La provincia de Guadalajara agrupa a 288 municipios, en los que el PSOE gobierna en cerca de la mitad y el PP no llega al centenar. Salvo los alcaldes del Corredor del Henares y de los pueblos que son cabecera de comarca, ninguno cobra de la política. Es lo habitual en la España rural. Digo lo de no ganar ni un euro con la política. Ocurre también en Cuenca y en las zonas más despobladas de la región, con muchos pueblos con menos de 100 habitantes en los que el presupuesto da para mantener los servicios más básicos y poco más. A estos alcaldes, el cargo les cuesta dinero de su bolsillo. Ponen el vehículo particular a favor de la causa, pagan en muchas ocasiones los desplazamientos y, si llega un técnico a revisar un proyecto o un contratista a certificar una obra, ¿cómo le van a dejar pagar en el bar? También a su cuenta. Todo sea por el bien del pueblo. Esto vale para los alcaldes de cualquier partido. Como en todo, encontramos excepciones de los que gobiernan en su pueblo para obtener favores personales por parte de administraciones superiores o para conseguir algún carguillo remunerado convenientemente en la Diputación o en la Junta de Comunidades. Alguno conocerán. No son mayoría ni mucho menos representativos. 
Vayamos a los alcaldes del PSOE, que en toda la región son más de 400. Por cercanía, en los últimos días he conversado con varios de Guadalajara, alguno afiliado y otros independientes. Estos últimos se presentaron bajo las siglas de la formación sin ser militantes de cuota. Con lo de la amnistía y la claudicación del partido al que representan tienen un cabreo morrocotudo. ¿Y por qué no alzan la voz? Hay razones diversas. Los que pueden opinar, tienen la opción de hacerlo en esa consulta farsa convocada para nada porque ya está todo acordado. Los que no son afiliados, sólo quieren garantizar los servicios y las inversiones que necesitan sus vecinos, y sabiendo quién gobierna en las instancias superiores -en el caso de la provincia, todas del mismo color- prefieren callar, ser posibilistas y atender a las demandas de los que les votaron el 28 de mayo. 
No son estos a los que hay que exigir cuentas. El dilema moral ha de trasladarse a los parlamentarios nacionales que tienen que avalar la amnistía y todas las claudicaciones asumidas en los pactos con los indepes. Apoyarán también el asunto de la pasta, que es lo que más cabrea al personal. Como a una fechoría le sigue otra mayor en cuestión de horas, lo de la amnistía la dan por amortizada, como pasó con los indultos, la sedición y la malversación. Nunca una anestesia tuvo un poder tan duradero. Pero con las cosas del comer no se juega. Y entre esos diputados y senadores socialistas hay ex alcaldes y concejales -profesionales, nada que ver con los anteriores- que tendrán que explicar a los suyos por qué votan a favor de perdonar 15.000 millones de euros a Cataluña más otros 1.300 de intereses, dinero que va a salir de tus impuestos; deberán aclarar qué tiene de progreso pactar con partidos supremacistas que miran con desprecio a otros españoles como los de Castilla-La Mancha; será conveniente que cuenten también en qué ha cedido Puigdemont, es decir, en nada. "Así evitamos que Gobierne la ultraderecha", repiten como papagayos, mientras se agachan de forma genuflexa ante Junts, Bildu y Esquerra. Unos, herederos del brazo político de ETA con candidatos con delitos de sangre en sus listas, y, los de Puigdemont, la ultraderecha catalana que destierra la justicia y la igualdad entre españoles. ¿No habíamos quedado que estos eran los valores del PSOE? Menuda humillación. Los ocho diputados que tienen los socialistas castellano manchegos en el Congreso están a tiempo de poner remedio.