El Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha de hoy debate y vota las dos enmiendas a la totalidad al proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades para 2024 presentadas por el Partido Popular y Vox.

Las exposiciones de motivos de ambas enmiendas son extensas y en ellas los dos grupos parlamentarios de la oposición explican sus razones para devolver el proyecto de Ley al Gobierno regional, pero se toparán con la mayoría absoluta del PSOE que tumbará ambas propuestas de devolución. Pasado este trámite, las cuentas regionales continuarán su camino legislativo con el debate y votación de las enmiendas parciales que aún deben ser presentadas y registradas por los tres grupos parlamentarios.

No obstante, en la sesión de hoy tanto el Partido Popular como Vox expondrán en la tribuna del Pleno sus motivos para no aprobar unos presupuestos que califican de «derrochadores» y «continuistas».

El Grupo Parlamentario Popular registró, como es tradición salvo los cuatro años en los que gobernaron, una enmienda a la totalidad al proyecto de Ley de Presupuestos que Emiliano García-Page ha firmado para 2024. En su exposición de motivos, los doce diputados 'populares' aducen que vivimos un momento político de extrema incertidumbre, y ello se traduce, en un contexto económico y social de inseguridad y dificultad para que las familias puedan, no ya hacer frente al coste de la vida, sino vislumbrar un horizonte a medio plazo que asegure sus respectivos proyectos de vida.

A renglón seguido, critican el pacto entre el PSOE y Sumar que «ha provocado importantes pérdidas en la cotización de compañías en la Bolsa». Además, el citado acuerdo invade competencias de las comunidades autónomas, «despreciando el Título VIII de la Constitución» y añade un horizonte fiscal «más cargado» de impuestos.

A la cola. Así, en 52 páginas el Grupo Parlamentario Popular introduce numerosas tablas de datos en las que intenta explicar su 'no' a las cuentas del Gobierno regional, insistiendo en que Castilla-La Mancha está y seguirá estando con las políticas «continuistas» de Emiliano García-Page «a la cola de las comunidades autónomas» en términos de desarrollo económico, empleo y bienestar social. 

En definitiva, aseguran que el Ejecutivo regional, con la «autocomplacencia acostumbrada», presenta una propuesta presupuestaria para 2024 que en síntesis revela «una mala gestión, un aumento de la estructura del Gobierno, una infradotación en servicios esenciales como sanidad, educación y bienestar social, acreditan poca capacidad inversora, poca confianza en el sector privado, a la vez que proponen una política fiscal insensible con los ciudadanos». 

Insisten en que, tras Sanidad, con 3.853 millones de euros de presupuesto, Educación con 2.264 millones, la deuda regional «es la tercera partida más importante con 1.902 millones, el 15,25% del total de gasto presupuestado. En 2022, recuerdan, fue el 18,70%».

Los 'populares' denuncian también en la exposición de motivos que la tramitación de los presupuestos viene marcada, desde hace años, por dos hechos de «extraordinaria relevancia». Por una parte, «la tramitación sucesiva, que no simultánea» para las Cortes regionales, de la Ley de acompañamiento de los mismos; y por otra el desfase de los datos de ejecución presupuestaria suministrados por el Ejecutivo regional. Aseguran que, en el segundo caso, el equipo de Page oculta «de manera grosera» datos esenciales para evaluar la gestión del Gobierno en el momento de tramitar los presupuestos para el siguiente ejercicio. Es decir, denuncian que el Ejecutivo «no entrega los datos disponibles a los grupos parlamentarios». 

Otras de las cuestiones que el PP echa en falta en estas cuentas es la recuperación de la carrera profesional sanitaria, la falta de una política agraria regional, más formación para el profesorado o una mayor promoción y servicios a la juventud. Aseguran, por último, que el presupuesto parte de unos supuestos «poco realistas sobre crecimiento e inflación».

Estado de bienestar para políticos. Por su parte, el Grupo Parlamentario Vox, en 28 folios, sostiene que las cuentas autonómicas para 2024 «no presentan soluciones» y «son continuistas con las políticas llevadas a cabo por Emiliano García-Page en la pasada legislatura». 

Aseguran que entre los objetivos del Ejecutivo «no está reformar el sector público para hacerlo más acorde a las necesidades de prudencia y equilibrio presupuestario, sino mantener los numerosos organismos, consejos y entidades varias que en nada mejoran nuestra calidad de vida, sino que nutren un estado de bienestar para los políticos que se sufraga con el dinero de todos». En resumen, son unas cuentas «al servicio de la propaganda del Gobierno de Emiliano García-Page».

