Las señales venían de atrás y eran serias, pero la capacidad de Iglesias para utilizar la vieja fórmula de que la mejor defensa en un buen ataque, permitió que todo aquel que osara sacar algún trapo sucio de Podemos o de sus dirigentes se exponía a una campaña de desprestigio. Desde el primer momento, aquellos nuevos personaje, en su mayoría muy jóvenes que eran profesores de la Facultad de Políticas de la Complutense, ya apuntaban maneras. Su mensaje de que representaban una nueva forma de hacer política y que actuarían contra la casta caló en las europeas de 2014, donde dieron el campanazo. 

Lo dicho, apuntaban maneras. Las primeras fueron las que los vinculaban con el chavismo. Nada que objetar a que ideológicamente se sintieran cercanos a la revolución bolivariana y asesorasen a sus gobiernos. Lo malo vino cuando se conoció que Juan Carlos Monedero, a través de una sociedad, cobró importantes cantidades de dinero de Chávez, que mayoritariamente se dedicaron a financiar una pequeña cadena de televisión en la que se emitía el programa La Tuerka, dirigido y presentado por Iglesias, que fue la rampa de lanzamiento del partido. Las cifras que se publicaron sobre el dinero venezolano fueron muy diversas. Se llegó a hablar de siete millones de dólares. Esa televisión fue adquirida por el grupo, y su entonces propietario declaró en los medios que el dinero que recibió era de Irán.

Apuntaban maneras. Cuando surgió Podemos, la pareja de Iglesias era Tania Sánchez, miembro de IU y diputada regional, hija de un concejal de Rivas Vaciamadrid. Tanto ella, como su hermano y su padre, fueron agraciados con pisos de protección oficial. No era delito, pero sí irregular. 

Especulador

Ramón Espinar, dirigente madrileño del partido, diputado regional y senador, cuando era estudiante universitario, tuvo la fortuna de conseguir una VPO, cuya entrada pagó su padre, que fue presidente socialista de la Asamblea de Madrid, consejero del Gobierno de Leguina y consejero de Cajamadrid. El piso estaba sujeto a una hipoteca de 500 euros mensuales, que no podía pagar su titular, estudiante. La compró por 146.000 euros y la vendió meses después por 176.000 sin haberla ocupado nunca, lo que incumplía todas las obligaciones que conlleva la compra de vivienda protegida. La periodista que destapó el caso en la cadena SER fue objeto de toda clase de campañas difamantes por parte de los morados.

Apuntaban maneras. Íñigo Errejón fue contratado por la Universidad de Málaga para hacer un trabajo de investigación en un proyecto dirigido por un profesor de esa Universidad, Alberto Montero, de Podemos. Errejón residía en Madrid, apenas pisó Málaga, y sin embargo cobró por el trabajo con fondos públicos cuando ya percibía fondos públicos por ser asesor de Podemos. La universidad inició una investigación y, finalmente, fue inhabilitado.

Todos estos casos provocaron revuelo mediático, pero no afectaron a la reputación de Iglesias. Hasta que él y su nueva pareja, Irene Montero, a la que designó portavoz parlamentaria y después ministra, decidieron comprar un chalet en Galapagar. Fue legal, aunque la maledicencia apuntó que el precio en el registro era muy inferior al de chalets de la zona de características similares. 

El escándalo fue de tal magnitud, un choque tan brutal contra la publicitada austeridad de Podemos y de sus dirigentes y la publicitada actitud contraria a la casta, que Iglesias convocó un referendum en el partido sobre la compra, advirtiendo que si no recibía el apoyo de sus seguidores renunciaría a su cargo. El respaldo fue masivo. 

El último episodio es más grave porque tiene unas connotaciones judiciales y fiscales de imprevisibles consecuencias. Dos diarios han ido desgranando informaciones, exclusivas, en los que han aportado datos que colocan al vicepresidente en una situación comprometida, lo que ha provocado preocupación tanto en Podemos como sobre todo en La Moncloa, porque Iglesias podría verse imputado por varios delitos, entre ellos uno por destrucción de documentos y otro contra la intimidad.

A la revista Interviú llegó en enero de 2016 una tarjeta de un móvil del vallecano que contenía fotos y conversaciones muy personales, algunas instantáneas de carácter íntimo. El presidente del grupo Zeta, Antonio Asensio, decidió llamar al líder de Podemos y entregarle la tarjeta.

Correspondía a un celular utilizado por Dina Bousselham, asistente de Iglesias cuanto era eurodiputado y que había sido robado. Algunos de los datos habían sido publicados en un digital y pertenecían al material incautado al excomisario Villarejo. Iglesias y su asesora tomaron medidas judiciales y prestaron declaración ante el juez García-Castellon en una causa separada de la que ya estaba abierta contra el antiguo espía.

A través de las investigaciones periodísticas se demostró que el líder morado no le había entregado la tarjeta a su exasistente cuando se la dio Asensio, sino cinco meses después y, como había declarado Bousselham, quemada. Castellón le retiró a Iglesias la condición de víctima y entonces la joven cambió su declaración diciendo que la tarjeta no estaba dañada, para tratar de exculparle. Por otra parte, los dos medios que han llevado las investigaciones siguieron aportando nuevos datos que ponían en una situación muy delicada a Podemos: el fiscal Ignacio Stampa había pasado información sobre el proceso en marcha a Marta Flor, abogada de Podemos y de los encausados, a la que García-Castellón ya había advertido que no podía defender a ambos pues Iglesias ya no era víctima a la vista de lo conocido. El pasado jueves, este cambiaba de letrado cuando la Fiscalía iniciaba una investigación sobre Stampa por si se hubiera producido una violación del código ético profesional.

Pablo Iglesias no responde a las preguntas relacionadas con este último caso, pero tanto él mismo como Pedro Sánchez son perfectamente conscientes de que el juez García-Castellón tiene fama de minucioso y no dejar cabos sueltos; y los dos periódicos que han puesto al número tres del Gobierno contra las cuerdas no se inmutan cuando se les acusa de falsear informaciones. 

Visto el cúmulo de episodios que afectan directamente a dirigentes de Podemos, no puede sorprender que el vicepresidente segundo se encuentre en medio de una operación rocambolesca. Y es posible que hasta delictiva.