Se inicia en Castilla-La Mancha, como en muchas otras Comunidades Autónomas, una nueva Legislatura. En los más 40 años de autonomía que hemos vivido se ha articulado un Ordenamiento sólido y estructurado, dentro de los márgenes que derivan del Derecho estatal y del europeo, que ha cumplido su función de organizar, en el ámbito de sus competencias, la sociedad y las relaciones tanto público - privadas como entre particulares, con la garantía en última instancia de unos órganos judiciales que tutelan los derechos y resuelven las controversias que aplican con acierto el Derecho en su totalidad, no solo el que procede de fuentes autonómicas.
La evolución de la sociedad requiere también del desarrollo de su sistema de ordenación jurídica para que siga atendiendo la identidad y los intereses de los castellano-manchegos dentro del interés común nacional, comenzado por su norma básica que, después de la Constitución, es el Estatuto de Autonomía.
Castilla-La Mancha se singulariza por no haber realizado ninguna modificación en profundidad de su Estatuto por lo que existen, al menos, tres cuestiones mayores respecto de las que muchas voces autorizadas han planteado que deberían incorporarse al texto estatutario. Una, en la que coincido, atribuir al Ejecutivo la habilitación para dictar Decretos Leyes. Es un instrumento jurídico necesario y útil para abordar situaciones extraordinarias y urgentes, pero, ante la experiencia de su uso abusivo por los gobiernos nacionales y autonómicos de todo signo, la introducción de este instituto requerirá un ejercicio de responsabilidad por el gobierno de turno pues, ciertamente, padecemos en España una jurisprudencia constitucional consentidora de esos excesos.
También se ha expresado la conveniencia de incluir en el Estatuto un catálogo de derechos de los ciudadanos de suerte que el legislador se viera obligado a establecer determinadas medidas en ámbitos como sanidad, educación o vivienda, entre otros relevantes. Aunque la ausencia de esa declaración expresa de derechos no ha sido obstáculo para que la legislación de Castilla-La Mancha se sitúe, en algunas materias, en la misma línea, y a veces con mayor intensidad que el conjunto de las Comunidades Autónomas hasta el punto de que diversas leyes de las Cortes regionales han sido pioneras en el contexto nacional, la formulación explícita del elenco de derechos les dotaría de un mayor relieve.
Por otra parte, si bien una reforma estatutaria sería un cauce para ampliar las competencias autonómicas, lo cierto es que la evolución de la doctrina del Tribunal Constitucional se ha traducido en una ampliación de las competencias de las Comunidades Autónomas sin necesidad de reforma estatutaria, a lo que hay que añadir también la vía de acordar con el Estado la asunción de nuevas competencias en ejercicio de las previsiones de la Carta Magna.
En relación con el necesario respeto a las disposiciones constitucionales, el Consejo Consultivo actúa como un útil filtro previo de la constitucionalidad de las leyes autonómicas y ha desarrollado, a través de sus dictámenes, una doctrina muy provechosa, no solo para el gobierno, en orden  a formular un correcto criterio en cuestiones jurídicas.  
En estas cuatro décadas, las Cortes regionales han generado un corpus normativo que aspira a satisfacer los intereses y necesidades de sus ciudadanos y que es inferior, en términos cuantitativos, a la media de la producción legislativa del conjunto de parlamentos regionales, lo cual puede valorarse positivamente en cuanto a no caer en el fenómeno de la llamada legislación motorizada o, en término orteguiano, incontinente, que se traduce en ocasiones en el fenómeno de lex repetita respecto de la ley estatal.
Tenemos, pues, un buen sistema normativo y unas instituciones judiciales y administrativas que aseguran la calidad en su interpretación y aplicación. El reto, como el de toda obra humana, es seguir mejorando y avanzando. Sobre ello ha reflexionado la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades de Castilla-La Mancha en una mesa redonda, que se recogerá en una publicación algunas de cuyas ideas se reflejan aquí y se recogerán en una publicación con los textos de los participantes.  Asimismo, para seguir contribuyendo a la excelencia jurídica, contamos con la UCLM cuyas facultades de Derecho se sitúan entre las mejores de España en transferencia del conocimiento según el ranking de universidades de la Fundación CYD publicado en junio.