Lo dice el primer artículo de la nueva Ley de Bienestar Animal: «Quedarán excluidos los perros de caza, rehalas y animales auxiliares de caza». La regulación, por tanto, de estos animales se remitirá a la normativa autonómica, estatal y europea que haya al margen de esta nueva ley. Aunque sean una excepción, desde el sector de la caza de Castilla-La Mancha ni se fían del todo ni parecen satisfechos con los efectos que tendrá la Ley de Bienestar Animal en la región. 

«Vamos a estar expectantes para que cuando se haga el desarrollo de reglamentos se cumpla o se respete lo que dice la ley», avisa el presidente de la Federación regional de Caza, Agustín Rabadán. Espera que cuando se concreten las nuevas reglas para aplicar La Ley de Bienestar Animal «no se intente imponer vía reglamento lo que no se ha impuesto por ley». Y es que apunta que esta iniciativa en su origen «iba enfocada en contra de la caza o del sector cinegético».

Con la excepción hecha, los perros de caza se regulan por las leyes que hay a nivel regional. De 2020, por ejemplo, hay una Ley de Bienestar Animal en Castilla-La Mancha que incluye entre los animales de compañía «todos los perros, gatos y hurones independientemente del fin para el que se destinan o lugar en el que habiten». La ley autonómica ya obliga a «mantener a los animales en buenas condiciones higiénico-sanitaria» y prohíbe el abandono o el maltrato, entendiendo como tal su agresión o sometimiento «a cualquier otra práctica que les pueda producir sufrimientos o daños físicos y comportamentales». 

También en Castilla-La Mancha hay una Ley de Caza cuyo artículo 21 recoge que «la utilización de perros, caballos, hurones, aves de cetrería, reclamos de piezas de caza vivas o cualquier otro animal» ha de ser «respetuosa con el medio ambiente, el bienestar animal y el entorno natural». 

El director de la Fundación Artemisan y presidente de Aproca, Luis Fernando Villanueva, alerta de que con la nueva ley estatal «estamos viendo las primeras consecuencias de una ley que no se está aplicando por lo desastrosa que es, pero cuando se desarrolle el reglamento no dudo de que va a ser desastre para el medio ambiente».

Apunta que «la ley es ambigua, está mal redactada y prueba de ello es que la mayor parte de sus artículos no están vigentes, no sabe si han entrado en vigor, si hay que aplicarlos o no al no estas desarrollado el reglamento». Además critica que se hizo «sin escuchar las voces ni de científicos, técnicos, veterinarios, ni de nadie». 

Para Luis Fernando Villanueva hay un problema de fondo:«Dotar de derechos a un animal cuando no tienen obligaciones me parece un absurdo». Defiende que se asegure su bienestar, pero advierte de que «hemos mezclado conceptos muy distintos, que vienen del animalismo que es un concepto social excluyente en el que el que no opine como ellos es un salvaje». Y aunque los perros de caza han quedado excluidos, previene de la modificación del Código Penal. 

Los dueños de perro de caza tienen que asegurar su inscripción como tal en el veterinario

El presidente de la Fundación Artemisan, Luis Fernando Villanueva, hace un llamamiento a los dueños de perros de caza para que vayan al veterinario y aseguren su inscripción como tal, para garantizar que se aplica la excepción de la Ley del Bienestar Animal en estos casos. Apunta que «no basta con que lo diga el cazador». 

El presidente de la Federación de Caza, Agustín Rabadán, cuenta que muchos de los nuevos requisitos que impone la ley a los propietarios de perros ya los estaban cumpliendo aquellos que tienen perros de caza. «Nos rasgamos las vestiduras porque haya que tener seguro para el perro cuando el perro de caza siempre ha estado asegurado», comenta, «o porque haya que ponerle el chip, cuando en la caza a partir del tercer mes hay que poner el microchip a perros o hurones».