La titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Toledo, la magistrada Lorena África Sánchez, ha absuelto al ya exalcalde de Valmojado, Jesús Agudo, de un delito de prevaricación administrativa, por el que la Fiscalía solicitaba una pena de ocho años de inhabilitación para cargo público. La sentencia firmada el 19 de junio disuelve la acusación contra el representante del Partido Popular menos de un mes después de las elecciones municipales. El proceso judicial, nacido de una querella del seno del PSOE local, conllevó que el encartado se apartara de las listas para aspirar a su cuarta legislatura. Finalmente, ganó de nuevo el PP.

Los juzgados de Mendigorría celebraron el pasado día 14 el juicio contra Agudo. Los hechos probados se remontan al 27 de julio de 2012. El Ayuntamiento de Valmojado albergó un Pleno extraordinario sobre la recuperación de las porciones de terreno a la altura de los números 20 y 13 de la avenida de Madrid.

El Ayuntamiento de Valmojado había iniciado en 2010 (con gobierno del PSOE) un expediente de reintegro por considerar que las porciones fueron expropiadas en 1962 por el Ministerio de Obras Públicas para el trazado de la N-V y revertidas posteriormente al Consistorio cuando se construyó la Autovía de Extremadura. Sin embargo, el exalcalde Emiliano Paulino González y su familia se oponía porque sostenían que esas porciones eran de su titularidad.

La Fiscalía sostenía que Jesús Agudo, influido por el anterior alcalde Emiliano Paulino González (también del PP), nombró a un abogado de confianza para que elaborara, a sabiendas, un informe que permitiera acordar el allanamiento del Ayuntamiento (aceptación de la demanda) en los procesos contencioso-administrativos. Así mantenía la acusación pública que el acusado emitió el voto en beneficio del anterior alcalde y en detrimento de los intereses del Ayuntamiento.

El acusado y otros cinco concejales de la Corporación municipal (María del Pilar Castellanos, David González, María Petra Guerra, María del Pilar Rodríguez y Nicolás Sánchez) votaron a favor del allamiento del Ayuntamiento en los recursos contencioso-administrativos interpuestos por Felipe Fernández y Emiliano Paulino González.

La decisión del alcalde y los concejales fue adoptada, según la sentencia, siguiendo el memorándum elaborado por el abogado Rafael Marcos, contratado por el Ayuntamiento de Valmojado para el asesoramiento externo en este asunto. «No se considera acreditado que el meritado acuerdo del pleno del Ayuntamiento aprobado el 27 de julio de 2012 con el voto a favor del acusado se adoptara por éste a sabiendas de su arbitrariedad y con el propósito de favorecer al exalcalde del Ayuntamiento de Valmojado Emiliano Paulino González», señala la sentencia.

«En conclusión, difícilmente puede atribuirse al acusado Jesús Agudo López el dictado de una resolución arbitraria, con ocasión a votar a favor del allanamiento del Ayuntamiento en los procedimientos contencioso-administrativos citados habida cuenta de que tal decisión vino sustentada en el dictamen jurídico de un abogado contratado para que informase al efecto, e incluso en el informe favorable del Secretario del Ayuntamiento, el cual venía a retractarse de su inicial informe de 17 de mayo de 2010 que motivó el inicio del expediente administrativo de reintegro posesorio, ¿puede calificarse como grosero o patente el incumplimiento de las normas por parte del acusado, al votar a favor de un acuerdo de allanamiento de la corporación municipal en un asunto cuando, como se pone de manifiesto en autos, el Secretario municipal emite dos informes diametralmente opuestos sobre el mismo asunto? La respuesta a tal cuestión es claramente negativa», expone la magistrada Lorena África Sánchez.

«Nos encontramos a criterio de esta juzgadora, ante una discusión de índole netamente civil, sobre la propiedad de las franjas de terreno discutidas, con un obvio trasfondo de confrontación política que ha motivado el uso y abuso de este procedimiento penal, para ventilar discrepancias que escapan de la jurisdicción penal. No existen 'dudas razonables' sobre la injusticia de la resolución adoptada por el acusado (y por el resto de concejales que votaron a favor, frente a quienes inexplicablemente no se mantiene acusación) sino una encolerizada confrontación política por los partidos de gobierno en dicho municipio sobre un asunto que nunca debió trasladarse al ámbito penal», opina la titular del Juzgado de lo Penal número 1.