En septiembre, al inicio del curso político, es frecuente que los responsables públicos expongan algunas de las directrices por donde discurrirá su acción en los próximos meses. Así está ocurriendo en Toledo, donde el presidente regional, Emiliano García-Page, se reunió días atrás con el alcalde de la capital, fijando, según han referido los medios de comunicación, una 'hoja de ruta' para su entendimiento durante la legislatura iniciada en el pasado mes de junio. El tiempo dirá si desde el Palacio de Fuensalida se da a Carlos Velázquez el 'pan y la sal' que en los últimos ocho años se racanearon a Milagros Tolón, frente a la generosidad que la Junta de Comunidades tuvo con otros municipios y capitales de Castilla-La Mancha.
A la espera de ver en qué fructifica este encuentro, que también será interesante seguir por cuanto pueda contribuir a 'minar' el liderazgo de Paco Núñez al frente del PP regional, quiero referirme hoy al anuncio expresado por el presidente de la Junta de ir 'pensando' la posibilidad de que las Cortes de Castilla-La Mancha abandonen el antiguo Convento de San Gil, donde están radicadas desde 1985.
Cuando en los primeros años ochenta la Junta de Comunidades comenzaba su andadura, el Casco Histórico de Toledo atravesaba un momento muy crítico. Tras la entrega de las 826 viviendas sociales conocidas como 'las Malvinas' en el barrio del Polígono y el inicio de nuevos desarrollos urbanos en ensanches y periferia, la caída en el número de residentes y su envejecimiento fueron considerables. En esa década se perdieron casi cinco mil vecinos. A ello se sumaba el deficiente estado de conservación y abandono de buen número de edificios patrimoniales. En ese momento, las administraciones regional y nacional, con gran acierto, apostaron por la recuperación de algunos de estos inmuebles para acoger a sus crecientes infraestructuras burocráticas y de atención ciudadana. Así se rehabilitaron espacios como el Nuncio, parte del Colegio de Doncellas Nobles, los antiguos conventos de San Pedro Mártir, Madre de Dios y Jesús y María, la 'OJE' de la calle Trinidad, el propio Palacio de Fuensalida, la Biblioteca Regional o San Gil. Esto supuso un notable incremento de la actividad terciaria en el Casco, contribuyendo, con ello a que su debacle no se acelerase, si bien es cierto que generaron colapso de tráfico y aparcamiento en determinadas zonas del recinto histórico, en detrimento de la cotidianeidad y tranquilidad vecinal.
Hoy, cuarenta años después, muchas de las sedes y oficinas de la Junta de Comunidades se encuentran fuera del Casco Histórico. También las de la AGE, siendo reseñable, a este respecto, la disminución en los servicios de atención al público del Ministerio de Hacienda, tras el desalojo hace unos años de sus dependencias en la calle Alfonso X El Sabio por daños estructurales en su edificio debidos a una plaga de termitas. La problemática actual del centro de Toledo no pasa tanto por la minoración de servicios administrativos públicos, como ha denunciado muy 'alarmado' el ex alcalde Agustín Conde respecto a la posible marcha de las Cortes (diciéndolo sin despeinarse, olvidando que hace veinticinco años él se opuso radicalmente a que la Biblioteca Regional recalase en el Alcázar, lo que sí hubiese sido una 'puñalada' al Casco), como por conseguir aumentar el número de residentes y lograr un adecuado equilibrio entre los usos vecinales, administrativos, culturales, sociales, educativos, comerciales, asistenciales o turísticos, sin que los primeros sigan resintiéndose y nuestros barrios vayan transformándose en 'zona hostil' por sobreabundancia de los últimos. Pero tampoco es este el debate a abordar en estas líneas, porque, obligado es reconocerlo, la actividad que genera el Parlamento Regional apenas es perceptible para la ciudadanía y el devenir diario del Casco, si bien, desde el punto de vista institucional y representativo, su marcha sería un palo.
El edificio de San Gil es uno de los mayores inmuebles históricos de nuestro Casco Histórico. Hasta 1835 permanecieron allí los Hermanos Menores Descalzos, conocidos popularmente como los 'Gilitos'. Durante los procesos desamortizadores del XIX, el inmueble pasó a ser propiedad estatal y tras unas obras de acondicionamiento, en 1860 comenzó una nueva etapa como prisión provincial, uso que mantuvo hasta después de la Guerra Civil. Como centro punitivo, tanto durante ésta, como tras la toma de Toledo por las tropas franquistas y en los primeros años de la Dictadura, decenas de detenidos pasaron allí sus últimas horas antes de ser asesinados o fusilados. Y los hubo, obligado es recordarlo, de todas las ideologías, pues cuanto mataron los unos hasta septiembre de 1936, luego lo acrecentaron los otros contra los republicanos durante los años cuarenta.
Creo, por tanto, que si la idea lanzada por el presidente García-Page sigue adelante, y no queda (como otras) en el limbo de las propuestas perdidas, no estaría de más, que las Cortes Regionales, antes de ampararse bajo nuevo techo, hicieran un reconocimiento público a los hombres y mujeres que purgaron allí condena por razones ideológicas, testimoniando el firme compromiso de nuestros representantes regionales con la recuperación de la memoria histórica y democrática, dejando constancia de que donde antaño se penaba y castigaba por defender ideas políticas o sindicales, hogaño se debate y legisla en libertad, respetando la pluralidad que representan los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Homenajes así, fortalecen la Constitución y no empujan para que España se "rompa".