El Juzgado de lo Social número 2 de Toledo ha condenado al Ayuntamiento de Toledo a indemnizar con la cantidad de 18.000 euros a un trabajador que durante más de dos años sufrió un ambiente hostil en su puesto de trabajo, según informa el sindicato CSIF en una nota de prensa. La sentencia obliga al Consistorio a adoptar de manera inmediata todas las acciones pertinentes para poner fin a la situación de riesgo psicosocial detectada.

El trabajador, ingeniero de caminos que realizaba su labor en el Servicio de Obras, Infraestructuras y Medio Ambiente del Consistorio toledano, solicitó en febrero de 2020 su adscripción a la Unidad de Urbanismo, vivienda y promoción económica; decisión motivada por las situaciones que estaba sufriendo en su puesto de trabajo. No en vano, el empleado llegó a presentar una denuncia al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) del Ayuntamiento contra el jefe del Servicio de Obras, Infraestructuras y Medio Ambiente por «menospreciarme en público de forma continuada y en repetidas ocasiones», además de «utilizar conmigo un lenguaje no verbal agresivo, [por la] Retirada de funciones, [la] asignación de funciones de nivel muy inferior al puesto que ocupo [y por] Intentar asignarme otras funciones que no puedo desarrollar por competencias», detalla el texto remitido por el sindicato. Según CSIF, el clima hostil que el funcionario llegó a soportar devino en un cuadro de ansiedad, provocándole incluso una situación de baja médica del 2 al 31 de marzo de 2021.

Finalmente, el Servicio de PRL del Ayuntamiento de Toledo emitió una propuesta en diciembre de 2021 considerando adecuado proceder al traslado a otro puesto de trabajo fuera del Servicio de Obras. Incluso desde Urbanismo se indicaba la idoneidad del trabajador para ser adscrito a esta área. Sin embargo, el funcionario continuó en su puesto de trabajo sufriendo un ambiente hostil. Es más, tras reincorporarse en octubre de 2022 -previo aviso- después de un periodo de excedencia por cuidado de hijo menor, la mesa, silla y ordenador utilizados por el demandante estaban siendo ocupadas por otra persona, siéndole asignada mesa y silla, pero no ordenador. Del 3 al 7 de octubre de 2022 no le fue asignada ninguna tarea. En noviembre de 2022, el jefe del Servicio de Obras le ordenó ir al polígono de Santa Bárbara a contar los modelos de bancos y papeleras que había.

A pesar de la comprobación fehaciente de los hechos, y de que tanto un informe externo de un técnico de prevención, solicitado por el propio Consistorio, como de la propia recomendación del Servicio de PRL, el Ayuntamiento no procedió al cambio de puesto de trabajo, incurriendo así en un grave incumplimiento en materia de normativa de prevención de riesgos psicolaborales.

La sentencia, del Juzgado de lo Social número 2 de Toledo, con fecha de 20 de marzo, ordena al Ayuntamiento, que pretendía eludir sus responsabilidades porque lo consideraba un problema personal del trabajador, a la adopción inmediata de las medidas necesarias para poner fin a la situación que padece el demandante y le obliga a indemnizarle con la cuantía de 18.000 euros.