La sequía, tan dañina y dolorosa que está padeciendo nuestro campo, tiene tan pocos precedentes, alcance y profundidad, (quizás hay que remontarse al año 96), como las propias soluciones articuladas por las administraciones para acudir al rescate de unos agricultores y ganaderos que ya no pueden con más problemas.
Porque no hay que olvidar que desde la pandemia, vienen soportando el peso de una subida desbocada de todos los costes y medios de producción, agravados después por la presión de la energía, los fertilizantes, las semillas, tras estallar la guerra de Rusia en Ucrania, que ha llevado a muchas explotaciones, sobre todo ganaderas, al cierre, o en otros muchos casos, a bordearlo.
La Unión Europea ha tenido que revisar su propia arquitectura presupuestaria para autorizar a los Estados miembros a que canalicen fondos propios para ayudar a un sector agroalimentario que mueve la economía, que genera sostenibilidad y empleo, y que al fin y al cabo, nos provee de alimentos que no es cosa menor.
De aquellos años malos por un Cambio Climático que ya venía avisándonos, ha habido que replantear forzosamente la manera de abordar las soluciones. Al principio, con autorización de ayudas de mínimis, de hasta 3.000 euros máximo por explotación o productor, a tener ahora que abrir casi en canal otras partidas de desarrollo rural, hasta entonces sagradas por la incompatibilidad de ofrecer ayudas directas para no entorpecer las rígidas reglas de un libre mercado.
El tiempo ha cambiado los tiempos porque también ha reducido el margen de aguante de un sector vapuleado por la globalización, y ahora también por el cielo, lo que ha obligado a desmontar ciertas normas de la propia Política Agraria Común (PAC), volviendo a mecanismos casi intervencionistas para no dejar morir a la base social productiva.
Así por ejemplo, con la pandemia del coronavirus, y el parón de tantas actividades, hubo que abrir el fondo de crisis, creado en las últimas reformas agrícolas europeas tras el hundimiento de sectores hortofrutícolas que demostraron que el campo no podía seguir sin una red de seguridad. Y no es que fuera un presupuesto holgado el que se reservó, unos 500 millones de euros anuales, que además salía del bolsillo de los propios beneficiarios de estas ayudas consolidadas por derecho todos estos años.
La guerra también precipitó otra decisión de la Comisión Europea, avalada por el Parlamento. Más allá de los fondos Next-Generation de reconstrucción para curar las heridas de la COVID-19, se decidió que los territorios, en nuestro caso las administraciones autonómicas, pudieran dirigir el dinero a ayudas de rescate con el fin de amortiguar los golpes de la crisis, con inyecciones de de presupuestos consignados inicialmente para políticas de Desarrollo Rural, fondos del FEADER que aún no hubieran ejecutado, con máximos de hasta 15.000 euros por beneficiario. En la primera tanta, algunas comunidades fueron tímidas y algo renuentes con el mecanismo, pero en la segunda vuelta, a medida que el escenario ha ido empeorando, todas se lanzaron con ayudas directas, también desde el Estado.
 Y así lo hemos visto en Castilla-La Mancha con pagos, el año pasado, que llegaron a la ganadería de leche, o estos últimos meses también a los de carne y algunos sectores agrícolas.
El último paquete aprobado por el Consejo de Ministros extraordinario del pasado jueves, con 636 millones de euros que se abonarán sin trámite alguno a la cuenta de los más afectados por la sequía, ha sido calificado de 'insuficiente' por las organizaciones profesionales agrarias que alegan que el daño es muy superior porque además sigue engordando la factura a medida que avanza mayo sin precipitaciones. El Ministerio de Agricultura defiende, por su parte, que también hay otra batería de medidas fiscales, bonificaciones y aplazamientos en las cuotas de la Seguridad Social por cinco meses, y un fondo agrícola que podría revisarse si los leñosos salen finalmente mal parados con el verano. Todos los requisitos pueden leerse ya con detalle en un Real Decreto-Ley publicado con la misma urgencia en Boletín Oficial del Estado.   
 Y todo, a la espera de que el Comisario dé al botón de su calculadora, y autorice, entre otras cosas, cambios en los PDR (Planes de Desarrollo Rural) aprobados en su día para las CC.AA a los que volverán a recurrir para implementar otras subvenciones directas como han prometido.
Al final, la PAC, no deja de ser un seguro de rentas que las propias vicisitudes climáticas y las crisis que nadie puede anticipar, están obligando a ejercitar. 
Sería muy bueno que la próxima Comisión que surja de las elecciones comunitarias en mayo del año que viene, tenga en cuenta todos estos precedentes para empezar a diseñar una PAC que incorpore mecanismos rápidos, sin que los administrados tengan que esperar tanto trámite y burocracia como la que sigue acumulándose en la mesa del Comisario de Agricultura que se comprometió a dar una respuesta urgente a la sequía que padece España, Portugal, Italia y algunas zonas de Francia, y todavía estamos aguardando.
Mientras llega una respuesta, a los agricultores y ganaderos, en este día de San Isidro, el patrón del campo, hay un refrán que dice: «al campo flojo, labrador fuerte». Mucho ánimo.