El anuncio que emitió la Comisión Europea hace unas semanas pilló a casi todo el mundo por sorpresa: Europa, hasta ese momento defensora a ultranza de los grandes mamíferos, se abría a relajar la protección del lobo para evitar daños a la ganadería y a las personas. Se hizo alusión a que esta propuesta era una suerte de venganza de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, por la muerte de un poni de su propiedad a manos (dientes) de estos carnívoros. Pero lo cierto es que, al menos en España, quien tenga un mínimo contacto con el mundo rural puede darse cuenta de que cada día se les ve más, atacan más y pierden más el miedo a adentrarse en núcleos urbanos.

El último censo oficial de la especie, disponible en la web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (miteco.gob.es), se llevó a cabo entre los años 2012 y 2014 y da una cifra de 297 manadas en toda España. En este documento se habla de un posible descenso de la especie en el noroeste peninsular, pero también se constata que se estaba expandiendo en esos momentos hacia el sur, recolonizando zonas en las que no se le veía hacía décadas, como Guadalajara o el Sistema Central. A día de hoy se tiene constancia de su presencia ya en provincia de Teruel y se ha registrado una pareja formada por una hembra ibérica y un macho alpino que ha establecido su territorio en el Bajo Aragón, en el primer contacto documentado de los dos grupos desde que los primeros ejemplares italianos llegaran al Pirineo catalán de manera natural hace más de dos décadas.

El hecho es que el lobo cada vez ocupa más espacio. Las llamadas «comunidades loberas» (Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León) ya no están solas. La ganadería riojana sufre serios problemas en la zona de Cameros (Sistema Ibérico); en Álava cada vez son más frecuentes los ataques; en Guadalajara hace años que el lobo es un problema en ciertas comarcas; la Comunidad de Madrid alberga varias manadas que son protagonistas de daños al ganado y atropellos; y se tiene ya constancia de su presencia, al menos esporádica, en el norte de Cáceres y de Toledo.

La guerra del loboEsta realidad queda plasmada en un estudio realizado por la Fundación Artemisan que asegura que la población de lobo ibérico en España ha experimentado un crecimiento del 26% desde el último censo nacional realizado entre los años 2012 y 2014 y que actualmente se puede hablar de la presencia unas 400 manadas, lo que supondría una cifra de unos 2.800 ejemplares en nuestro país. El estudio asevera que, aunque la mayor parte de animales se concentra en las comunidades habitualmente consideradas como loberas, se ha consolidado su presencia en territorios como Madrid, La Rioja y Castilla-La Mancha; y además se detecta con frecuencia en Aragón, Extremadura y Cataluña, aunque no se han confirmado grupos reproductores en estas últimas.

Según Artemisan, este aumento de la presencia de la especie contrasta con la pérdida de cerca de medio millón de cabezas de ganado extensivo en las cuatro principales regiones loberas en el mismo tiempo, registrándose daños a la cabaña ganadera en todas las comunidades con presencia de la especie, lo que conlleva emplear importantes cantidades económicas en la compensación de daños y medidas preventivas. Y es que, según los datos obtenidos de las distintas comunidades autónomas, se producen más de 8.000 ataques a ganado extensivo, unos 22 ataques diarios, con 10.000 cabezas depredadas, 27 al día, lo que supone un gasto anual de 3,5 millones de euros en compensación de daños y más de cuatro millones de euros en medidas preventivas.

Esta cifra de 22 ataques diarios en la última década sube hasta 35 desde que se aumentó la protección del lobo al norte del Duero en 2021, según COAG. La organización agraria sostiene que durante el primer año de aplicación de la orden TED/980/2021, por la que se modificaba el Real Decreto 139/2011 para incluir al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE), los ataques con daños a ganado se han disparado un 19%. Los cálculos realizados por los Servicios Técnicos de COAG, sobre la base de los datos oficiales de las comunidades autónomas con más presencia de manadas (Asturias, Cantabria, Galicia, Castilla y León y La Rioja), son contundentes: en los doce meses de 2022 se registraron 2.338 ataques más que en el mismo periodo del año anterior; de 10.560 a 12.898.

Peticiones a Bruselas.

El 22 de septiembre concluyó el plazo para que se le trasladen datos actualizados del censo real de lobos que hay en España (y el resto de Europa) a la Comisión Europea, de manera que se pueda valorar la posibilidad de atenuar el nivel de protección del que goza la especie en territorio comunitario. Gaspar Anabitarte, portavoz de Ganadería y Lobo de COAG, afirma que «nos consta que los datos que han traslado las comunidades autónomas evidencian que Teresa Ribera se pasó de frenada e hizo caso omiso a aquellos datos que no justificaban su iniciativa», refiriéndose a la prohibición de cazarlo al norte del Duero que entró en vigor en 2021.

La guerra del loboUna de esas comunidades ha sido Castilla y León, la que más lobos alberga de toda España. El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha enviado una carta a la presidenta de la Comisión que adjunta un informe completo con datos y argumentos sobre la situación del lobo, así como la solicitud de que se flexibilice el régimen jurídico de protección de la especie para permitir de nuevo su caza. La Junta, de hecho, pretende que la gestión del lobo corresponda a la administración autonómica «como garantía de conservación de la especie y de equilibrio en su colisión con la ganadería extensiva».

Desde ASAJA, como también la Junta y otras administraciones y entidades, se ha criticado que el Gobierno de España remita a la Comisión Europea información sobre el estado de conservación del lobo en nuestro país que no se ajusta a la verdad, ya que informa que es desfavorable cuando la población de lobos no ha dejado de aumentar, aseguran.

