La Constitución establece en su artículo 134, que es el Gobierno quién debe elaborar los Presupuestos Generales del Estado y que son las Cortes Generales las que deben examinarlos, enmendarlos y aprobarlos. Igualmente, el Gobierno debe presentar los Presupuestos ante el Congreso de los Diputados "al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior". Fácil es comprender que ni lo uno ni lo otro se ha cumplido en el caso de los Presupuestos del ejercicio 2024. El propio Gobierno desistió de someterlos a debate en el Congreso a la vista de que no tenía certeza de que estos se pudieran aprobar, al mismo tiempo que el debate a llevar a cabo pondría de manifiesto las cesiones que exigirían determinados grupos para que se pudiera contar con su voto favorable. Ante el desgaste que el Gobierno suponía se iba a producir, estamos en una situación en la que no contamos con Presupuestos, lo que también limita la ejecución de los Presupuestos de aquellas Comunidades Autónomas que sí los tengan aprobados, en los que, parte significativa de sus ingresos provienen de la recaudación de los tributos estatales. Luego estamos con un incumplimiento de las obligaciones del Gobierno que no puede, o no sabe, o no quiere, consensuar para conseguir la aprobación de estos. Algo parecido pasa con la falta de renovación del CGPJ, la obligación de su renovación corresponde a las Cortes Generales, debiendo elegir y nombrar 10 vocales el Congreso y 10 el Senado, en ambos casos con una mayoría de 3/5. Cómo esto implica que deben ponerse de acuerdo PP y PSOE para alcanzar dicha mayoría cualificada, llevamos desde diciembre de 2018 con el mandato del actual Consejo prorrogado. La Ley Orgánica que regula su elección establece que han de ser los presidentes del Congreso y del Senado los que deben procurar que dicha renovación se haga en plazo y poco o nada hemos visto que ambos hayan hecho para cumplir con el mandato que la Ley les otorga para cumplir con su obligación. Así que otro agujero más que tenemos a la hora de cumplir con obligaciones institucionales. Puesto a analizar cual ha sido el trabajo legislativo llevado a cabo por el Congreso, se me ha ocurrido entrar en la página web de este y consultar cuantas iniciativas legislativas se han aprobado en lo que llevamos de año, la respuesta ha sido "sin resultados", es decir, ninguna. Y si miro el ejercicio 2023 desde la composición de las cámaras después de las elecciones generales de julio pasado, solo ha habido dos iniciativas legislativas aprobadas, las dos corresponden a Decretos Leyes, una la 7/2023 de aprobación de una Trasposición de una directiva comunitaria y la otra, la 8/2023 un RDL sobre las Consecuencias Económicas y Sociales derivadas de los conflictos de Ucrania y de Oriente Medio, así como de la sequía. En los nueve últimos meses no es para que se hayan agotado de cansancio. Una llamadita al orden de los presidentes de ambas Cámaras no estaría mal, al igual que una debida explicación, sin mentiras, a los ciudadanos, por parte de Sánchez y Feijóo, está tardando en darse.