La patronal toledana mostró su rechazo a las modificaciones que pretende introducir el Gobierno de España en los Expedientes de Regulación de Empleo de fuerza mayor en cuanto al calendario de reincorporación de los trabajadores, medida que «va a provocar el cierre de empresas y el incremento del paro».
Así lo puso de manifiesto su secretario general, Manuel Madruga, quien apuntó que «la hoja de ruta del Gobierno en relación a los ERTE no ha sido clara y ahora, «pretenda forzar a las empresas a la reincorporación de los trabajadores en situación de ERTE». Tras ello consideró que el Ejecutivo no tiene «sensibilidad para establecer una desescalada laboral gradual y coherentecon la situación económica actual» tal y como ha hecho «establecido rigurosas medidas de desescalada socio-sanitaria.
Lo que demuestra, a juicio de Madriga, «que no tiene en cuenta si esa reincorporación forzosa es posible en las actuales circunstancias de depresión económica de España». El efecto inmediato de este calendario será, advirtió, «que pymes y autónomos, que hasta ahora no pagaban las cuotas patronales de los trabajadores en situación de ERTE, tendrán que pagar en el mes de julio el 65%, el 75% en agosto y el 85% en septiembre».
En este punto, apreció que el «Gobierno no entiende que las empresas están deseando reincorporar a sus trabajadores, pero que sólo podrán hacerlo cuando la situación económica se lo permita». Porque, aclaró, «no se trata de una cuestión de buena voluntad, sino de capacidad económica».
Incentivos fiscales. Esta ausencia de sensibidad denota, explicó el secretario general de Fedeto, que una vez más «no se ha escuchado a los empresarios y se les vuelve a dejar en el olvido» al querer imponerles una medida «que responde a unos deseos que tienen más de mediáticos que de realistas». Porque esa capacidad, «ahora, es prácticamente nula en muchos sectores empresariales, porque la situación económica de las empresas es agónica».
Los inevitables perjuicios de esta forma de regular, basada en los deseos y no en la realidad empresarial, determina «la ruina de miles de pymes y autónomos y es la antesala de la destrucción de cientos de miles de puestos de trabajo».
Apuntó Madruga que el Gobierno «sigue sin entender que la grave situación económica derivada de la pandemia se va a prologar, por lo menos, hasta el final del año 2020», y que para algunos sectores empresariales «se prolongará, inevitablemente, hasta la primera mitad del año 2021. Y esto, en el mejor de los casos».
Se quiere imponer, aseveró, «esta medida a las empresas sin tener en cuenta que la depresión económica en la que se ha introducido España implica una reducción de nuestro PIB de entre un 15 y un 20%». En una situación así, es evidente que España «está en una situación de improductividad y las únicas medidas racionales posibles han de pasar, inexcusablemente, por los incentivos fiscales», Medidas llamadas a estimular la inversión empresarial y de incentivos para la creación de empleo.
Porque, concluyen desde Fedeto, «si se establecen nuevos tributos y la reincorporación forzosa de plantillas, cuando esto todavía no es posible, el resultado será la ruina de España».