Las espadas en la contienda de la investidura siguen en todo lo alto. De hecho, cada día que pasa desde el 23 de julio, que puso sobre la mesa un tablero diabólico en cuanto al resultado, es más intenso en lo político que el anterior. La última noticia de peso es que el Partido Popular –formación vencedora en las urnas– convoca un acto para el próximo domingo 24 en Madrid con el fin de que los españoles puedan «mostrar su rechazo» a cualquier instrumento que «al margen de la ley» se quiera plantear con el único objetivo de que el presidente del Gobierno en funciones pueda «conseguir una serie de votos que necesita para perpetuarse en el poder». El PP redobla su acción y busca una fotografía histórica que sirva, además, para poner frente al espejo a un PSOE que, en manos de Pedro Sánchez, parece dispuesto a pasar por el aro de los independentistas catalanes y conceder beneficios judiciales a los condenados por la consulta ilegal.
«Que se está hablando sobre una amnistía no lo hemos soñado los españoles, tenemos datos, hechos, afirmaciones y silencios que lo confirman, silencios por parte del propio Pedro Sánchez, que no ha dicho absolutamente nada de todo esto, y de los miembros del Gobierno que no se pronuncian, pero que cuestionan y atacan a cualquier demócrata que se posiciona en contra de dar la razón a aquellos que promovieron un ataque al orden constitucional». Sobre este argumento construyó la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, la justificación de la convocatoria de este «gran acto».
La réplica en el Gobierno en funciones y aspirante a la triste cuadratura del círculo que se plantea, no se hizo esperar. Yolanda Díaz, que se mostró convencida de que la legislatura terminará viendo la luz con un Ejecutivo de coalición progresista «por el bien común de España», acusó a Feijóo en concreto y a los populares en general de «llamar a la rebelión nacional» y estar cometiendo un «fraude de ley» por acudir a la investidura «sin ninguna posibilidad de ser elegido».
En estas arenas movedizas en el terreno político –que al final es que lo dictamina todo para bien o para mal–, se mueve la gobernabilidad de un país que necesita, de forma imperiosa, certezas. Qué va a ser de nuestro Estado de Derecho, de nuestro sistema judicial y de nuestra Constitución y nuestro marco legal debería ser el pilar primordial en cualquier tipo de negociación de lo que España pretende ser como nación. Y eso, precisamente ahora y más que nunca antes en nuestra breve, pero intensa historia democrática, está en tela de juicio. Los españoles han asistido –asisten de hecho todavía– a una subasta pública –escrita, radiada y televisada– con el fin último de conseguir ser presidente de nuevo. Parece dar igual el precio a pagar. Hay líneas que no se deben cruzar.