¿Y el Estatuto para cuándo?
Macguffin
carolina sánchez
El Diario Oficial publica hoy la convocatoria de las elecciones a Cortes regionales del próximo 28 de mayo. Este decreto es el pistoletazo de salida oficial de la precampaña -la real lleva en marcha desde septiembre- y, de momento, se van cumpliendo todos los clásicos de estas fechas (creo que no queda en la comunidad una rotonda, plaza o parterre sin inaugurar).  
Y, hablando de clásicos, estoy segura de que en estos días volverá a sonar un 'compromiso electoral' que va camino de convertirse en un recurrente de la literatura política regional: la reforma del Estatuto de Autonomía.
Hagamos memoria. Castilla-La Mancha tiene pendiente desde los años 2000 una reforma integral de su Estatuto -la de Cospedal de 2014 no cuenta como tal, porque fue única y exclusivamente para recortar a la mitad el número de parlamentarios autonómicos y eso es radical, pero no integral-.
De momento llevamos tres intentonas: la de Barreda de 2007 que naufragó en el Congreso en 2010 (nadie se atrevió en Madrid a ponerle fecha de caducidad al trasvase) y los dos amagos del actual presidente en funciones, uno por legislatura. La primera vez las negociaciones de García-Page fracasaron ante la nula fiabilidad de su socio de entonces (Podemos llegó a votar en contra de los presupuestos regionales) y las pocas ganas del PP de tocar lo hecho por la que entonces aún llamaba 'jefa' (hoy esa señora de la que usted me habla). Y en esta legislatura, a las pocas ganas de acuerdo entre los grupos parlamentarios se le ha unido una pandemia mundial que nos obligó a dar una vuelta a nuestras prioridades.
Todo esto nos ha llevado a ostentar el dudoso honor de ser de las pocas comunidades que no ha conseguido sacar adelante en lo que va de siglo lo que se vino a llamar un 'estatuto de segunda generación', quedándonos al nivel del País Vasco. Ellos por pedir de más y nosotros... ¿por qué?
Lo que sí es importante es saber por qué Castilla-La Mancha necesita un nuevo estatuto. Una de las razones tiene que ver precisamente con la gestión de la pandemia. El texto actual no contempla la figura del Decreto Ley (frente a lo que sí ocurre en buena parte de las autonomías), lo que ha impedido legislar de urgencia en esta crisis sanitaria y a 'colar' en la tramitación de algunas leyes medidas anticovid que poco tenían que ver con el tema en cuestión.  
Y también se necesita una puesta al día de los servicios públicos recogidos en la 'carta magna' regional, tanto para actualizarlos como para blindarlos financieramente hablando. No hay que olvidar que nuestro Estatuto data de 1982, cuando ni se soñaba con la asunción de competencias como las de educación, sanidad o bienestar social.
Uno de los puntos en conflicto sigue siendo la reforma de ley electoral, para ampliar el número de parlamentarios autonómicos, sobre la que el PP se niega de momento a sentarse a hablar, a pesar de que Castilla-La Mancha tiene los mismos diputados que La Rioja con el doble de población. Otro escollo sería el agua, no ya en Castilla-La Mancha, sino a la hora de llevar nuestro Estatuto al Congreso, donde los intereses del Levante sobre el agua del Tajo hacen poco probable un acuerdo a nivel nacional. Después del 28 de mayo... Se verá.