El Ilustre Colegio de Abogados (ICA) de Talavera ha reiterado su rechazo a la habilitación procesal del mes de agosto y al Proyecto de Ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 que se está tramitando en el Senado.
En nota de prensa, la decana del ICA Talavera, Marga Cerro, informa del acuerdo de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de la ciudad, tras las declaraciones del Ministro de Justicia, para reiterar que la medida adoptada por el Ministerio de Justicia de la habilitación procesal del mes de agosto contó con el rechazo generalizado y expreso de la Abogacía y, específicamente, del Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha y de este Ilustre Colegio de Abogados.
Dicha medida, «es y está siendo del todo punto ineficaz para solucionar el colapso de la Justicia», explica, y asegura que «es intolerable que los abogados y abogadas no puedan descansar durante este mes, tradicionalmente inhábil, a diferencia del derecho que conservan los funcionarios, jueces, fiscales y letrados de la administración de justicia que se encuentran de vacaciones y disfrutan de las mismas como es su derecho»
Desde el ICA de Talavera rechazan de igual manera la actuación «de aquellos Juzgados y Tribunales que están procediendo a la notificación indiscriminada de resoluciones en toda clase de asuntos, sin razón de urgencia ni justificación alguna, incumpliendo con ello las recomendaciones del Consejo General del Poder Judicial a este respecto». Consideran que esta medida «es una total y absoluta desconsideración hacia la Abogacía, y con ella se conculca el legítimo derecho a la conciliación familiar».
En este sentido, añade que «es tal la falta de respeto» que actualmente existe en tramitación en las Cortes Generales un Proyecto de Ley que pretendía dejar sin efecto la habilitación de este mes de agosto, «pero que, sin embargo, no ha podido aprobarse a tiempo precisamente por encontrarse en periodo vacacional el Senado». Algo que «resulta una auténtica paradoja, unos profesionales nos quedamos sin descanso porque otros se van a disfrutar del suyo».
Desde el ICA rechazan, como así se ha trasladado desde el Consejo General de la Abogacía de España (CGAE), el Proyecto de Ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, actualmente en tramitación en el Senado. Como recuerdan, establece en su artículo 18 «importantísimas limitaciones para el desempeño del derecho de defensa por los abogados, al establecer la atención a los profesionales por sistemas no presenciales, exigiendo incluso cita previa para acudir a la sede judicial». Algo que «resulta incompatible con la premura de los plazos que se deben cumplir, en lugar de implantar efectivamente el expediente judicial digital, como se viene requiriendo desde la Abogacía».
Para el ICA, la citada reforma legislativa que se pretende «es una merma a los derechos de la ciudadanía, una merma al ejercicio de nuestra profesión, somos parte imprescindible de la Justicia, y estas modificaciones y limitaciones al acceso de abogados y abogadas ante los Tribunales y acceso a las sedes y expedientes judiciales, no puede ser limitada de ninguna manera».
Por estos mismos motivos rechazan «la posible generalización de la celebración telemática de juicios», que deberán celebrarse presencialmente, con la intervención de los ciudadanos asistidos de sus abogados constituidos en la sede judicial, ante el Juez bajo cuya inmediación debe celebrarse la vista del juicio, con la adopción de todas las medidas higiénico sanitarias precisas, señalan.
Desde el ICA Talavera de la Reina sostienen que seguirán denunciando «que con las medidas adoptadas y las que están en tramitación, se está atentando al ejercicio del derecho de defensa, se está poniendo en peligro el ejercicio profesional de los Abogados y Abogadas, y se están vulnerando derechos fundamentales que se recogen en la CE». Algo que desde este Colegio «no se va consentir, y así se trasladará las Instituciones correspondientes, quedando a la espera de la celebración del próximo pleno del CGAE para determinar las posibles medidas a adoptar por los 83 colegios y sus correspondientes Consejos».