Txema Fernández, concejal de IU-Podemos, cree que lo que ha ocurrido con la prestación del servicio del agua es una consecuencia de haber privatizado un derecho esencial. Apunta que con este método sólo se busca «el beneficio industrial» y «no se garantiza la prestación del servicio, sino su mercantilización». 

Fernández desconfía de que el incremento de las facturas familiares sea en torno a los tres euros, porque plantea que «habrá que prorratear todo lo que ha dejado de ganar la empresa».

Sobre la gestión del anterior equipo de gobierno ante esta sentencia judicial, el edil de IU-Podemos entiende que «el anterior gobierno sabía que esto estaba privatizado y judicializado y quizás debería haber tomado cartas en el asunto». Asimismo, Fernández recordó que ellos propusieron recuperar el servicio para la gestión municipal como marca la ley de Bases del Régimen Local, pero el gobierno de Tolón «decidió dar una patada a seguir».