Tras lo escenificado esta semana en la constitución de las Cortes, parece que la salud de las alianzas entre el Partido Popular y Vox no pasa por su mejor momento a nivel nacional. Lo contrario que en las comunidades autónomas, donde sí han logrado capitular cuatro gobiernos autonómicos tras las elecciones del pasado 28 de mayo. Unos acuerdos territoriales que han tenido diferentes ritmos y también distintos niveles de encuentro, no exentos de polémicas pero firmados al final con éxito. 

En algunas ocasiones se han llevado a cabo con rápidos y expeditos pactos, como sucedió en la Comunidad Valenciana, y en otros con sonados parones, como el caso de Extremadura. En el panorama autonómico, el más reciente de los pactos es el de Aragón, donde tras meses de tiras y aflojas, el PP preside un nuevo parlamento gracias al apoyo de Abascal.

Pero para lograr los ansiados sillones presidenciales, uno y otro partido han tendido que lidiar con todo tipo de situaciones, aunque en todos ellos hay elementos en común. 

En líneas generales, el cuestionamiento de las leyes de Memoria Democrática o los derechos trans, la reducción de impuestos como el IRPF, la libertad de elección de centro escolar, el pin escolar y, en general, la defensa de la familia y de la unidad de España son los principales elementos en común de los pactos PP-Vox. 

A continuación se detallan las comunidades autónomas en las que las formaciones de Feijóo y Abascal han logrado llevar a buen puerto sus alianzas tras el 28-M para gobernar de forma conjunta durante los próximos cuatro años: Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura y Baleares.

Comunidad valenciana: el más rápido

Pasados 15 días de las elecciones autonómicas, PP y Vox anunciaron su primer pacto autonómico: el que permitió a Carlos Mazón convertirse en presidente de esta región levantina y dio a Vox la vicepresidencia primera y la consejería de Cultura, así como las de Agricultura y de Justicia e Interior y Gobernación. Ese primer acuerdo marcó las negociaciones de las posteriores citas entre ambos grupos para formar nuevos ejecutivos, aunque cada uno de ellos tendría sus propias peculiaridades y demandas locales. Así, en el caso de la región valenciana, el concierto pilotaba en torno a medio centenar de compromisos, entre ellos la defensa de la política de trasvases, como el del Tajo-Segura.

Entre sus valores primigenios, el pacto detallaba la aprobación de una ley integral de protección a la familia, así como políticas para erradicar la violencia intrafamiliar, en especial aquella que afecta especialmente a las mujeres y a los niños.

Igualmente, destacaba la libre elección de centro educativo por parte de los padres y la libre selección de la lengua de enseñanza entre las dos oficiales en todas las etapas de enseñanza, además de llevar a cabo un refuerzo en la inspección educativa para "sacar la ideología de las aulas", como detallan en el documento conjunto.

En este contexto, el pacto entre PP y Vox elimina todo tipo de subvención o ayuda a entidades o asociaciones que promuevan el concepto de Países catalanes, al tiempo que aprobarán una futura ley de señas de identidad que "protega los valores y costumbres tradicionales" en la Comunidad Valenciana.

Respecto a la Sanidad, el acuerdo establece un aumento de hasta el 30 por ciento en esta partida, y la realización de un plan sanitario para una atención "ágil y de calidad".

En materia económica y en línea con lo anunciado, PP y Vox reducirán el IRPF en todos sus tramos, rebajarán las tasas autonómicas y suprimirán organismos públicos innecesarios.

Otras medidas a tener en cuenta será un aumento de la dotación de vivienda pública, que incluirá un aval de hasta el 20 por ciento del coste total del primer piso a los jóvenes. Impondrán, igualmente, medidas contra la ocupación ilegal de inmuebles y exigirán al Gobierno de la nación que cumpla con todos los compromisos en infraestructuras de la Comunidad Valenciana, como el impulso del Corredor Mediterráneo.

Baleares: uso del castellano y derogación de la ley trans

En Baleares, el PP y Vox alcanzaron un acuerdo para formalizar un Gobierno en solitario capitaneado por la popular Marga Prohens a cambio de la presidencia del Parlamento balear y los gobiernos de los consells de Mallorca y Menorca. Pactaron además un total de 110 medidas, entre ellas la defensa del uso del castellano y la supresión de la ley trans autonómica, a la que se sumaría la norma regional de Memoria Histórica.

