El Gobierno regional ha llevado a las Cortes la nueva Ley de Integridad Pública de Castilla-La Mancha, que según el vicepresidente primero de la Junta, José Luis Martínez Guijarro, será «la ley más estricta en nuestro país en materia de incompatibilidades». Además en el trámite parlamentario el PSOE y el PP se han puesto de acuerdo para endurecer algunos artículos, como ocurre con la regulación para evitar las 'puertas giratorias'.
En la ley se regula en el artículo 17, el que habla de «desempeño de actividad privada posterior al cese». La ley presentada por el Gobierno daba dos meses de plazo a esos exaltos cargos para comunicar a la Oficina de Integridad el inicio de sus actividades laborales, económicas o profesionales en una entidad privada. El PP y el PSOE han decidido limitarlo más y que ese exalto cargo tenga que comunicarlo con carácter previo al inicio de su andadura en la empresa, en lugar de dejar esos dos meses de plazo.
Las enmiendas de PP y PSOE también apremian más a la Oficina de Integridad, que tendrá que pronunciarse sobre la compatibilidad o no de esa actividad profesional. La ley daba un mes a la Oficina de Integridad, pero PP y PSOE le añaden que ese mes es el plazo «máximo» para pronunciarse. Asimismo van a quitar el apartado que indicaba que tras dos meses sin comunicación, se entendía el pronunciamiento como favorable.
Otro de los cambios que introducirán PP y PSOE afectarán a las empresas o entidades que quieran 'fichar' a esos políticos. En caso de que el informe de la Oficina de Integridad sea desfavorable, esa comunicación llegará también a la empresa en cuestión, apercibiéndole «de las consecuencias o limitaciones que, con arreglo a la normativa vigente en materia de contratos y subvenciones, se le pudieran ocasionar».
En ese sentido, ambos grupos parlamentarios van a introducir una nueva disposición final para modificar la Ley de Hacienda, de forma que abrir una 'puerta giratoria' pueda tener penalización para las empresas. El cambio precisa que los beneficiarios de subvenciones tendrán que acreditar no ser receptoras de la prestación de servicios o actividades por parte de personas que, habiendo desempeñado cargos públicos o asimilados en la Administración de la Junta, incumplan estas limitaciones a los dos años del cese.
Los partidos regulan el 'paro' de los exaltos cargos
Otro de los puntos en los que se han puesto de acuerdo PP y PSOE tiene que ver con la prestación por inactividad laboral (lo que se podría entender por paro) para los exaltos cargos. Eso se incluirá en la ley en una disposición adicional tercera. Se aclara que tanto para los consejeros como para los titulares de órganos públicos no se dará ningún tipo de indemnización, pero sí se regula una prestación en caso de que no puedan reingresar a la actividad laboral que desempeñaban de manera previa a su nombramiento.
La disposición adicional entra en detalle. Por ejemplo, para el cálculo de la duración de prestación, se tendrá en cuenta que, en caso de que la persona hubiese desempeñado varios cargos se sumará el tiempo dedicado a cada uno. Se aclara que la prestación se recibirá mensualmente y será igual a la doceava parte del 80 por ciento del total anual de las retribuciones que estuvieran percibiendo. Así será durante un año. Luego se bajará al 60 por ciento.