Finalizadas, por el momento, las movilizaciones masivas de las organizaciones agrarias en demanda de otra política para el campo en el marco comunitario que implica una revisión en profundidad de la PAC, así como el desarrollo de las cuestiones pendientes en la política nacional, el Ministerio de Agricultura hizo una primera propuesta a los responsables de las organizaciones agrarias ASAJA, UPA y COAG. El texto incluye medio centenar de medidas en materia de fiscalidad, flexibilidad y simplificación de la Política Agraria Común, medio ambiente, Ley de la Cadena, sanidad animal, ganadería extensiva, financiación, seguros agrarios, comercio exterior o incorporación de los jóvenes como respuesta a las demandas planteadas los últimos meses por el sector en sus protestas. Esta oferta fue presentada oficialmente a los medios por el ministro de Agricultura, Luis Planas.

Los responsables de las organizaciones agrarias que se hallan inmersos en las negociaciones con la Administración estatal (Lorenzo Ramos de UPA, Miguel Padilla de COAG y Pedro Barato de ASAJA) coinciden globalmente en una valoración positiva de las medidas propuestas por suponer un avance. En cualquier caso, todos están de acuerdo también en señalar la necesidad de profundizar y concretar otros muchos aspectos en lo que se refiere a la aplicación de una PAC más flexible, más simple y menos burocratizada. Existe igualmente coincidencia en la necesidad de perfeccionar mecanismos muy importantes para apoyar la rentabilidad de las explotaciones, desde el Observatorio de la Cadena y la Ley, hasta los referidos al control de las importaciones agroalimentarias desde fuera de la UE para que cumplan las mismas exigencias que se piden a los productores nacionales.

Se echan en falta soluciones al problema del lobo, especialmente en la mitad norte de la península. Y también se esperan respuestas a la cuestión de la doble tarifa eléctrica para que los agricultores de regadío no tengan que pagar una potencia que no utilizan.

Del conjunto de las propuestas planteadas, algunas ya se hallan incluidas en el documento sobre la modificación del Plan Estratégico de la PAC y en otras propuestas anteriores y serán analizadas esta semana por las organizaciones agrarias para su posterior debate con el departamento de Atocha. En unos casos se trata de ofertas muy concretas, pero en otros muchos son simplemente propuestas de intenciones, de apertura de conversaciones, muchas de las cuales deberán negociarse igualmente con las comunidades autónomas o dependen de Bruselas.

En relación con la política medioambiental en el contexto de la PAC, el Ministerio propone una serie de medidas de simplificación y de flexibilidad en la aplicación de las denominadas Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales (BCAM) referidas a tareas de labranza, riesgos de erosión de los suelos    -tanto en rastrojos como en cultivos leñosos-, rotación de diferentes especies, porcentajes mínimos de superficies de elementos no productivos o eliminación de controles y penalizaciones en materia de condicionalidad reforzada a explotaciones con menos de diez hectáreas. Esta política de mayor flexibilidad se aplicará igualmente sobre los ecorregímenes y en los espacios de biodiversidad.

Agricultura también propone eliminar la obligación de que los agricultores tomen fotos geolocalizadas para demostrar cuál es el estado de los cultivos o de otros requisitos establecidos en las ayudas. Aplazada la aplicación obligatoria del cuaderno digital, plantea además apoyos y asesoramiento para facilitar su manejo a los agricultores pensando en su ejecución futura.

Aplazamientos.

En relación con la ganadería se aplaza un año la obligatoriedad de la identificación electrónica de las cabezas de vacuno, se prorroga un año la aplicación del Plan Sanitario Integral y se flexibiliza la ordenación de sector bovino. Para la agricultura se retrasa un año la obligatoriedad de disponer de un plan sobre nutrición de suelos. Tras un debate con las comunidades autónomas se plantea evitar una doble inspección sobre las explotaciones.

De cara al comercio exterior, el Gobierno se compromete a luchar para aplicar en el marco comunitario la denominada cláusula espejo para las importaciones, así como a crear un grupo de trabajo permanente para el seguimiento de las importaciones y de las exportaciones, con un aumento de medios y de controles en fronteras desde terceros países con especial dedicación a los límites máximos de residuos.

Se plantea un reforzamiento de la Ley de la Cadena a través de la Agencia para la Información y el Control Alimentarios (AICA), hoy ya elevada de rango a Estatal, con más inspecciones, más publicidad de la multas y actualización de costes, aspectos claves a la hora de determinar los costes de producción.

En el seguro agrario se apoya un mayor desarrollo, garantizando los fondos para 2024 -284 millones- con el compromiso de analizar fenómenos como la siniestralidad extraordinaria, dando un trato preferente a los agricultores profesionales, a las explotaciones prioritarias y a los jóvenes, con subvenciones de hasta el 45% y el 50%. Agricultura promoverá acuerdos en esta dirección con las comunidades autónomas para aumentar esos niveles de apoyo hasta más del 70% y con modulaciones de ayudas para los profesionales, los jóvenes y las explotaciones prioritarias.

La política de fiscalidad se mantiene sin cambios en los impuestos especiales del gasóleo agrícola, en la reducción del 35% en la factura de carburantes y combustibles y del 15% en los fertilizantes; en el método de Estimación Objetiva del IRPF, en el rendimiento neto para el año 2023 la reducción general pasará del 5% al 15%. Para todas las ayudas ligadas a los ecorregímenes en el actual periodo de vigencia de la PAC se mantiene una reducción de la base imponible de 1.100 euros.

En la política de créditos, Agricultura apoyará al sector con otros 50 millones para garantizar operaciones de entre 100.000 y 200.000 euros, con especial dedicación a los jóvenes mediante negociaciones con los gobiernos regionales. Por lo que se refiere la política de ayudas directas para el sector agrario, el límite de las ayudas de minimis pasaría de 20.000 a 25.000 euros.

Finalmente, en materia de sanidad animal Agricultura se compromete a brindar mayores apoyos en planes como los destinados a combatir la tuberculosis y la enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE); también se apuesta por convocar un foro sobre ganadería extensiva. Junto con las comunidades autónomas, Agricultura se compromete a poner en marcha una conferencia sectorial monográfica sobre el relevo generacional y la incorporación de los jóvenes a la actividad agraria.

En resumen, muchas propuestas concretas en positivo y otros tantos compromisos, como un canto al sol, por definir.