Las administraciones comenzaron el año con un reto imprescindible para avanzar en la lucha contra la violencia de género. «Seguir mereciendo la confianza de todas esas mujeres, unido al de ganarse la confianza del resto de víctimas. Debemos ser capaces de conseguir que todas ellas sientan que dando ese difícil paso que es denunciar a su pareja o ex pareja, están abriendo la puerta a un futuro mejor para ellas y para sus hijas e hijos...», explica la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángela Carmona, convencida de que cuando las víctimas se acerquen a los juzgados o a las comisarías «deben sentirse seguras».

Carmona también valora el hecho de que las cifras de este primer trimestre del año sean parecidas o más altas en algunos indicadores que las del último de 2022. El número de denuncias ha crecido un 10,9% entre enero y marzo en los juzgados españoles, aunque Toledo se desliga de esta tendencia al presentar 496 denuncias, un 12,2% menos respecto al último trimestre del año pasado. Y si se compara con el primer trimestre de 2022, también se observa que las denuncias se han reducido un 2,3%. 

Si bien, en los tres trimestres analizados se comparte la misma dinámica, dado que ni las víctimas ni sus familias se acercaron directamente a los juzgados a denunciar y los casos llegan a través de atestados policiales, aunque la mayoría a instancias de la víctima como ocurre con este primer trimestre de 2023, en el que hubo 466 atestados con participación de la propia víctima. Una realidad que pone de manifiesto la escasa implicación familiar y la necesidad de incidir en el mensaje de su necesaria implicación.

Según se desprende de la estadística trimestral de este organismo, en la provincia de Toledo se registraron 550 delitos, todos ellos relacionados con lesiones y malos tratos, y los juzgados recibieron 577 asuntos penales ingresados directamente. Los datos judiciales apuntan que la Justicia tiene constancia de 485 mujeres víctimas en enero, febrero y marzo, de las cuales 338 son españolas y el resto extranjeras. No obstante, los datos hay que tomarlos con cierta cautela porque aunque ofrecen una radiografía fidedigna sobre la violencia doméstica, todavía muchas mujeres que sufren malos tratos no se atreven a dar el paso de la denuncia y no entran en las estadísticas.

En relación a las renuncias de las víctimas a declarar, un derecho reconocido al que se pueden acoger durante el proceso, se contabilizaron 59 en los juzgados de la provincia, cinco más que en el último trimestre de 2022, un 0,12% de casos en relación a la cantidad de víctimas de violencia de las que tiene constancia el ámbito judicial. Si bien, estas dispensas siguen siendo motivo constante de preocupación en los juzgados porque en muchos de los casos acaban con el proceso judicial. De momento, los datos no son muy halagüeños, dado que el año pasado hubo un total de 177 renuncias, un 62,3% más que en 2021, cuando este indicador debería ir a mejor en consonancia con la reforma del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada en 2021, ya que ahora las víctimas tienen obligación de declarar si han denunciado y declarado siempre que conozcan y asuman las consecuencias de la denuncia, con lo que la Fiscalía puede contar con un elemento más de prueba y el proceso judicial no tendría que archivarse.

Por último, los jueces de la provincia adoptaron 148 órdenes de protección en favor de la víctima, un dato que apunta un crecimiento del 72,09% respecto al último trimestre de 2022. Si bien, la diferencia se acorta al 51% si se toma como referencia el primer trimestre de 2022. Por contra, entre enero y marzo los magistrados denegaron 28 medidas de protección.

Más cifras. Más de nueve de cada diez sentencias relacionadas con delitos de violencia machista en la provincia durante el primer trimestre del año fueron condenatorias. Un porcentaje muy positivo, a pesar de que haya bajado un 1,8% en relación al cuarto trimestre del año pasado, que confirma un actividad eficaz en los juzgados de la provincia de Toledo.

En este caso, el porcentaje de sentencias condenatorias en Toledo es muy superior a la media nacional, que se sitúa en un 79,56%, es decir, un 15,4% inferior. 

También en la comparativa con el resto de las provincias de Castilla-La Mancha, Toledo encabeza el ranking relativo de sentencias condenatorias. Le siguen Ciudad Real, con un 93,7% de fallos condenatorios; Guadalajara, un 90%; Cuenca, con un 80% y Albacete con un 75% de condenas entre los enjuiciados entre enero y marzo.

Por otra parte, la estadística trimestral del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género alude al tipo de relación existente entre el agresor y la víctima. En el caso de Toledo, en el 38,6% de los asuntos por violencia machista no existía relación actual, pero sí afectiva en el pasado. También en el 23,86% de los casos el agresor es el cónyuge de la víctima. 

Los mejores datos proceden de la jurisdicción de Menores. En Toledo no se registraron asuntos de violencia de género en el primer trimestre del año y tampoco había ninguno pendiente de resolución. Por tanto, la provincia continúa con el mismo comportamiento que ya tuvo en el cuarto trimestre de 2022.