La «deriva» de la convivencia en el número 8 de la calle Yedra alarma a los vecinos que residen legalmente en la zona. Los afectados por la ocupación ilegal de viviendas, garajes y trasteros en el inmueble exigen una respuesta «inminente» a las administraciones públicas y advierten que «la situación se ha vuelto insostenible». Quienes tienen su hogar en esta zona del Polígono alertan de una expansión del vandalismo en el barrio y denuncian «coacciones directas» para forzarles a abandonar sus pisos.
Los vecinos señalan una pintada aparecida en los últimos días, ya borrada, como ejemplo de la escalada violenta que soportan. «Más de uno se va a llevar dos tiros», rezaba la amenaza. «Ya no se cortan», explica José Luis Calvo, portavoz de la Plataforma por el Derecho a una Vivienda Digna. «La integridad de estas personas está en riesgo», insiste. Los vecinos, a su vez, refieren un ultimátum contra uno de ellos que vence en el día de hoy y que le conmina a abandonar la vivienda en la que está instalado.
La Plataforma por el Derecho a una Vivienda Digna estima que de los 148 pisos de los que consta la propiedad alrededor de 60 están ocupados de forma irregular. «Va a haber una tragedia y la estamos viendo llegar», asegura una vecina.
Además de los defectos de construcción que sufre el inmueble, otro contratiempo que afecta a la salud de sus moradores, la seguridad es la principal preocupación en Yedra 8. «En el 2019 empezó la ocupación por gente que no eran adjudicatarios de los pisos. Fue cuando empezaron a entrar y cuando los episodios violentos fueron a más», rememoran.
«Algunas familias están encerradas en casa y no salen por puro miedo», cuentan los manifestantes. «Queremos vivir sin miedo». Los afectados apuntan a la Delegación del Gobierno como responsable de la seguridad y la coordinación policial. Reclaman una reunión con carácter urgente y apuntan hacia los indeseados vecinos. «Se sienten impunes». Los manifestantes lamentan que la instituación que representa al Gobierno de España en la región haya declinado, por veces, la reunión que los afectados le han pedido. «En Yedra tenemos un problema de seguridad inmenso y ya no sabemos a quién recurrir»
Más allá de las coacciones sufridas, tanto físicas como verbales, aquellos que ejercen la ocupación ilegal «están deteriorando la comunidad» deliberadamente como forma de propiciar el adiós de los titulares de un inmueble propiedad de Gicaman, empresa pública dependiente de la Junta de Castilla-La Mancha.
«El que ha podido se ha marchado», expresa Calvo. «Las luchadoras», como define el también presidente de la Federación El Ciudadano a las mujeres que viven en este bloque con ajuste a lo estipulado, se aferran a la legalidad de su condición y al deseo de un mejor futuro para ellas y sus hijos. La situación que atraviesa este punto del Polígono preocupa por su potencial contagiador. «El problema ya no se ciñe a un barrio sino que empieza a trasladarse al resto de los barrios. Y cuando un barrio se estigmatiza es la ciudad entera quien lo transmite».