La oficina del Defensor del Pueblo, a instancia de una denuncia formulada por una vecina de la avenida de la Cava, ha catalogado como una situación de «irregularidad y de peligro y riesgo, notorios y no ocultos» el aparcamiento de autobuses que una empresa de fabricación, exposición y venta de espadas y damasquino ha habilitado con entrada y salida por esa vía. Así, el adjunto primero del Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Maruján, da la razón a los vecinos de la zona, que llevan meses denunciando la inseguridad que provocan las maniobras de los autobuses en plena avenida, así como los ruidos y gases de los vehículos.
De esta forma, la oficina del Defensor del Pueblo sugiere, como órgano no ejecutivo que es, que el Ayuntamiento de Toledo ponga en conocimiento del titular de la vía -la Junta- los hechos denunciados por los vecinos, así como que tenga en consideración la posibilidad de exigir licencia a la actividad que tiene lugar en ese solar, «por actos de transformación y uso del suelo sujetos a control de legalidad»; y que realice la inspección urbanística correspondiente «sea o no lucrativo el aprovechamiento del suelo».
Y es que, en caso de demostrarse que la empresa de damasquinado y espadería está realizando «una actividad total o parcialmente clandestina, ilegal o peligrosa», el Defensor del Pueblo pide al Consistorio que suspenda cautelarmente, en su caso con precinto de inmuebles y maquinaria, hasta que se resuelva el correspondiente procedimiento de restitución de la legalidad urbanística y ambiental.
De esta forma, tras meses de lucha, los vecinos de la avenida de la Cava que denunciaron la situación del aparcamiento de autobuses reciben un apoyo a sus reclamaciones, toda vez que el Ayuntamiento había zanjado el asunto afirmando que no había ningún tipo de irregularidad urbanística, que el dueño del patio transformado en aparcamiento ya disponía de un protocolo de seguridad y que los ruidos en la zona no superaban los valores establecidos en la Ordenanza Reguladora de la Contaminación Ambiental.
Con todo, la Defensoría considera en su informe que el Ayuntamiento debería exigir una licencia a la empresa, no por la actividad, lucrativa o no, que allí se realice, sino por actividades molestas o peligrosas. «Es el hecho del peligro y la molestia, o su probabilidad, lo que apodera al Ayuntamiento a intervenir, u ocuparse de que otro organismo competente intervenga», sentencia el informe del Defensor en clara referencia a la situación de peligro para el resto de coches en la avenida de la Cava al entrar y salir del solar o al ruido que los autobuses generan.
La carta de la oficina del Defensor del Pueblo fue recibida el pasado jueves por los vecinos y, de momento, no se han puesto en contacto con el Ayuntamiento. El presidente de la Asociación de Vecinos ‘Santa Teresa’, José Antonio Carrión, se ha ofrecido a entregar en mano a algún responsable municipal la carta del Defensor del Pueblo para que se pueda buscar una solución al aparcamiento de autobuses en la avenida de la Cava.