre órganos judiciales y las fuerzas de seguridad del estado, pretenden asegurar el cumplimientos de las medidas de protección de víctimas de la violencia machista.
Para contextualizar cuáles son las medidas llevadas acabo tras recibir una denuncia por violencia de género, Valentín Martínez explicó los mecanismos de evaluación del riesgo. «El riesgo se cuantifica en relación a una serie de parámetros, como son el riesgo psicológico, las relaciones con el agresor, los antecedentes o las circunstancias sociales. Esta medida se llama Valoración Policial del Riesgo, VPR, y el agente instruye gracias a ella las diligencias. Introduce la fuente de información, la violencia, si existe empleo de armas... Con estos parámetros crean un informe de valoración del riesgo y se elaboran unas medidas que el agente debe llevar a la práctica», enumeraba Martínez dando especial importancia a lo mecanizado del proceso, algo que a su juicio asegura «da la posibilidad a todas las autoridades de tomar las medidas necesarias al momento».
Tras las primeras horas de la detención, la Guardia Civil realiza otro informe llamado, en esta ocasión, Valoración Policial de la Evolución del Riesgo, VPER. «La rapidez con la que se haga este segundo informe depende del riesgo que demarque el VPR», concretó. El Guardia Civil quiso acercar a los magistrados la realidad toledana con datos e historias reales. «El día 28 se realizaron dos detenciones. Una de ellas era la primera denuncia y no existían armas ni denuncias previas, la segunda sí existían denuncias previas pero la mujer no solicitó una orden de protección», argumentó.
Además, Martínez abordó la existencia de los dispositivos de seguimientos telemáticos. «Ayer vivimos una situación en la que el Centro Cometa nos avisó de que un denunciado se había quitado el dispositivo y en 20 minutos estaba allí la guardia Civil y tenía localizada a la persona y a la mujer que sufrió la denuncia», concluyó su coloquio.