La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha iniciado una ronda de contactos con las autoridades comunitarias y españolas para presentar un informe de impacto socio-económico de la revisión normativa en materia de bienestar animal propuesta por la Comisión Europea. «Queremos trasladar a las diferentes administraciones, tanto estatales como europeas, el impacto de la modificación en la normativa de bienestar animal y alertar del problema económico y de abastecimiento que puede generar. Y al mismo tiempo mostrar a los consumidores la realidad de la ganadería en España y las repercusiones que tendría en la inflación del precio de los alimentos por el aumento de los costes a los ganaderos», ha explicado Jaume Bernis, responsable de sectores ganaderos de la organización.

Para ello, desde los sectores cunícola, avícola y porcino de COAG se han analizado las posibles consecuencias de la nueva 'Normativa Europea Reguladora del Modelo de Producción de Carne', de forma especial la referida a la prohibición de las jaulas en la producción de carne de conejo, cerdo y pollo. «En COAG siempre hemos considerado positivas todas las iniciativas para mejorar el bienestar animal en granja. Sin embargo, estas normas tienen que estar basadas en evidencias científicas independientes, que tengan en cuenta el impacto socioeconómico de las medidas propuestas y que considere los riesgos, costes y necesidades que implica la eliminación total de las jaulas», ha afirmado el responsable de COAG.

Hace menos de un mes, el periódico británico The Financial Times publicaba, citando como fuentes a varios funcionarios comunitarios, que la Comisión Europea estaba estudiando desechar las estrictas normas de bienestar animal que va a exigir a las granjas europeas, como la prohibición uso de jaulas para el ganado, la matanza de pollos de un día y la venta y producción de pieles. Y es que La Unión Europea ya es líder mundial en este ámbito, y aumentar las exigencias podrían tener consecuencias indeseadas, y más en la tesitura económica en la que se encuentra Europa en general y la ganadería en particular.

¿Estamos dispuestos a pagar el bienestar animal? - Foto: Rueda VillaverdeDe todos modos nada de eso se da por hecho y la posible prohibición de las jaulas es sólo una parte limitada de una ecuación mucho mayor; el impacto global de la revisión de la legislación sobre bienestar animal será mucho más amplio y todavía no se conoce el alcance exacto determinado por la Comisión para esta prohibición. Además, hay que tener en cuenta que el impacto que las nuevas legislaciones puedan tener en los sectores ganaderos no se limitará únicamente a la actividad económica relacionada con la ganadería, sino que también tendrá importantes repercusiones en las empresas locales. «Deben tenerse en cuenta los tres pilares de la agricultura sostenible -medioambiental, social y económico- para evitar que la producción desaparezca o se traslade a terceros países con normas menos exigentes en bienestar animal», ha apostillado José Luis Santaclara, responsable del sector cunícola de COAG.

Al salir la información de The Financial Times, la Alianza UPA-COAG, que se hizo eco de la información, alertaba de que la observancia de las disposiciones previstas supondría un sobrecoste productivo superior al 15% en cada explotación ganadera. Además, la aplicación de las nuevas normas encarecería el precio de la carne de cerdo, pollo y conejo entre el 20% y el 30%, abundando en la escalada del precio de los alimentos, y por ende, en la consolidación de una inflación disparada que está lastrando la economía continental y acrecentando las dificultades de millones de ciudadanos para llenar la nevera. Pero esos cálculos se han quedado pequeños, a tenor del estudio realizado por COAG.

Avicultura de carne: el precio del pollo se triplicaría para el consumidor.

En una granja típica de 1.800 metros cuadrados se permite criar, actualmente, 33 kilos por metro cuadrado, según la normativa española. Esa explotación tiene capacidad para 33.000 pollos. Según el informe de la EFSA, esa granja de 1.800 metros cuadrados pasaría a tener una capacidad para 11.000 pollos para que no se pasara de los 11 kilos por metro cuadrado exigidos. Esto implicaría una pérdida de 22.000 plazas de pollos. El impacto económico implicaría una bajada de una tercera parte de los ingresos para el dueño de esa instalación. Salvo que esa bajada de producción repercuta en un desorbitado aumento de precio para perjuicio del consumidor, que supuestamente tendría que pagar el triple de lo que está pagando ahora si el granjero pretende mantener la rentabilidad. Si en estos momentos, en los lineales, el precio es de 3,25 euros por kilo de pollo entero, se estima que podría llegar a los 9,75, casi el mismo precio que el pollo campero.

