La talidomida: el medicamento maldito

J.Moreno
-

Andrés Vizcaíno, de 58 años, lucha aún por un reconocimiento pleno como víctima. El Gobierno ha dejado fuera a este vecino de Calera y Chozas de la ayuda económica aprobada

La talidomida: el medicamento maldito

María Obregón abrigó siempre un sentimiento de culpa. Y murió con él. Su hijo Andrés nació con una malformación en el brazo derecho, y las causas barajadas por los doctores sonaban imprecisas. Que si una mala postura durante el embarazo u otras razones peregrinas. Pero ni una referencia a un medicamento recetado para los vómitos y náuseas durante el embarazo: la talidomida. Ni la familia ni el joven Andrés se avergonzaron de ese miembro anómalo. «Mis padres no me escondieron, no como otros padres. Y ningún amigo de la infancia me dio de lado», asevera uno del pelotón de afectados en España.

La talidomida originó el defecto que ha acompañado siempre a este vecino de Calera y Chozas de 58 años. Andrés Vizcaíno lo tiene claro; la administración, no. Tanto, que figura entre los más de 200 integrantes de la Asociación de Víctimas de la Talidomida (Avite) apartados del decreto de ayudas aprobado por el Consejo de Ministros el día 4. Los 130 seleccionados por el Instituto Carlos III de Madrid como perjudicados por el medicamento percibirán 12.000 euros por cada punto de discapacidad.

Andrés tiene reconocida desde la última revisión, en 2017, un 59 por ciento de minusvalía. Figura en los registros del Imserso como un hombre con síndrome malformativo congénito debido a la talidomida por agenesis (desarrollo defectuoso) o deficiencia del miembro superior de etilogía congénita. Lo lee del tirón en palabras a este diario entre el rimero burocrático que acumula en su casa de Calera y Chozas.

Por ese lado, la administración reconoce a este extrabajador de Gesmat como víctima de la talidomida, pero el Instituto Carlos III de Madrid, la entidad que ha analizado los casos y calculado los importes según la discapacidad para el decreto del Gobierno, considera que el origen de la malformación es otro. No menciona la posible causa. «Es una cuestión monetaria. Cuanto menos suelten, mejor», elucubra envenenado Andrés, que no alberga dudas de la etiología de ese brazo sin juego de codo.

Sus dos hermanos y sus dos hijos nacieron sin anomalías. «Está muy claro de lo que ha sido», apostilla. Incluso el doctor Claus Knapp, uno de los descubridores de los efectos de la talidomida en los fetos, confirmó a Andrés que su malformación procedía del medicamento.

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, pidió el pasado martes perdón por «una injusticia histórica» tras el Consejo de Ministros que aprobó, a propuesta de su cartera, el decreto que regula las ayudas para los afectados por la talidomida en España entre 1950 y 1985. «Por fin empezamos a solucionar una de las mayores vergüenzas de nuestro país: el absoluto abandono a las personas víctimas de la talidomida», manifestó. El Ministerio de Derechos Sociales explicó que el Instituto Carlos III de Madrid examinó más de 600 casos y aprobó la ayuda para esos 130 mediante la participación de genetistas del Sistema Nacional de Salud. La malformación más frecuente fue la focomelia (ausencia de músculo y huesos en las extremidades).

«Es una lucha diaria y constante», advierte este hombre que ejerció como concejal socialista en Calera y Chozas en la legislatura 2015/2019. Precisamente, en 2015, el Ayuntamiento aprobó una moción que constataba la solidaridad de la institución con las víctimas de la talidomida.

Avite reaccionó el pasado miércoles con la exigencia de la extensión de la condición de beneficiarios «a todos los realmente afectados, y no a solo unos pocos». El Real Decreto  estipula que el destinatario de la ayuda debe figurar inscrito en el Registro Estatal de Enfermedades Raras gestionado por el Instituto de Salud Carlos III. «Es imprescindible añadir como alternativa a este requisito el que la persona interesada, o bien tenga reconocida en resolución administrativa o judicial su condición de afectado por la talidomida, por haber obtenido la jubilación anticipada o por tener reconocido grado de discapacidad con código talidomida; o bien tenga un diagnóstico etiológico de la sanidad pública», insta.

Andrés tiene reconocida una incapacidad permanente desde 2020 por las consecuencia de un cáncer de colon y de páncreas; y aspira aún a figurar en el listado de las ayudas especiales por la talidomida. «Seguiremos luchando», promete.