El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha rechazado la continuidad de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado (FGE) al considerar que ha hecho un uso "espurio" de sus poderes, destacando su política de nombramientos discrecionales y el duro fallo del Tribunal Supremo (TS) sobre Dolores Delgado; que ha impuesto criterios erróneos, como con la ley del solo sí es sí; y su "inactividad" para defender a los fiscales del procés de las acusaciones de lawfare.

Así se expone en un informe de 12 páginas donde el CGPJ justifica que, en el caso de García Ortiz, además de valorar los dos requisitos legales --ser un jurista de reconocido prestigio con más de 15 años de experiencia profesional--, los cuales ratifica que cumple, debe tenerse en cuenta los "criterios de oportunidad". "El hecho de haber desempeñado ya el propuesto el cargo de FGE nos autoriza, en realidad nos obliga, a tomar en consideración su actuación en la fase previa", dice.

El informe detalla que una de las razones para rechazar la candidatura de García Ortiz es su "deficiente gestión de la FGE". En concreto por su política de nombramientos discrecionales, al considerar que "no se ha actuado con la idoneidad necesaria que el ejercicio de tan altas potestades se confieren", conforme "pone de manifiesto la reciente sentencia de la Sala Tercera del TS".

Alude a la decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS de anular el ascenso de Delgado a la máxima categoría como fiscal de sala, concretamente de la Sala de lo Militar del Supremo, al concluir que García Ortiz incurrió en una "desviación de poder" por promocionar a su predecesora por haber ejercido como jefa del Ministerio Público.

El CGPJ reprocha al fiscal general que "no tuvo reparo alguno para designar como fiscal de sala a persona con la que existía, cuando menos, un pacto tácito de do ut des", "a modo de gratitud" y "en correspondencia con un pretendido deber institucional, pese a reconocer que legalmente dicho nombramiento no era el legalmente procedente".

Además, apunta que, si el fiscal general actuó así en el destacado caso de Delgado, "cabe pensar en la utilización de esa desviación de poder en nombramientos de igual o, aún peor, de inferiores categorías, pero que por su cantidad quizás sean de más relevante trascendencia".

"No parece que quien hace una utilización tan espuria de las importantes potestades que se confieren al FGE pueda considerarse idóneo", concluye el órgano de gobierno de los jueces.

"Desidia" a la hora de acatar

El CGPJ se refiere igualmente al nombramiento de Eduardo Esteban Rincón como fiscal de sala coordinador de la Unidad de Menores, que se llevó a cabo a propuesta de Delgado cuando era fiscal general, pero que fue anulado por segunda vez por el Supremo el pasado julio, ya con García Ortiz al frente del Ministerio Público.

En este sentido, le acusa de haber "demorado la ejecución de la sentencia firme" durante "más de cuatro meses". "Y ello sin contar que, en su cómputo global, se ha permitido que durante más de tres años y medio haya venido desempeñando la importante plaza de fiscal de sala quien por dos veces se ha considerado inidóneo", añade el CGPJ.

Respecto a esto, cabe recordar que Esteban Rincón fue cesado el pasado miércoles por orden del Gobierno, ya que formalmente es quien nombra y cesa los altos cargos de la cúpula fiscal, aunque lo haga a propuesta del fiscal general.

En la misma línea, el CGPJ atribuye a García Ortiz "desidia" a la hora de acatar la sentencia del Supremo sobre Delgado. A juicio del Consejo, al anularse su ascenso a fiscal de sala, no puede seguir siendo fiscal de sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos, cargo que ocupa actualmente y en el que se mantiene tras se fallo. "Y, sin embargo, nada consta que se haya realizado por el candidato propuesto", recalca.

El ascenso de los fiscales de la UPF

En lo tocante a la política de nombramientos discrecionales, el CGPJ también sostiene que la actuación de García Ortiz "adolece, cuando menos, de falta de transparencia y coherencia", reprochándole en particular que se haya promocionado mayoritariamente a los miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que pertenecieron tanto él como Delgado, y que ha conseguido 22 de los 33 cargos adjudicados en este año que lleva como FGE.

El Consejo pone de relieve que la UPF "cuenta con 200 asociados de los 2.700 totales de la carrera" fiscal, por lo que "del 7,4% de la carrera se han nombrado el 66,6% de los cargos discrecionales, con el añadido de que 14 de ellos lo han sido promocionando en una categoría superior".

Frente a ello, solo "5 lo han sido de la Asociación de Fiscales, la cual cuenta con 630 asociados (es decir, del 23% de la carrera se han nombrado el 15% de los cargos discrecionales) y 4 de los no asociados, que son el mayor porcentaje de la carrera (970), lo que supone haber designado a solo el 12% a los que representan el 40%".

"Concluir de esas magnitudes que los miembros de una concreta asociación minoritaria tienen ese grado de excelencia y que los que no pertenecen a ninguna asociación merecen un ostracismo para acceder a la cúpula judicial requiere una justificación muy reforzada que nunca se ha realizado", afea el CGPJ.

"Otra de las razones que da el CGPJ para oponerse a García Ortiz es su "absoluta inactividad" frente a las acusaciones de lawfare contra los fiscales del procés y su petición de amparo.

El Consejo denuncia que "en los últimos meses la Fiscalía ha sido sometida al escarnio público más desaforado que pudiera imaginarse y desconocido en toda nuestra historia judicial, ataques mendaces se han vertido sobre miembros de la carrera fiscal que han intervenido en los procesos referidos al, eufemísticamente denominado, conflicto catalán".

"Y no solo por representantes de la pretendida opinión pública sino, sobre todo, por instituciones y cargos públicos, sacando del ámbito jurídico lo que nunca debió salir de ese ámbito: cuando, por todo argumento, la actuación de la Fiscalía, ni fue determinante ni mereció reproche alguno por los juzgados y tribunales que conocieron de los respectivos procesos", apostilla.

Para el CGPJ, "el corolario de esa actuación hostil ha encontrado su máxima expresión en el reproche tan soez como interesado de haber actuado en base a lawfare".

"Ante esa situación y siendo el FGE el único que puede y debe reaccionar a tan indigna campaña de desprestigio", le recrimina que la actuación de García Ortiz ha sido "no ya la más absoluta inactividad, sino que, en sus comparecencias públicas, por sus actitudes, ha evidenciado una sintonía con quienes eran los promotores de tales campañas".

"Hay ejemplos concretos que así lo evidencian, porque las asociaciones de fiscales han instado del FGE que se pronunciara en defensa de la carrera y nada se hizo", sostienen.

La ley del 'solo sí es sí'

Por último, el CGPJ refiere que entre las competencias del fiscal general está imponer criterios de actuación y que el fijado para la conocida como ley del solo sí es sí, "de tan convulsa vigencia como de fuerte polémica social y jurídica", sufrió una "importante corrección por los tribunales y por el mismo Parlamento".

En este punto, recuerda que "el criterio impuesto", "contrario al que se sostenía por la mayoría de las fiscalías, ha sido considerado improcedente por la jurisprudencia de la Sala Segunda del TS", que el pasado junio avaló las rebajas de pena en aplicación de la ley más favorable al reo.

"Incluso, dicha ley orgánica debió ser reformada (...) y no precisamente en el sentido que se ordenaba" en la circular dictada por García Ortiz, completa el Consejo General del poder Judicial.