A principios de año el Gobierno de España instó a los diferentes ayuntamientos de localidades de más de 20.000 y 50.000 habitantes a adaptar sus ciudades a una serie de medidas que contribuyeran a reducir las emisiones contaminantes relacionadas con la movilidad e, incluso, a delimitar una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en cada territorio. A raíz de estas directrices, el Ayuntamiento de Toledo se comprometió a elaborar un proyecto para adaptar la normativa a la ciudad. Actualmente, ese proyecto se encuentra en licitación y pese a que entre sus medidas se incluyen la instalación de paneles de prohibición de acceso al Casco Histórico, desde el Consistorio recalcan que este Plan no obliga a crear restricciones de tráfico y, por lo tanto, ellos no lo contemplan.
De hecho, según ha podido saber La Tribuna, el equipo de Gobierno aboga porque la Zona de Bajas Emisiones se delimite en torno a todo el municipio, en vez de hacerlo alrededor del barrio histórico. El equipo de Gobierno cree que no será necesario restringir el tráfico de los vehículos al Casco ni a ningún otro barrio porque Toledo cuenta con buenos datos de calidad del aire, solo que este Plan llega para estar preparados en caso de que esta situación cambie.
Pese a la intención municipal de mantener el tráfico tal y como está, el Plan de Bajas Emisiones o 'Sistema Integral de Movilidad Urbana Sostenible y Eficiente', como se denomina en el pliego del concurso, cuenta con un presupuesto de 3.761.428,68 euros para adaptar la ciudad a una renovación del control del tráfico.
Para ello, el proyecto financiado con fondos europeos 'Next Generation' contempla dar prioridad al transporte público con la mejora del equipamiento de 34 cruces semafóricos de la ciudad; instalando cuatro paneles de mensajes variables nuevos en carretera; renovando los paneles de información de plazas libres en aparcamientos públicos existentes e instalando cinco nuevos; dotando a la ciudad de 20 estaciones para realizar mediciones de vehículos o la calidad del aire; un mayor número de cámaras de videovigilancia, así como los tres paneles de prohibición de acceso al Casco Histórico mediante señalización oculta mencionados anteriormente.
Dicho esto, la intención del equipo de Gobierno es renovar la ciudad y adaptarla a la nueva normativa, lejos de aplicar ninguna restricción al tráfico de manera definitiva. De hecho, para poder hacerlo se necesitaría aplicar una nueva ordenanza o regulación relativa a la movilidad, que tampoco está contemplada. Sin embargo, lo que sí permitiría esta intervención es adaptar la ciudad a futuras medidas restrictivas en el caso de alertas atomosféricas que informen de que la calidad del aire en el entorno sea desfavorable o que se requiera de otra ordenanza para aplicar la Ley del Cambio Climático.
Lo que sí tiene claro el equipo de Gobierno es que estas inversiones en tecnología facilitarán los dispositivos de tráfico, como los vividos en esta pasada Semana Santa, de manera que se puedan sustituir a los agentes policiales que cortan el tráfico con una valla en el entorno de la puerta Bisagra, por una zona señalizada por paneles digitales y videovigilada por un sistema de lectura de matrículas, por ejemplo.
El plazo de ejecución previsto para el proyecto tras la licitación es de seis meses, lo que indica que el sistema de control del tráfico y el medio ambiente de la ciudad podría estar renovado para finales de año.