De nuevo elecciones. De nuevo el 'todo vale'. De nuevo el insulto a la inteligencia. De nuevo el tratar al ciudadano como si fuera un niño al que se gana con un euro y con un caramelo. De nuevo tiempo de rebajas y saldos. De nuevo el vacío del mundo en la oquedad de las cabezas. De nuevo la tiranía del voto: ¡qué no daría yo por un voto! De nuevo Tenzanos. Todo, absolutamente todo, se erige como un trampantojo; un déjà vu, cansino, que hace que la gente cabal inicie una prudente retirada hacia sus cuarteles de invierno, porque, por si faltaba algo, también tenemos el Festival de Eurovisión. O sea, la releche. 
Y en medio de ese fárrago de trivialidades, sólo algo digno de interés, que el Partido Socialista se ha visto obligado a sacar a colación forzado por las circunstancias. Mira por dónde, a falta de escasas semanas para la temida  reválida, los grandes augures anuncian la desafección de los jóvenes al sistema. La política, como los toros, apenas interesa a los menores de treinta años. Sánchez y su aparato confiaban que con la propina del  cheque cultural los atraerían. Hasta que, de repente, se da cuenta de que hay problemas acuciantes para la juventud que no se pueden resolver con unos euros de regalo. 
La pandemia y el incontenible arreón de los precios, consecuencia (en un principio) de la guerra de Ucrania, ha producido el efecto rebote sobre quienes están en edad de emanciparse (o sea, los más débiles). Y hete aquí que, de la noche a la mañana, el Gobierno, improvisando de mala manera, saca a colación una ley de la vivienda que no convence a nadie, entre otras cosas porque no hace falta un ápice de inteligencia para ver que se trata de un tosco parche. 
Estamos ante el gran problema de nuestros día en España: el problema del ladrillo, y, consecuentemente, de la vivienda, que, debido a la dejación de quienes tienen la ineludible obligación de velar por el bien común, han permitido que se infle, generado en nuestro país una casta de familias pudientes (con decenas de pisos, apartamentos, locales comerciales, etc.), bastante voraces e insaciables, que, junto con los bancos, y a menudo, en íntima connivencia, viven sin dar un palo al agua. Y han llegado al punto, en su codicia, de hacer que un joven tenga que invertir el 70% de lo que gana para pagar  el alquiler o la hipoteca, subsistiendo a duras penas. 
Antiguamente los padres se esforzaban para que sus hijos estudiaran; ahora son muchos los que les legan unos cuantos bienes inmuebles y de ese modo se inician en el lucrativo negocio de la vida de holganza. Pues bien, un tema tan profundo, que necesitaría una planificación meticulosa, e incluso el apoyo financiero de una banca nacional para evitar la política salvaje de los grandes bancos, a quienes más del 50% de trabajadores rinden cuentas mensualmente durante los mejores años de su vida, Pedro Sánchez pretende solventarlo en un par de meses.
Que el sistema está podrido de raíz es un hecho incuestionable. Convertir la sacrosanta vivienda a la que cualquier español tiene derecho según la Constitución, en un elemento especulativo de tan hondo calado, es un problema que hay que afrontar con luz y taquígrafos desde ya mismo. Y quienes se han amoldado al sistema imponiendo sus leyes a sus inquilinos, que paguen religiosamente los gravámenes que se aplican al empleado con nómina. Seguir las cosas como van es permitir la ley de la jungla. Haber sacado el problema a la luz ya es algo, aunque somos escépticos con respecto al futuro de nuestros hijos. Y, por cierto, ¿para cuándo han de empezar los bancos a restituir los miles de millones que les prestó el Estado? O, ¿también aquí, forzoso será pensar lo peor…?