Los médicos forenses constataron cinco homicidios en la provincia en 2021. Uno de ellos sucedió el 16 de junio en La Pueblanueva. Íker, un chaval de 18 años entonces, cortó presuntamente con un vidrio el cuello de la víctima, un hombre de 29 años padre de una niña de dos años. La Fiscalía pide 14 años de prisión contra el joven por asesinato con las atenuantes de confesión y reparación parcial del daño.

La sesión está prevista hoy desde las 10 de la mañana en la sección primera, la más grande de las dos salas del edificio localizado en la plaza del Ayuntamiento de Toledo. A esa hora, un furgón trasladará a Íker de la prisión, donde ingresó el 18 de junio de 2021, a la Audiencia Provincial para someterse a un juicio con jurado popular. La acusación de la Fiscalía apunta que Íker propinó puñetazos a la víctima en la cabeza. A su lado, el hermano del acusado (menor de edad y juzgado por esa vía) cogió un objeto y dio un fuerte golpe en la cara y en el cráneo al difunto; le ocasionó hundimiento del globo ocular, según el escrito de acusación. Inmediantemente, con la víctima inconsciente, Íker cogió un trozo de vidrio y le asestó dos cortes en el cuello, lo que ocasionó una herida de 10 centímetros de longitud y cinco de ancho con una sección completa de la arteria tiroidea superior izquierda.

El acusado, según precisa la Fiscalía, reconoció los hechos el mismo día en una llamada telefónica a la Guardia Civil; posteriormente, reconoció los hechos en un escrito y mostró su arrepentimiento. Ha abonado 30.000 euros en concepto de indemnización.

A esa misma hora, las 10 de la mañana, el alcalde de Recas, Eliseo Ocaña, se sienta también en el banquillo, acusado de un delito de prevaricación y por el que la Fiscalía pide 11 años de inhabilitación. El origen del proceso contra Ocaña y otros cinco representantes municipales se remonta al 17 de diciembre de 2018. Por entonces, gobernaba la 'popular' Laura Fernández, y  Ocaña, junto con tres ya exconcejales de su partido (María del Mar Panes, María Isabel Panes y José López), así como las ediles de UCIN (Mayte Bravo) y Ciudadanos (Pilar Barroso), votaron a favor de una moción para suprimir el sueldo de la regidora y de la segunda teniente de alcalde de entonces, Gabriela Zamorano, así como las retribuciones al resto de concejales del PP.