UPA, por su parte, ha remitido a la Comisión Europea diez propuestas para hacer viable la coexistencia entre la ganadería y el lobo ibérico. La organización hace hincapié en la necesidad de un estudio profundo y rechaza homogeneizar el estatus de protección del lobo en toda España, dado que su situación no es igual en todos los territorios. También mencionan la exigencia de poner en práctica medidas preventivas y habilitar indemnizaciones por daños que sean justas. Además piden un control poblacional cuando sea necesario y permitir dejar en el campo los animales que mueren en las explotaciones, dado que la carroña es una importante fuente de alimento para el lobo. Solicitan asimismo que se deje participar a los ganaderos en la gestión, en la que deberían implicarse todas la autoridades competentes y que debería llevar aparejada la delimitación de zonas especiales para lobos, sostienen desde UPA.

La Real Federación Española de Caza (RFEC) también se ha implicado en la materia y ha trasladado a la Comisión Europea los datos, hechos públicos por la Fundación Artemisan, que certifican el crecimiento de las poblaciones de lobo en España, lo que, según este organismo, demuestra el buen estado de salud del cánido y la necesidad de habilitar un control cinegético de la especie. Además ha enviado a Bruselas las cifras facilitadas por las comunidades del norte del Duero y los datos publicados por los sindicatos agrarios con relación a los daños al ganado. El presidente de la RFEC, Manuel Gallardo, ha exigido a la ministra Teresa Ribera «que escuche a Europa, a los datos oficiales y al mundo rural» para que el lobo «no esté ni un día más en el LESRPE», ya que de seguir protegida la especie «por meras cuestiones ideológicas» acabará con «una actividad imprescindible como la ganadería».

La organización agraria riojana ARAG-ASAJA se expresa en la misma línea y ha suscrito el documento que la Consejería de Agricultura de esa comunidad ha hecho llegar la Comisión Europea con los últimos datos sobre la población del lobo en La Rioja y el incremento en el número de sus ataques a la cabaña ganadera de los últimos años. Este departamento, además, ha pedido al Ministerio de Teresa Ribera que reaccione y saque al lobo del LESRPE. Para la organización, lejos de ser una especie en peligro de extinción, el lobo es una especie en expansión ya que, según los últimos datos extraídos del censo, la comunidad cuenta en la actualidad con cuatro manadas reproductoras con hasta 38 ejemplares y otra itinerante.

Esto ha provocado que los ataques de lobo se hayan duplicado el pasado año llegando a los 696, habiéndose constatado su presencia en más de 40 municipios riojanos. «Como organización agraria nos preocupa el descenso de población y de ganadería en la sierra porque la presencia del lobo ha frenado la incorporación de jóvenes ganaderos a esta actividad en una zona ya de por sí deprimida y con riesgo de despoblación muy importante», ha manifestado Igor Fonseca, secretario general de ARAG-ASAJA.

Unión de Uniones tampoco ha querido ponerse de perfil en este asunto y ha presentado a la Comisión una radiografía completa de la situación del lobo en España, su presencia y evolución en los distintos territorios así como las deficiencias en la gestión y los daños que genera en la ganadería. La organización explica que, a la par que se ha incrementado la población de lobos, también lo han hecho los daños a la ganadería y recalca que, pese a las fluctuaciones anuales que pueden derivar de la disponibilidad de presas silvestres y el efecto de la infradenuncia por parte de los ganaderos por diversas causas, (plazos, burocracia, animales no encontrados en plazo, bajos niveles de indemnización, peritaje erróneo…), la tendencia también es creciente en términos de daños al ganado.

«Si se comparan los datos de animales atacados con el total de animales en extensivo, puede parecer que los ataques tienen poco calado, sin embargo, esta es la trampa de algunas de las administraciones y organizaciones ambientalistas. El lobo no está en todo el territorio, por lo que los daños no deben compararse para todo el territorio. Así, denunciamos que es fácil encontrar comarcas agrarias donde solo los daños oficialmente reconocidos afectan hasta al 7% de la cabaña ganadera en extensivo total en un solo año. No hay ganadería viable con ese diezmo constante», denuncian desde Unión de Uniones.

Las alegaciones han sido presentadas. Dada la agilidad de los trámites en la Unión Europea, es complicado pensar que el estatus del lobo vaya a ser modificado próximamente, pero parece claro que desde el Gobierno comunitario tendrán que planteárselo. Un control poblacional parece sensato, siempre y cuando se realice en los lugares necesarios y de forma adecuada, fijándose sobre todo en manadas o ejemplares conflictivos. La ganadería extensiva está en juego en muchos lugares. Y los pueblos y el medio ambiente no pueden prescindir de esta actividad.

Influencia en otras especies silvestres.

En su documento, Artemisan explica que la presencia del lobo, unida a la expansión de enfermedades como la Cephenemia stimulator (una mosca de la familia de los tábanos cuyas larvas se desarrollan en la tráquea de su hospedador), está contribuyendo a la rarificación y desaparición del corzo en zonas como Los Ancares (Galicia y Castilla y León) y algunas otras. Y en el caso de la Sierra de Gredos (Ávila), donde hasta 2015 estaba ausente, la acción del depredador, que ha colonizado la Reserva Regional de Caza en pocos años con una importante densidad, ha influido en la estructura poblacional del macho montés, la especie más emblemática de la zona; los pueblos de la reserva cifran en dos millones de euros el perjuicio causado a sus arcas en estos años.