Tras unas elecciones generales celebradas en pleno verano, un 23 de julio, que venció el PP pero sin mayoría absoluta, el pasado 17 de agosto dio comienzo la XV legislatura de la Democracia española. Un período que vivirá la próxima semana un momento clave: la sesión de investidura, los días 26 y 27, del candidato designado por el Rey, Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP cumplirá con el encargo de Felipe VI y acudirá al Congreso como ganador de los comicios. Pero lo hará a sabiendas de que no obtendrá la confianza de la Cámara Baja.
Pese a ser plenamente consciente de esto, Feijóo tiene una importante doble misión que cumplir en el Hemiciclo: exponer su modelo de Estado, el del PP que lidera, contrapuesto al que durante la última legislatura ha ejecutado el primer Gabinete de coalición de la Historia de España; y evidenciar que es mucho más que cuatro diputados lo que le separa de Moncloa.
El gallego tratará de hacer patente en público que no sacará adelante su investidura porque no está dispuesto a asumir un chantaje del independentismo que, en cambio, sí parece querer aceptar Pedro Sánchez para seguir en el poder.
El jefe del Ejecutivo en funciones negó en la campaña electoral que tuviera intención de conceder una amnistía a los líderes del procés y aseguró que traería a los huidos, con Puigdemont a la cabeza, de vuelta a España para ser juzgados. Sin embargo ahora, con la vista puesta ya en el previsible fracaso de Feijóo y su posible investidura si es designado candidato, la carrera por obtener apoyos ha cambiado su discurso, defienden en Génova.
Ante las exigencias del secesionismo catalán, verbalizadas por el expresidente de la Generalitat fugado Carles Puigdemont, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, que le piden una amnistía y, de facto, el reconocimiento de que el procés no fue un delito, Sánchez abre la puerta al perdón porque, como defiende, sería la manera de sacar de la vía judicial algo que tacha de «conflicto político».
Todo ello sin pasar por alto otras demandas económicas, como la multimillonaria deuda histórica que dice el independentismo tiene el Estado español con Cataluña, por la «infrafinanciación» a este territorio, o su empeño en no renunciar a la unilateralidad en su camino hacia la autodeterminación.
Voces 'disidentes'
Con este escenario de fondo, le recordará Feijóo en el Congreso a Sánchez las voces críticas que han proliferado incluso en su propio partido, instándolo a no ceder a una exigencia que históricos del PSOE como el expresidente del Gobierno, Felipe González, y el que fuera su número dos en el Ejecutivo, Alfonso Guerra, calificaron como una «falsificación de la historia» y un desprecio a la Transición.
A ellos y otras grandes figuras socialistas de la vieja guardia, como les llaman en la actualidad en Ferraz, se les acusa de disidentes. Precisamente ese motivo, «su reiterado desprecio a las siglas del PSOE», propició la última expulsión de todo un emblema del socialismo vasco: Nicolás Redondo. Por ello, González y Guerra contraatacaron: «el único disidente en el partido es el propio Sánchez», que está intentando acallar las voces críticas a sus intenciones pese a que ha sido él «quien ha dado un giro a cambio de un puñado de votos».
Con la amnistía en el foco del huracán político, el PP llamó a la movilización en las calles con un gran acto en Madrid convocado justo en la víspera de la investidura. Esa iniciativa refleja otra meta de Feijóo: erigirse como el defensor de la unidad nacional, el derecho a la igualdad entre todos los ciudadanos, su libertad y el respeto a la separación de poderes.
Defienden desde Génova que su líder nunca mintió a sus votantes, como aseguran sí ha hecho el del PSOE al afirmar que no cruzaría las líneas rojas que marcan la Constitución ni se plegaría a Puigdemont. Es más, recuerdan que Feijóo ofreció a Sánchez un gran acuerdo de Estado para Gobernar en una legislatura de dos años y, después, convocar elecciones. Eso evitaría que España «tuviera que plegarse a los chantajes del secesionismo». Lo intentó, también, con el PNV, que desde el principio rechazó darle un sí por su alianza con Vox.
Pero los esfuerzos del candidato popular por lograr los apoyos que requiere su investidura fueron baldíos. Necesita sumar 176 votos a favor en una primera votación, y cuenta con 172 (los 137 escaños de su partido, los 33 de la formación de Santiago Abascal, y los dos que aportan Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro).
En una segunda vuelta le bastaría tener más síes que noes, algo que tampoco parece factible, ante la previsible unión de las fuerzas de la izquierda para impedirlo. Y más con la vista puesta ya en una posible investidura de Sánchez, si es que su nombre es el elevado por el Rey para intentarlo.
No obstante, en Génova recuerdan: todos los candidatos a la investidura que ha habido en España han terminado siendo, tarde o temprano, presidentes del Gobierno.