Hace ahora cuatro años escribía en estas mismas páginas un artículo titulado: «La actual ley electoral 'condena' a la región al tripartidismo». En él analizaba como el recorte de diputados autonómicos ejecutado por Cospedal en 2014, con su reforma en solitario del Estatuto de Autonomía, impide, de facto, la entrada de más de tres grupos parlamentarios en las Cortes regionales.
Y es que, dejar el parlamento castellano-manchego con tan solo 33 diputados hace muy difícil eso de la representatividad en estas tierras. ¿En qué me baso para decir esto? Pues en que los 33 diputados que dejó la expresidenta 'popular' en la comunidad, son los mismos que reparte La Rioja con poco más de 300.000 habitantes (Castilla-La Mancha ronda los dos millones) y la mitad de los que tiene Extremadura, con casi un millón de habitantes menos. Hagan cuentas.
Viendo los resultados electorales del pasado domingo, donde un puñado de votos en la provincia de Ciudad Real decidieron quién gobernará Castilla-La Mancha durante los próximos cuatro años, me surge una pregunta ¿qué hubiera pasado sí la región tuviera otra normativa electoral? No me voy a ir muy lejos, me quedó con la primera ley electoral que aprobó Cospedal. (Sí, en cuatro años cambió dos veces la ley electoral: según iba menguando el PP en las encuestas, se iban reduciendo también los escaños en las Cortes, por eso de equilibrar supongo).
Una primera Ley Cospedal que, sobre el papel, era la más representativa de todas las que ha tenido la comunidad. No me malinterpreten, por supuesto que tenía trampa, por eso solo la voto el PP y la criticaron todos los demás partidos, pero para este ejercicio de política-ficción me sirve.
Cada uno de los 53 diputados previstos en esta primera ley Cospedal, que nunca llegó a usarse en unas elecciones, representaba a unos 37.700 castellano-manchegos, prácticamente la mitad de lo que supone hoy mantener en vigor la segunda ley electoral de Cospedal.  Una ley que obliga a 'sentar' en cada escaño autonómico a más de 62.000 ciudadanos. Una burrada, y más si lo comparamos con lo que pasa en el resto de las comunidades autónomas. Sin ir más lejos, Castilla y León tiene 84 escaños, lo que equivale a 29.000 ciudadanos por diputado. Sigan haciendo cuentas.
Pero me voy por las ramas. Tomando como base la primera ley electoral de Cospedal, el PSOE habría sacado el pasado domingo un total 27 diputados, el PP 20 y Vox habría sumado 5. Algunos me dirán que es lo mismo, pero no lo es. No hay que olvidar que esta ley ha provocado que el PSOE, con más votos que en 2019, tenga tres diputados menos y haya estado a punto de perder la mayoría absoluta con el 45,6 por ciento de los votos. Por no hablar de que en 2015 dejó fuera a Ciudadanos con el 8 por ciento de los votos y en 2019 habría mantenido a Unidas Podemos en el parlamento con un diputado. Y puedo seguir...
En este lunes de resaca electoral, Page ha dejado caer la idea de que ya toca reformar la ley en Castilla-La Mancha. También se habló de aumentar los escaños autonómicos en 2015 y 2019, pero nunca cuajó reforma alguna. Desde el PSOE siempre se ha defendido que o se hace por consenso o nada. Difícil lo veo con Vox y el PP en la oposición. Se verá.