El alcalde de Yeles, José Fernando González (PP) afronta ahora una investigación del Tribunal de Cuentas por unos hechos que se remontan a hace siete años, cuando era concejal. En concreto, el organismo fiscalizador estatal achaca un presunto ilícito contable -sin carácter delictivo- a González,  el alcalde de la época, Victoriano del Pinto (ya retirado de la política); y la ya exsecretaria-interventora del Ayuntamiento, por unos 30.000 euros de sueldos abonados de más a tres funcionarios municipales durante el periodo 2004-2006.

Este trienio fue examinado en un informe fiscalizador por la Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha, que censuró lo cobrado por estos tres funcionarios porque superaba lo establecido en las leyes de Presupuestos del Estado, que regulan las retribuciones funcionariales. Esta conclusión del informe fue enviada por ello al Tribunal de Cuentas estatal.

Se da la circunstancia de que los tres funcionarios beneficiados por este exceso en las nóminas, según la investigación, eran la entonces secretaria y dos administrativos que colaboraban con ella en la confección de las nóminas de la plantilla municipal. Durante la investigación, fueron eximidos de culpa los administrativos pero se apuntó la posible responsabilidad de la secretaria, como responsable de supervisar y fiscalizar los gastos municipales. Y se añadió la posible implicación del entonces alcalde Del Pinto y de González, que como concejal de Personal habría firmado en 2006 un documento en el que autorizaba una subida salarial.

En un acta de liquidación provisional elaborada por el Tribunal de Cuentas en octubre, se resuelve que la ahora exsecretaria, el exalcalde Pinto y el alcalde González «resultan, de manera indiciaria y  con carácter solidario, incursos en  un presunto ilícito de alcance contable», ya que no evitaron estos pagos injustificados. La tramitación de este asunto continúa. Eso sí, en el caso del regidor se limita su responsabilidad sólo a los pagos del año 2006, el único año en que firma un documento responsabilizándose de nóminas.

A pesar de que se ha rechazado un recurso contra esta decisión, el alcalde mantiene que no es responsable por este exceso pagado a los tres funcionarios. Para ello, señala que como concejal no tenía en el momento de los hechos la responsabilidad en el control de las finanzas locales que sí tenían la antigua secretaria y el exalcalde. En sus alegaciones, también denuncia que el documento por el que se le declara incurso en la irregularidad contable no está autentificado.

En declaraciones a este medio, González proclama que «el que haya cobrado de más, tendrá que devolverlo, pero yo no me he llevado ni un euro». Confía en que se tenga en cuenta su papel real en el Ayuntamiento en 2006 y que esta acusación quede archivada.

UCIT pide su dimisión.

Estas explicaciones no le sirven a la oposición. El concejal de UCIT, Miguel Millán, mantiene que González debe dimitir por éste y otros asuntos. Este edil independiente, que en la pasada legislatura apoyó a González para que fuera alcalde pero ahora se arrepiente de aquella decisión, espera que el partido del regidor actúe para apartarle. «El Partido Popular dice que no quiere imputados en sus cargos políticos», recuerda Millán.