¡Hace dos años, los tres centros penitenciarios de Euskadi Zaballa (Álava), Basauri (Vizcaya) y Martutene (Guipúzcoa) amanecieron con un sello distintivo en su fachada: el escudo del Gobierno vasco que los identificaba como infraestructuras de la Administración autonómica. El logo del Ministerio de Interior fue sustituido para visibilizar el acuerdo por el que el Gobierno del PSOE autorizó la transferencia de la gestión de las prisiones. 

En este tiempo ha aumentado la cifra de presos, siguen creciendo los problemas por la escasez de funcionarios, se ha apostado por la cuestionada reinserción y también se ha avivado la polémica por los permisos concedidos a presos de ETA.

El Departamento de Justicia del Gobierno Vasco ha hecho público un informe en el que analiza la situación de estas tres prisiones tras estos 24 meses, constatando en primer lugar que la población penitenciaria es ahora más alta. El pasado mes de septiembre, era de 1.577 personas, cuando hace dos años sumaban en total 1.387.

De ellos, un 14 por ciento se encontraban en condición preventiva, y un 86 por ciento estaban penados. Por prisiones, 869 reclusos cumplen condena en Zaballa (la cárcel más grande y nueva de la Comunidad), 385 en Basauri y 323 en Martutene.

Las mujeres representan un ocho por ciento de la población entre rejas, y el 31 por ciento de los privados de libertad son de origen extranjero, un porcentaje algo superior al 27 por ciento que registran de media los centros de Instituciones Penitenciarias.

Según recoge el documento, el grado de ocupación actual supone un «tensionamiento» evidente en las penitenciarías vascas que, además, provoca la imposibilidad de absorber toda la demanda de traslados voluntarios a Euskadi de internos en centros de otras partes del territorio nacional.

De hecho, de las 656 solicitudes para un trasladado, se denegaron finalmente 384, más de la mitad de las peticiones.

El informe explica que la «falta de dimensionamiento» de la plantilla transferida a las posibilidades de la prisión de Zaballa condiciona mucho la gestión a la hora de acoger a personas que podrían cumplir su pena en Euskadi. De hecho, son los traslados aceptados los que han hecho subir la cifra de presos en esta comunidad, y no un aumento de la delincuencia.

Para resolver el problema, se espera que la capacidad máxima aumente con la puesta en funcionamiento del nuevo centro de internamiento de Guipúzcoa, previsto para la primavera de 2024.

Además, se constatan carencias de las infraestructuras, por su antigüedad o por la inexistencia de centros de integración social, departamentos para régimen cerrado -se creará uno en Álava el año que viene- y unidades de madres.

Régimen de semilibertad

El modelo penitenciario vasco apuesta por el cumplimiento de las condenas de prisión en semilibertad, ya que considera que el régimen abierto favorece la reinserción y la no reincidencia.

Desde el traspaso hasta septiembre de 2023 se realizaron 846 clasificaciones iniciales o progresiones a tercer grado. De ellas, fueron revocadas judicialmente 16 por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria autonómico y también por el de la Audiencia Nacional. Actualmente, el porcentaje de personas en tercer grado sobre el total de la población penada es del 31 por ciento. Además, hay 221 personas en situación de libertad condicional.

En esta línea de favorecer la reinserción, se ha consolidado la red de pisos de acogida para internos en semilibertad o de permiso que no dispongan de un sitio donde residir. Se trata de 80 plazas residenciales y otras 20 para permisos. 

El traspaso conllevó asumir 675 plazas de funcionariado de prisiones, un número insuficiente y que se ha visto agravado por las jubilaciones. Para compensar las vacantes, se recurrió a las coberturas en comisión de servicios o a bolsas de trabajo, de manera que el Ejecutivo espera en los próximos meses cubrir la totalidad de plazas libres.

Además, se llegó a acuerdos con la representación sindical Acaip-UGT, mayoritario en el ámbito penitenciario, sobre la continuidad transitoria de las condiciones laborales, aunque este pacto termina este 31 de diciembre. 

En estos momentos hay en las cárceles vascas 142 presos condenados por terrorismo: 80 en Álava, 39 en Guipúzcoa y 23 en Vizcaya. Tras el fin de la dispersión, todos los presos de ETA están en cárceles de Euskadi o navarras.

Por niveles, la gran mayoría, 118, se encuentran en el segundo grado, mientras que 22 disfrutan del tercer grado -el más leve- y dos sin clasificar. Además, en libertad condicional hay 14 condenados por terrorismo. Los 22 encarcelados de la banda en tercer grado son el 5,1 por ciento del total de beneficiados.