Respecto a la estrategia para frenar la despoblación, Vox considera que el aumento del 12% de las partidas presupuestarias recogidas en el proyecto de Ley son «insuficientes» y que el Gobierno de Page «no aborda este problema con la suficiente entidad», insistiendo en que las políticas aplicadas hasta ahora «han dejado mucho que desear en términos de retener a los jóvenes castellano-manchegos». 

Similar opinión tiene el grupo parlamentario respecto a las medidas desarrolladas para erradicar el abandono escolar temprano en la región. Vox asegura que el Gobierno «maquilla» la cifras y sostiene que «las distintas reformas educativas que eliminan la repetición de curso y fomentan la mediocridad no han servido para combatir el aumento de la tasa de abandono en Castilla-La Mancha, que en el año 2022 se mantuvo en quince puntos». 

La sanidad tampoco se escapa de la crítica de Vox, recordando que Castilla-La Mancha es «la única» región de España que «no paga la carrera profesional a los empleados de sus servicios sanitarios, congelada desde hace una década por los distintos gobiernos regionales». 

Igual ocurre con la agricultura, lamentando –recoge la enmienda a la totalidad– que el Gobierno regional no concede al sector primario «el valor que tiene como elemento estratégico esencial para Castilla-La Mancha, sino que ha contribuido a la criminalización y estigmatización del modo de vida rural por parte de las agendas globalistas». 

Papel mojado. La seguridad de las familias y la ocupación son dos asuntos que centran la agenda de Vox. Sobre el primero de ellos, aseguran que Castilla-La Mancha «es la segunda comunidad autónoma en las que más aumentaron los robos en el campo». Es por ello que en su exposición de motivos reclaman más efectivos de la Guardia Civil para dar cobertura al mundo rural. Respecto a la ocupación ilegal, recuerdan que «en el segundo trimestre de 2023 Castilla-La Mancha fue la cuarta región con más juicios verbales por ocupación ilegal de viviendas».

En este punto, inciden en que, aunque en la pasada legislatura se aprobaron iniciativas legislativas dirigidas a combatir este problema, «las decisiones políticas posteriores adoptadas por el Gobierno de García-Page dejaron en papel mojado las soluciones necesarias». 

Una especial atención requiere el endeudamiento. Vox asegura que este proyecto de Ley «descansa en una base de irrealidad y ficción» y denuncian que los impuestos que aportan los ciudadanos no van a cubrir sus necesidades, sino que se «dilapidan en oscuros chiringuitos que escapan a la rendición de cuentas, violan todas las normas de transparencia y suponen, en definitiva, otro tipo de corrupción política». 

Servilletas y posavasos. Conocido es que el partido de Santiago Abascal niega la violencia de género. En su enmienda a la totalidad, insisten en que el presupuesto dedicado a la Consejería de Igualdad es «un gasto superfluo que se sustenta en una máxima tan peligrosa, como errónea, de que la violencia que se ejerce contra las mujeres es por el simple hecho de serlo». 

Asimismo, lamentan que las políticas impulsadas desde el Instituto de la Mujer –basadas en «campañas de concienciación a través de servilletas y posavasos» y en «financiar con dinero público a activistas y comprar voluntades»– han tenido «poco» impacto en el número de víctimas mortales que registra la región cada año.

Otra de las críticas de Vox se centra en los «beneficios fiscales al juego». El grupo parlamentario denuncia la bonificación de la que se beneficiarán«cincuenta contribuyentes» que –cuantifican– pasarán de pagar una cuota semestral de 925 euros a una cuota trimestral de 100 euros en las máquinas que se encuentran en baja temporal o se establezca un tipo reducido del 10%, frente al tipo general del 15%, para los casinos y establecimientos de juegos que acrediten la creación y el mantenimiento del empleo.

Reclaman, además, la eliminación de las subvenciones a sindicatos, organizaciones empresariales y partidos políticos. Explican que el diálogo social es necesario para garantizar unas condiciones laborales adecuadas, pero precisamente estas subvenciones a los sindicatos de clase, ponen de ejemplo, «pervierten la finalidad del diálogo social, ya que merman la independencia de estas organizaciones que permanecen calladas ante los abusos de los Gobiernos de Sánchez y de García-Page contra los trabajadores».