Toledo acoge las oposiciones de 2019 y 2020 para la Junta

La Tribuna
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Los exámenes del fin de semana, para cubrir 1.518 plazas y con 57.500 aspirantes, se celebran en la Academia de Infantería y en los institutos Alfonso X El Sabio, Azarquiel, Carlos III, El Greco, Juanelo Turriano, María Pacheco y Universidad Laboral

Toledo acoge las oposiciones de 2019 y 2020 para la Junta

Este fin de semana han comenzado las pruebas selectivas correspondientes a las Ofertas de Empleo Público de 2019 y 2020 que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha convocado para cubrir un total de 1.518 plazas de Administración General y para las que hay más de 57.500 aspirantes admitidos.

En concreto, este sábado y domingo se celebrarán las primeras pruebas de los procesos selectivos correspondientes a los grupos A1 y A2 de funcionarios para los turnos libre y discapacidad general, a las que están llamadas a participar un total de 8.771 personas.

Los exámenes de este fin de semana tendrán lugar en la Academia de Infantería y en los institutos Alfonso X El Sabio, Azarquiel, Carlos III, El Greco, Juanelo Turriano, María Pacheco y Universidad Laboral, a los que el Gobierno regional ha mostrado su agradecimiento por la colaboración prestada. También la Escuela de Administración Regional, dependiente de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, será una de las sedes que acogerá estas pruebas.

El director general de Función Pública, José Narváez, ha recorrido hoy los diferentes espacios y ha confiado en que los exámenes transcurran «con el mismo éxito» que los llevados a cabo en la convocatoria de los anteriores procesos selectivos, correspondientes a las ofertas de 2017 y 2018.

Turno independiente para personas con discapacidad intelectual. A estas 1.518 plazas hay que sumar las 65 correspondientes a las ofertas de empleo de público de 2017 a 2020 convocadas por el Ejecutivo autonómico para favorecer la incorporación de las personas con discapacidad intelectual a la función pública, cuyos exámenes tuvieron lugar el pasado 25 de septiembre a través de un novedoso proceso independiente, con temarios y pruebas adaptadas, a las que fueron admitidos 554 aspirantes.

Esto ha sido posible gracias a la modificación de la Ley de Empleo Público de Castilla-La Mancha, que el Gobierno regional impulsó con el objetivo de facilitar el acceso de las personas con discapacidad intelectual a la función pública.

Por tanto, son un total de 1.583 plazas las convocadas este año en Administración General, de las que 915 son para funcionarios y 668 para personal laboral, y para las que han sido admitidos, en su conjunto, 58.120 aspirantes, de los que más del 70% son mujeres y nueve de cada diez residentes en la región

Estos procesos selectivos suponen todo un reto para la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas desde el punto de vista logístico, ya que se estima que participen alrededor de 5.200 personas en su organización y desarrollo. De ellas, más de 700 integrarán los 70 tribunales calificadores que se han constituido y otras 4.500, entre vigilantes, coordinadores provinciales, responsables de centro, responsables de pabellón y personal de servicios velarán por garantizar su normal desarrollo.

Llegar a más de 20.000 plazas aprobadas en 2023. Desde 2016, se han aprobado más de 15.700 plazas de empleo público y la previsión del Ejecutivo autonómico es llegar a más de 20.000 plazas en el año 2023. De esta manera, «se sigue cumpliendo el compromiso del presidente Emiliano García-Page de aprobar todos los años una oferta de empleo público en todos los sectores, lo que supone ejecutar al 100% los planes de impulso a los servicios públicos que se vienen desarrollando desde la anterior legislatura».

Con estas sucesivas ofertas de empleo se persigue «ofrecer posibilidades de encontrar un empleo en la Administración, facilitar oportunidades de promoción interna, blindar las plantillas, favorecer la incorporación de las personas con discapacidad intelectual a la función pública y reducir la tasa de interinidad». En definitiva, «mejorar la calidad de vida de la ciudadanía de Castilla-La Mancha, mejorando, a su vez, la calidad de los servicios públicos que se prestan».