La necesidad de psicólogos en los juzgados toledanos no es nueva, la problemática lleva enquistada bastantes años y es motivo de reclamación constante por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM), pero en esta ocasión la llamada de atención tiene carácter urgente porque la lista de espera para pruebas periciales se ha disparado.

La memoria de actividad del año 2022 subraya en rojo la demora actual, de más de dos años de espera para periciales psicológicas en asuntos penales, con lo que «urge» la ampliación de la plantilla de psicólogos adscrita al Ministerio de Medicina Legal de Toledo. En este caso, la situación se agravó aún más a partir de septiembre, que únicamente se quedó con una profesional para hacer frente a la ingente carga de trabajo con la que se lidia en los juzgados de Toledo.

El TSJ también lleva años reclamando más psicólogos para  Toledo, incluso cuando la plantilla estaba formada por dos personas, pero el Ministerio de Justicia continúa desoyendo la petición a pesar del volumen de expedientes pendientes y de la dilación acumulada que tanto puede perjudicar a las víctimas. Hay que tener en cuenta «que la demora en este tipo de informes periciales puede llevar a un deterioro de la huella de memoria y que, al final, la causa se archive por falta de pruebas»

La presencia de un psicólogo en el ámbito judicial es cada vez más frecuente para la realización de la exploración del menor, de personas con discapacidad intelectual mediante una prueba preconstituida y para otros informes psicológicos vinculados a asuntos penales y de familia. En este caso, el año pasado, la psicóloga del Instituto de Medicina Legal emitió 74 informes psicológicos, mediante la evaluación de un total de 140  personas, a los que se añaden 13 expedientes por medio de una comparecencia forense y la asistencia a ocho juicios. 

Organización. El servicio de psicología forense ha tenido que  organizarse para dar salida a los asuntos penales  -sumarios, causas con preso- y a otros que exigen una urgente actuación, con lo que el resto de asuntos siguen inflando la lista de espera. En este caso, durante 2022 tampoco se han podido atender «suficientemente» los asuntos penales vinculados a la Violencia de Género.

Con todo, el TSJ insiste en que este ingente retraso altera «el buen funcionamiento de los juzgados», obliga a aplazar juicios señalados y, en algunos casos, puede ocasionar «una victimización secundaria a las víctimas». La radiografía de esta deficiencia no es nueva y las peticiones tampoco, pero normalmente se ha ido supliendo o ayudando a través de un convenio de colaboración con el Colegio de Psicólogos de Castilla-La Mancha.

Más servicios. El papel de las Oficinas de Atención a las Víctimas del Delito continúa creciendo a pesar de que se trata de un servicio que pasa más desapercibido que otro relacionados también con el ámbito judicial. En Castilla-La Mancha se implantaron cinco oficinas, una en cada provincia, dependientes del Ministerio de Justicia, y en la actualidad ofrecen cifras llamativas relacionadas con la atención que apuntan la necesidad de incrementar las plantillas, ya que el servicio lo mantienen funcionarios y cuentan con servicio de psicólogos en virtud de un convenio de colaboración entre el Ministerio de Justicia y los colegios de psicólogos.

En el caso concreto de la oficina de Toledo, puesta en marcha en 1999, los datos indican que se llevaron a cabo 733 actuaciones y se atendieron a 445 personas a lo largo del año 2022 facilitando información de sus derechos, remitiendo a los recursos adecuados y actuando como mediadora entre el ámbito judicial y el social. Además, es importante resaltar que en esa cifra se incluyen 308 víctimas relacionadas con la violencia de género.

A pesar del esfuerzo y del buen funcionamiento de la oficina de Toledo, la memoria desvela la necesidad de ampliar la plantilla con un funcionario más del cuerpo de Tramitación Procesal a pesar de que ya cuenta con un funcionario de refuerzo. 

La sobrecarga de trabajo en esta oficina tampoco es desconocida. La memoria anual del TSJ suele incluir esta problemática desde hace años, a la que también se sumó la Fiscalía General del Estado en 2020 llamando la atención sobre sus carencias.