Escribía la semana pasada sobre el significado institucional del Consejo de la UE, a propósito de que España haya iniciado su semestre de presidencia. Dada nuestra tesitura política, cabría preguntarse sobre el efecto de la celebración de elecciones generales, en el país al que le corresponde el turno, sobre el funcionamiento de la presidencia rotatoria. Aunque, por supuesto, las presidencias no son improvisadas, ya que, si todas no siguen el mismo ritmo y cadencia, si se ciñen a la orientación del proyecto político europeo del Consejo y, además, se preparan con mucha antelación. De hecho, desde 2016 se conocen los tríos y las presidencias rotatorias hasta 2030, año en el que previsiblemente se publicará otra Decisión del Consejo Europeo para establecer las consecutivas.
Hay algunos precedentes. Francia en 2022, el más reciente, pero también lo fue la República Checa en 2009, Polonia en 2011 o Bélgica en 2010, donde pasaron hasta 541 días sin formar gobierno, lo que no le impidió ejercer con éxito la presidencia. España funcionará como país, sea quien sea su presidente tras las elecciones. Para ello, desde 2021 se ha ido creando una estructura compuesta por el Comité Organizador de la Presidencia española del Consejo de la UE, la Oficina de Coordinación para la Presidencia española de la UE y la Secretaría General para la UE, dedicada a la coordinación interdepartamental con vista a la preparación y planificación de la presidencia española. Tendrá que centrarse en asuntos aplazados como la reforma de las reglas fiscales, que tras cuatro años suspendidas por la pandemia exigirán de nuevo en enero la reducción de la deuda y déficit públicos. Se ocupará de cuestiones de interés español como el relanzamiento de las relaciones entre la UE con América Latina y el norte de África, pero también de las materias pendientes tras la presidencia de Suecia.
Por eso, hace unos días se reunieron los presidentes español y sueco para tratar sobre el estado de los trabajos desarrollados durante la presidencia sueca. En particular, la defensa de los valores democráticos y del Estado de derecho y la seguridad y defensa colectiva frente a la agresión rusa. En Suecia, precisamente, tras 200 años de neutralidad aprobó en marzo su Parlamento, a la par que el finlandés, la entrada en la OTAN para fortalecer su posición frente un eventual ataque ruso. Finlandia, que comparte 1.300 kilómetros de frontera con Rusia consiguió en abril que fuese aprobado su ingreso por los miembros de la OTAN, lo que aún no ha conseguido Suecia por el veto de Turquía y Hungría. A pesar del esfuerzo del resto de los miembros de la Alianza por encontrar una solución, Turquía sigue reticente a su ingreso por proteger a los independentistas kurdos, considerados como terroristas por Turquía, y a Hungría sigue sin gustarle que se dude sobre su respeto al Estado de derecho, al margen de ser el principal socio occidental de Rusia. Veremos si hay avances para la Cumbre de la OTAN en Vilnius este mes de julio.