Una de las líneas del nuevo gobierno de Prohens pactada con los de Abascal es la de desmontar toda la política educativa del anterior Ejecutivo socialista. En este sentido, la dirigente popular apuesta por defender la libre elección del centro escolar, así como la lengua vehicular, ya sea el catalán o el castellano; además de eliminar definitivamente la Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos.

En la misma dirección que sucedió en la Comunidad Valenciana, Baleares también ha optado por crear una ley de protección a la familia y permitir que los menores entren a eventos taurinos si así lo desean sus padres. Lo mismo sucede en el aspecto económico, el acuerdo entre ambas formaciones apuesta por reducir el IRPF y por crear nuevas deducciones por nacimiento y adopción.

Otra de las líneas de choque es la elaboración de un plan de contención contra la inmigración ilegal y la ocupación de las viviendas en la comunidad, a lo que se sumaría la supresión de las ayudas públicas a organizaciones que colaboran con mafias que se dedican al tráfico de seres humanos.

Extremadura: con polémica previa

El pacto en Extremadura fue el más sonado de todos los acordados después de la negativa inicial de María Guardiola a gobernar con Vox y de acceder finalmente a darle una consejería, la de Gestión Forestal y Mundo Rural. Su acuerdo programático incluye hasta 60 medidas centradas en la familia y la lucha contra el paro, la pobreza y la despoblación.

Uno de los tintes más particulares del pacto entre PP y Vox en Extremadura es el de la defensa de la idiosincrasia y economía propia de la región, como sucede con la protección de la caza y la tauromaquia como fuente de cultura, riqueza y sostenimiento de la dehesa.

En este extremo, el nuevo Ejecutivo de Mérida reivindica igualmente revisar las prohibiciones y las limitaciones de la Red Natura, así como impulsar una nueva ley de aguas, que contemple la paralización de la demolición de la presa de Valdecaballeros.

En sintonía con el resto de pactos regionales entre PP y Vox, Extremadura también insta a reducir el IRPF, especialmente a los salarios medios y bajos y deducción, garantizar la neutralidad ideológica de la enseñanza y fomentar la igualdad de oportunidades, así como crear un plan de dignificación de la labor del docente. Asimismo, promueve la aprobación de una ley integral de protección a la familia y revisar todo el sistema y la normativa vigente en materia social.

Uno de los puntos más polémicos fue el referido a la violencia machista. En este sentido, el acuerdo establece que el Ejecutivo de Guardiola trabaje para erradicar los discursos machistas, ya sean en el ámbito civil o religioso, que promuevan o justifiquen la violencia contra la mujer.

Aragón: el más ideológico

Suscrito a primeros de agosto, las capitulaciones entre el PP y Vox para el Gobierno de Aragón ofrecen al partido de Abascal las consejerías de Agricultura y Ganadería y de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia, esta última con rango de vicepresidencia primera.

El pacto suscrito el pasado día 4 está basado en 80 medidas con un fuerte contenido ideológico.

En este sentido, la letra del acuerdo formaliza la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón, al tiempo que reforma la norma autonómica relativa a la Identidad y Expresión de Género.

En la misma línea, apuestan por la supresión de «organismos ideológicos», como corresponde al Comisionado para la Agenda 2030, así como el fin de las subvenciones a aquellas entidades de carácter ideológico, detalla el documento.

En materia familiar, el apoyo del nuevo Gobierno PP-Vox a estos colectivos es máximo y así lo describe al crear una nueva ley de apoyo a los hogares, mayores impulsos a la natalidad y una fuerte protección de la maternidad, con la implantación de un cheque bebé y asistencia a las víctimas de violencia intrafamiliar.

Por su parte, y en línea con todo lo anterior, el Ejecutivo bipartito concede otro cheque, pero esta vez educativo, para que los padres puedan elegir el centro educativo que deseen, además de implantar la gratuidad universal de la enseñanza en la etapa de cero a tres años y aplicar reducciones fiscales en el IRPF para financiar los gastos de aquellas actividades que son extraescolares.

Como complemento al mundo rural, la coalición propone repartir ayudas directas a agricultores y ganaderos para intentar paliar la sequía que vive el campo.