Castilla-La Mancha muestra una "lentitud preocupante" en la tramitación de los procedimientos judiciales y, aunque no es algo exclusivo de la comunidad autónoma pues ocurre en todas las autonomías, ha pasado de ser "anecdóctico" a algo "generalizado".
Así lo expuso el fiscal superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Emilio Manuel Fernández, que comparece esta mañana en la Comisión de Asuntos Generales de las Cortes para informar a los grupos políticos de la Memoria 2023 de la Fiscalía de la comunidad autónoma.
Previamente, Fernández atendió a los medios de comunicación alertando de que esta lentitud se refleja en una "dilación en los procedimientos judiciales que, en ocasiones, duran años". Por ello, reclamó hacer "todo lo posible" por revertir esta situación, pues "una justicia lenta no es justicia; una resolucion judicial fuera de tiempo no es justa, sea el que sea el sentido que tenga".
Demandó, por tanto, un aumento de medios personales y "mayor control" para que "haya una verdadera productividad" en los órganos judiciales al objeto de evitar, puso de ejemplo, la suspensión de procedimientos. En 2021, en la región, el 48% de los procedimientos judiciales fueron suspendidos, un porcentaje que ha aumentado al 52% en 2022.
Ya en detalles según el tipo de delitos, el fiscal superior de Justicia de Castilla-La Mancha puso en foco en los delitos contra la libertad sexual, especialmente en aquellos cometidos en menores de 16 años. De los 124 procedimientos por delitos graves que hubo en la comunidad autónoma el pasado año "llama poderosamente la atención que el 75% sean de esta naturaleza". "Entendemos que algo está fallado", lamentó Fernández.
Otro de las áreas que más le preocupan es la relacionada con la siniestralidad laboral. Aquí, Castilla-La Mancha ocupa el cuarto puesto en el ránking nacional y "hay que procurar descender en los niveles de siniestralidad laboral". Para ello, la Fiscalía está trabajando con los sindicatos con el fin de encontrar soluciones que reduzcan los accidentes laborales en la región, aunque Fernández expuso que algunas de estas soluciones pasan por dotar de más medios a la Inspección de Trabajo, mayor coordinación entre los afectados, la creación de un Instituto de Prevención y Salud Laboral y "lograr la plena aplicación de la Ley de prevención de riesgos laborales". "No podemos pensar o dar como bueno un sistema en el que prácticamente cada diez días muere un trabajador", dijo.
El cibercrimen es otro de los delitos que está en aumento en España y particularmente en Castilla-La Mancha, añadió el fiscal superior de Justicia. Aproximadamente, el 20% de los delitos que se cometen en el país son cibercrimen, la mayoría estafas. Pero de nuevo, Fernández puso el acento en el incremento de ataques a niños a través de las redes sociales. "Nos preocupa más el ataque a niños, como el acoso, grooming o que, en ocasiones, sean obligados a elaborar material pornográfico, una realidad que está en constante aumento". No obstante, reconoció que es un problema con una difícil solución, pues en muchos casos el delincuente no se encuentra en España, lo que dificulta su identificación y posterior detención.
Respecto al acoso escolar, Fernández se mostró partidario, como ya ha recomendado la Agencia de Protección de Datos y han llevado a cabo dos comunidades autónomas (Galicia y Comunidad de Madrid), en prohibir el uso de teléfonos móviles en los centros escolares en edades tempranas. Además, aconsejó que se pongan en marcha los protocolos escolares contra el acoso aunque no haya previamente una denuncia de la víctima. "No se puede revictimar al acosado, que en la mayoría de los casos es el que finalmente sale del centro y eso no puede ser", apostilló.