Por otra parte, impacto económico de recuperar esas 22.000 plazas de pollos sería aproximadamente de un millón de euros de inversión ya que, donde antes había 1.800 metros cuadrados de nave, con la nueva normativa en vigor se necesitarían 5.400. Todo esto contando con tener los permisos necesarios y el espacio para edificar más naves, algo improbable.

¿Estamos dispuestos a pagar el bienestar animal?«El bienestar animal no tiene por qué mejorar con estas medidas. Las naves actuales están preparadas con sistemas de calefacción, sistemas de refrigeración y sistemas de ventilación que aseguran en todo momento y en todo tipo de circunstancias climáticas unas condiciones óptimas de temperatura y calidad de aire. Criar a menos densidad no es sinónimo de tener estos parámetros mejor controlados. De hecho, puede ser más difícil y costoso conseguir mantener las temperaturas de una forma adecuada», ha subrayado Eloy Ureña, responsable del sector avícola de COAG.

Avicultura de puesta: un coste adicional de 140.000 euros para los productores.

En el dictamen de la EFSA se hacen recomendaciones para las gallinas ponedoras similares a las de las granjas de pollos. En este caso, la implementación de esa nueva normativa requeriría altas inversiones por parte de los ganaderos, sin tener en cuenta los préstamos asumidos para cumplir con las reglas establecidas antes de 2012 y aún no pagados en su totalidad. Esas reglas obligaban a hacer mejoras en las jaulas que todos los ganaderos tuvieron que acometer. Un ejemplo real de la inversión necesaria para una reconversión que cumpla todas las exigencias y normativas para una granja de 8.000 ponedoras supondría un desembolso para el ganadero de 141.426 euros.

Porcino: más de medio millón de euros por granja de madres.

Si se quiere mantener el censo en una granja tipo de 1.200 cerdas, las salas de parto de 16 animales deben transformarse para albergar a 12 como máximo; es decir, se pierden cuatro parideras por sala. Por lo tanto, habría que construir una nave nueva con todos los componentes necesarios (ventilación, fontanería, electricidad, accesorios, etc.) para albergar las parideras necesarias y poder así mantener el censo. La inversión que se tendría que hacer en este caso es de 198.400,00 euros. A esta cantidad, habría que sumarle el precio de la remodelación de las salas de parto actuales, para pasar de albergar 16 cerdas a 12. El precio estimado de esta remodelación es de 21.662 euros por sala; según el estudio de COAG, en una granja tipo la inversión sería de 324.932 euros, que sumados al coste de la construcción de la nueva nave para albergar 62 parideras supondría un coste total de 523.332 euros.

La otra opción sería reducir el censo. En este caso se deberían adaptar las salas de 16 a 12 parideras, con una inversión estimada de 21.662 € por sala. Es decir, en el ejemplo de una granja con 15 salas, la inversión sería de 324.932 euros con la consiguiente pérdida de productividad y aumento de costes. Las dos opciones tienen que conseguir los permisos y licencias necesarios, hecho que cada vez es más complicado y costoso a corto plazo.

Sector cunícola: la puntilla para los castigados cunicultores españoles.

Es un sector cárnico-ganadero con un dimensionamiento global muy limitado y, además, sometido a un prolongado proceso de reducción estructural (reducción de explotaciones, reducción de censos, reducción de industrias, reducción de valor en origen, reducción de empleo, etc.). A pesar de ser un sector de poco volumen económico, la característica más distintiva del sector cunícola es que genera economía a partir de escasos recursos. Se trata de granjas que adaptan al territorio economías de ámbito pequeño. Las granjas se pueden asentar en zonas muy despobladas y desfavorecidas, contribuyendo al desarrollo rural en puntos geográficos muy vulnerables. Se estima que puede generar en torno a los 3.000 empleos. Más del 95% de la producción se realiza en jaulas. Solo existe una explotación ecológica de conejos (que cuenta con algo más de 1.200 conejos aproximadamente). Es evidente que la potencial prohibición de la utilización de jaulas en la producción de conejos para carne tendrá una extraordinaria repercusión en toda la estructura productiva y en el equilibrio de la cadena alimentaria del sector. Si se llegara a aprobar esta normativa, cada granja perdería entre un 40 y un 50% de producción.